Rechazo de juristas a la reforma penal

Profesores y magistrados de todo el país se pronunciaron para rechazar la pretensión del gobierno de Javier Milei de imponer una reforma del Código Penal inconsulta y de muy baja elaboración jurídica. Jueces, fiscales y defensores de distintas instancias y jurisdicciones cuestionaron la iniciativa tendiente a tratar una reforma penal a las apuradas durante las sesiones extraordinarias del Congreso y advirtieron que las declaraciones de los funcionarios sobre el tema “avalan una codificación ideologizada y desprovista de diálogo”. Además, le solicitaron al Congreso que posponga el tratamiento para las sesiones ordinarias y garantice la participación de universidades, especialistas y ONGs.

Bajo el título “Democratizar la reforma penal”, la Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derecho Penal expresó su repudio “ante el tratamiento express de la reforma penal durante las sesiones legislativas extraordinarias”. “Consideramos que la indiscutible y necesaria actualización del Código Penal argentino no puede resolverse a libro cerrado, sino que exige consensos entre las distintas fuerzas políticas, y un debate amplio, informado y participativo, que incluya a la sociedad civil”, destacó la institución en un comunicado que firman Daniel Erbetta (profesor de la Universidad Nacional de Rosario y juez de la Corte Suprema de Santa Fe), Javier De Luca (profesor de la UBA y fiscal general) y Raúl Zaffaroni (profesor emérito de la UBA y ex juez de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), entre muchos otros.

 
“Las declaraciones del gobierno, lejos de garantizar un proceso democrático de la reforma penal, avalan una codificación ideologizada y desprovista del diálogo y de los aportes técnicos indispensables para otorgar legitimidad a una reforma del Código Penal”, destacan.

“Para una discusión seria, consideramos imprescindible partir de bases sólidas. En tal sentido, tomamos como referencias los lineamientos del proyecto de 2006-2007 y el anteproyecto de 2012- 2014, ambos resultados de procesos participativos y plurales, que constituyen precedentes de alta solidez e indispensables para cualquier reforma integral. También el digesto jurídico argentino, elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que compiló todas las normas penales vigentes (ley 26.939)”, recuerda el documento, que también suscriben Omar Palermo (juez de la Corte Suprema de Mendoza y profesor de la UNCuyo), Alejandro Slokar (titula en UBA-UNLP y juez de la Cámara Federal de Casación), Matilde Bruera (UNR), Carlos Caramuti (profesor UNT), Marcelo Riquert (profesor UNMDP) y Ricardo Álvarez (profesor UNL).

El amplio y heterogéneo abanico de penalistas firmantes reivindica “la tradición codificadora argentina, históricamente caracterizada por el respeto a las garantías constitucionales, una tradición que se remonta a Tejedor, Rivarola, Moreno (h.), Julio Herrera, y que continuó con nuestra primera generación dogmática —Soler, Núñez y Fontán Balestra—”. “Ese legado constituye un límite que no puede ser desoído en procesos legislativos: el derecho penal debe ser, en cierta medida, un apéndice de la Constitución Nacional”, enfatizan.

En consecuencia, la Asociación que encabeza Daniel Domínguez Henaín y cientos de profesores que adhieren al comunicado le piden al Congreso que “posponga el tratamiento de la reforma penal para las sesiones ordinarias”, y que “garantice la participación de universidades, institutos especializados en la materia, colegios de abogados, asociaciones de magistrados, ONGs, entre otras, con el propósito de presentar aportes críticos, avales o propuestas alternativas sobre el proyecto de Código Penal impulsado por el actual gobierno”.

La lista de adhesiones, disponible en el portal de la Asociación, incluye al fiscal federal Alejandro Alagia (profesor UBA), la ex ministra Elizabeth Gómez Alcorta (UBA, y a la exfiscal y extitular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño (UBA).