Si bien en la Ley Bases se alentó a los sindicatos y a las cámaras empresarias a adoptar el Fondo de Cese como mecanismo de pago indemnizatorio, tal como recuerda el informe del CETyD, este modelo no fue acordado por ningún sector. En cambio, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) de la nueva reforma propuesta es obligatorio a través del pago de un 3% de la masa salarial.
El Fondo de Cese era cuestionado porque suponía un aumento de costos laborales no salariales para las empresas que lo adoptaran. Con el modelo propuesto en el FAL se compensa directamente ese aumento de costos del 3% con una reducción del 3% en las contribuciones patronales al SIPA (sistrma integrado previsional argentino).
De esta manera, señala el trabajo de CETyD, las contribuciones de las empresas de servicios y comercio que no son PyMEs se reducen de 20,40% a 17,40% y las del resto de las empresas, de 18,00% a 15% de las contribuciones para el resto de las empresas.
A eso se le suma una reducción de las contribuciones a las obras sociales (como detallamos en el apartado siguiente). Esto significa que el Estado deja de percibir un 3% de las contribuciones con destino a la seguridad social, lo que equivale a decir que el Estado afronta con sus propios recursos los costos de los despidos.
En particular, este punto conlleva una reducción del 16% de la recaudación en concepto de contribuciones patronales, totalizando un costo fiscal de 2.500 millones de dólares.
Se estima que esta rebaja alcanzaría para cubrir el haber mínimo más el bono de alrededor de 500 mil personas jubiladas durante un año a valores de 2025.
Si bien todas las empresas verán aumentados y compensados en un 3% los costos laborales no salariales, las empresas y sectores que tienen menor nivel de rotación (que son las que no despiden frecuentemente) recurrirán en menor medida al FAL respecto de aquellas que tienen mayor nivel de rotación (porque sí despiden con más asiduidad) aunque contribuyan en igual medida.
“Conduce a que el Estado financie el costo de los despidos. La reforma reduce las contribuciones patronales y, por el monto de ese descuento, se constituyen fondos para que las empresas financien las indemnizaciones de los trabajadores despedidos. Es decir, el Estado deja de recaudar recursos y se los cede a las empresas para que solventen las desvinculaciones de trabajadores.
De esta manera, el Estado dejará de percibir recursos por un valor aproximado de 2.500 millones de dólares anuales, monto equivalente a 500 mil jubilaciones mínimas (incluyendo el bono).
