La Justicia intimó al Servicio Penitenciario Federal a adecuar el pago que reciben los privados de la libertad

El juez federal Federico Hernán Villena, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, intimó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a cumplir un fallo judicial que ordena liquidar el peculio --el pago que reciben los presos por realizar trabajos dentro de la cárcel-- a un grupo de detenidos que reclaman, desde 2018, por el derecho otorgado en la Ley de Contrato de Trabajo.

La decisión de Villena intima al director nacional del SPF, Fernando Julián Martínez, a presentar en 20 días hábiles un cronograma detallado de adecuación del peculio según la Ley de Contrato de Trabajo, bajo apercibimiento de pago de multas diarias y de incurrir en desobediencia judicial.

La orden llega en un momento particular para Martínez, nombrado por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich en 2024, ya que mientras se le reclama que cumpla con el pago del peculio para un grupo de detenidos en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, él es investigado por arreglar licitaciones con las empresas que entregan alimentos en el penal.

Un hábeas corpus colectivo
Villena recordó al SPF que la causa “Internos de la Colonia Penal de Ezeiza Unidad 19 s/ hábeas corpus” tiene sentencia de fondo, dictada en mayo de 2019 por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, y quedó firme en diciembre de 2023 y no fue cumplida.

La causa fue iniciada como habeas corpus colectivo en mayo de 2018, cuando Bullrich era ministra de Seguridad de Mauricio Macri, por los internos Miguel Ángel Ledesma Rocha, Francisco Del Re, Gabriel Eduardo Torres, Walter Ramón Lezcano y Hugo Daniel Carrizo, alojados en la Unidad Nº 19 de Ezeiza.

El hábeas corpus denunciaba “una reducción injustificada de las sumas de dinero percibidas en carácter de peculio a partir de la disminución de las horas de trabajo por parte de las autoridades de la unidad y la falta de pago de las licencias justificadas”.

En diciembre de 2023, cuando Bullrich volvió a asumir como ministro de Seguridad, del gobierno de Javier Milei, mantuvo la decisión y continuó ordenando al equipo legal del SPF que apele la medida, pero encontró repetidas respuestas negativas del Poder Judicial, que reconoció el derecho a peculio de los detenidos.

Ahora, Villena volvió a rechazar los planteos del SPF basados en resoluciones administrativas del Ministerio de Seguridad y en instructivos internos, al considerar que no sustituyen ni neutralizan una sentencia firme ni establecen un cronograma de adecuación del pago del peculio conforme a la normativa laboral.

El juez federal ordenó además al titular del SPF que notifique personalmente su decisión y realice un control estricto de la ejecución hasta el cese efectivo de la vulneración de derechos.

Mientras se apelaba ante el Poder Judicial para incumplir el hábeas corpus, la exministra junto a Fernández presentaron en octubre de 2024 el programa “Manos a la obra” y denunciaron que en las cárceles “solo estaba ocupada el 34 por ciento de la capacidad laboral, cuando se puede alcanzar más del 60 por ciento.”

“El que quiera trabajar va a tener trabajo, y el que no quiera va a tener que trabajar igual, porque si no, no va a cobrar”, sostuvo entonces Bullrich y prometió presentar un proyecto para modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que ordena el pago de salarios para los internos.