Indagarán a 17 represores de Mendoza por crímenes contra niños, niñas y adolescentes

En un contexto de ataque frontal a las banderas de memoria, verdad y justicia y de ralentización del proceso de juzgamiento a los responsables del genocidio de la última dictadura, la Justicia Federal de Mendoza admitió la habilitación de una investigación penal y, por lo tanto, indagarán a 17 represores de Ejército, la Fuerza Aérea y de la Policía provincial por cometer crímenes de lesa humanidad contra casi seis decenas de bebés, niñez y adolescentes durante el terrorismo de Estado. Desde la Oficina Fiscal de Derechos Humanos de Mendoza, área impulsora de la causa, consideran “histórico” al hecho, dado el contexto actual de ataque sistemático a las políticas de memoria, verdad y justicia.

“El avance de este proceso demuestra que la investigación y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en nuestro país sigue vigente, en cumplimiento de los compromisos internacionales que pesan sobre nuestro Estado en esta materia”, apuntó Daniel Rodríguez Infante, auxiliar fiscal de Mendoza y parte de la Oficina a cargo del impulso del flamante expediente.

 
El juez federal Leopoldo Rago Gallo admitió iniciar una causa judicial e indagar a 17 represores de Ejército, la Fuerza Aérea y de la Policía provincial —entre ellos agentes del exD2— por hechos cometidos contra casi 60 bebés, niñez y adolescentes durante el terrorismo de Estado, luego de analizar el requerimiento de imputación que en ese sentido habían presentado en mayo pasado el fiscal Dante Vega, junto con les auxiliares fiscales Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar. Se trata de la primera causa que analiza la represión sobre la infancia como una dimensión propia del terrorismo de Estado.

La decisión surge tras la acumulación de testimonios, documentos y peritajes que permiten reconstruir cómo la violencia estatal afectó de manera directa a hijos e hijas de personas perseguidas, secuestradas y torturadas en centros clandestinos, y muchas de ellas desaparecidas durante la última dictadura. Hasta ahora, los tribunales habían incorporado estos hechos como parte del contexto de otros delitos, salvo en los casos de apropiación de bebés. Pero el Ministerio Público Fiscal planteó que existió un patrón sostenido y sistemático de agresiones contra menores, que requiere una investigación específica.

La causa que surgió de la presentación fiscal busca establecer las responsabilidades de 17 de los 24 represores señalados –los otros siete quedaron fuera por fallecimiento, incapacidad sobreviniente o haber sido absueltos por la Justicia federal en juicios anteriores–. Los fiscales Vega, Rodríguez Infante y Quintar requirieron imputarlos por los delitos de privación abusiva de la libertad, imposición de tormentos agravados, abandono de persona, coacción y las tres figuras vinculadas con los casos de sustitución de identidad: sustracción, retención u ocultamiento de menores; alteración del estado civil; y falsedad ideológica

“Desde el Ministerio Público Fiscal entendemos que los múltiples delitos perpetrados contra niños, niñas y adolescentes en el contexto del accionar represivo estatal debían ser adecuadamente significados y en ese sentido trabajamos en reconstruir, al menos en parte, dicho fenómeno criminal, sin desconocer que, aun así, esta presentación no deja de ser un recorte parcial de un universo de padecimientos que excede en mucho a aquellas conductas que pueden ser estrictamente abarcadas por el derecho penal”, amplió.

La represión que alcanzó a los más chicos

El requerimiento enumera diversas modalidades en las que los grupos de tareas actuaron sobre infancias y adolescencias. Una de ellas fue la detención de menores durante operativos. Varios de los hechos describen a niños que presenciaron irrupciones armadas, fueron apuntados con armas largas o quedaron encerrados por horas mientras sus padres eran secuestrados. En algunos casos, los menores fueron trasladados junto con adultos detenidos en vehículos oficiales, retenidos en oficinas policiales o alojados en dependencias del Estado sin registro formal.

Otra modalidad fue el abandono forzado: bebés y niños muy pequeños dejados solos tras las detenciones. En un caso, un lactante quedó en el piso de una vivienda allanada, sin cuidado alguno, hasta que un vecino oyó su llanto y pidió auxilio. En otro, dos hermanos de corta edad permanecieron días sin adultos en su casa después de que fuerzas conjuntas se llevaran a sus progenitores.

También aparecen episodios en los que se utilizó a los menores para presionar a familiares perseguidos. Un bebé quedó bajo control de un comisario durante casi un mes, sin información oficial, mientras se forzaba a su padre a entregarse. En esa situación, el menor sufrió desnutrición y afecciones respiratorias. En otra causa, un niño fue obligado a presenciar golpes y amenazas dirigidas a un adulto de su familia, como parte de un interrogatorio extorsivo.

La alteración de identidad es otro punto central: el expediente incorpora situaciones en las que niños fueron ocultados, entregados a terceros o trasladados sin documentación, lo que generó durante años la imposibilidad de reconstruir su historia. Aunque no se trata de apropiaciones sistemáticas como las investigadas en otras jurisdicciones, la Fiscalía señala que estas prácticas formaron parte del mismo entramado represivo que buscó desarticular vínculos familiares.

El rol de las fuerzas y la estructura represiva

Los hechos ocurrieron en un territorio donde operaba el D2, señalado como el centro clandestino más importante de la provincia, y donde interactuaban el Ejército —a través del Destacamento de Inteligencia 144— y la Fuerza Aérea, con jurisdicción sobre secuestros y operativos. La imputación sostiene que las tres estructuras actuaron de manera coordinada y que los delitos contra infancias no fueron un “exceso”, sino parte de una estrategia que buscaba controlar a toda la red familiar de las personas perseguidas.

Los imputados incluyen exoficiales, suboficiales, agentes y jefes policiales, cuya participación está siendo analizada caso por caso. La Justicia comenzó las indagatorias con la premisa de que estos hechos, por su carácter de lesa humanidad, son imprescriptibles.