Las falsas promesas de una ley incumplida

El incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad mantiene a todas las familias de personas con discapacidad y organismos que pelean por sus derechos permanencen en estado de alerta. La norma fue sancionada por el Congreso y su aplicación fue ordenada por la Justicia en el marco de un amparo colectivo tramitado ante el Juzgado Federal de Campana. Al momento, sin embargo, no hay ningún tipo de detalle o información sobre cómo el Gobierno piensa adoptar la medida para cumplirla. El Poder Ejecutivo respondió a los requerimientos del fallo del juez Charvay, pero lo hizo de manera imprecisa y dilatoria. No hay información sobre cómo ni cuándo darán cumplimiento a la ley, ni especificidades sobre el monto destinado a compensar todos los meses de atraso y abandono al sector.

Por ejemplo, en relación con las pensiones no contributivas, a las que hace referencia la Ley, el Gobierno se limita a describir su impacto presupuestario y a estimar un universo potencial, pero no indica cómo se implementarán durante el año en curso. Lo mismo ocurre con el Programa Federal Incluir Salud, que brinda atención a estas personas.

En relación a la compensación establecida por la Ley, que busca cubrir la diferencia entre los aumentos otorgados a las prestaciones entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 y el IPC, el Gobierno propone un cálculo del 10,5%, el cual no coincide con la evaluación de los prestadores, sin acompañar normativa alguna que ordene su ejecución ni un cronograma de pago.

Al respecto, Ana Dones, integrante Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), le comentó a Página/12: “El Gobierno hará lo imposible con la demanda judicial, lo tenemos clarísimo. Creemos que no cumplirán el fallo, buscarán las excusas. El Gobierno apela, sigue todo como si nada, y la historia es siempre igual”, y agregó: “Sabemos por otro lado, que a los empleado de Andis les dijeron que ”se queden tranquilos", que nada cambiaba, pero que por todo lo que había pasado se terminaba el organismo, en busca de trasparencia. Es decir, siguen los mismos con otro nombre. Impresentables".

“Nosotros seguimos en la lucha, no nos vamos a cansar”, aclaró Ana. La próxima demostración de ello, será hoy a las 20 la “Asamblea Federal de Discas en Lucha” realizarán un encuentro virtual para que organizciones y familiares de personas con discapacidad de todo el país puedan reunirse para organizar el plan de lucha para el futuro mediato, donde buscarán nuevas líneas acción. Por su parte, el Foro por defensa en la Salud Pública, además, está llevando adelante una reunión para el día martes donde concentrarán las demandas de distintos espacios y comunidades que necesitan respuesta urgente del Estado.

Desde el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), Alex Goldman explicó para Página/12: “Nosotros vemos que el escenario es muy complejo. El juzgado federal de Campana ordenó el cumplimiento inmediato de la ley de emergencia en discapacidad, y los plazos están vencidos. La estrategia que usan es clara: aparentan actividad adminstrativa pero en reliadad lo que hacen es diferir la ejecución de una sentencia que ya es definitiva. En ese sentido estamos muy preocupados. Pensamos que el juzgado está haciendo una tarea impecable, pero vemos como el Ejecutivo nacional está tomando estrategias dilatorias para atrasar la aplicación”.

Hoy en día la pensión equivale al 70 por ciento de una jubilación mínima($349.299,32), según datos relevados por las propias organizaciones a los gatos comunes en la vida de las personas con discapacidad se suman gastos específicos: acompañantes terapéuticos, terapias, traslados y medicaciones que podrían rondar los 800 mil pesos mensuales.