Patricia Bullrich no se puede despegar de su pasado

El Gobierno de Javier Milei fogonea la persecución penal de militantes de los años ‘70 para ponerlos en pie de igualdad con los militares que llevaron a la práctica un plan de exterminio, como quedó acreditado en más de 350 sentencias judiciales. Uno de los expedientes que despertó el interés de los operadores del oficialismo es el que se centra en la bomba que explotó el 2 de julio de 1976 en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF). Sin embargo, el tiro terminó saliendo por la culata en la audiencia que se celebró el jueves en la Cámara Federal de Casación Penal, cuando la abogada Myriam Bregman recordó que Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual espada del Presidente en el Senado, es una de las personas que aparecen señaladas en el expediente.

 
La tensión subió pasadas las 10.15 de la mañana del jueves, cuando se escuchó el nombre de Bullrich en la audiencia que se estaba llevando a cabo para decidir si debe abrirse una investigación sobre ese hecho atribuido a la organización Montoneros.

–Los nombres que eligieron son nombres al azar porque la mayor parte de quienes ellos consideraron responsables de este hecho fueron secuestrados, detenidos y desaparecidos. Tuvieron que elegir nombres rimbombantes porque, si no, la causa no tendría sentido, no saldría en los medios. ¿Esa selección sabe qué problema tiene? Tiene el problema del paso del tiempo. Y tiene nombres (de personas) que al principio acusaban y ahora no se pueden nombrar. ¿El nombre saben cuál es? Patricia Bullrich– dijo Bregman, que interviene en la causa junto con Liliana Mazea.

–Último minuto– la cortó el presidente de la Sala I de Casación, Diego Barroetaveña.

Pero ya era tarde: había un rumor en la sala. En el público se escuchó: “Traigan a Patricia”.

La historia de este expediente se inicia a las 10.35 del 21 de agosto de 2003. Ese día se presentó Hugo Raúl Biazzo para radicar una denuncia por “estrago” por el artefacto explosivo que detonó en la SSF, donde tenía su sede la inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) –la fuerza con más entrenamiento para la represión política– y funcionaba un centro clandestino de detención.

Biazzo era entonces agente de la PFA y estaba de guardia, apostado en la puerta de Moreno 1417, según su denuncia. Sufrió heridas y tuvo que ser llevado al Hospital Churruca. Presentó la denuncia con el patrocinio de Norberto Ángel Giletta, que había sido uno de los jueces de la dictadura.

El día de la presentación de la denuncia no es un dato más. El 21 de agosto de 2003, el Senado votó la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que impedían el juzgamiento de los criminales de la última dictadura. La impulsora de esa norma había sido Patricia Walsh, que terminó siendo una de las denunciadas en el expediente.

Biazzo no tuvo demasiado éxito durante el primer año. Los esfuerzos de la fiscalía estuvieron centrados en saber si se había investigado el atentado o no. Fue así que, el 21 de octubre de 2004, el denunciante volvió a presentarse para aportar datos. Allí apareció el nombre de Bullrich. Tampoco era una fecha más: para entonces, Néstor Kirchner avanzaba con la renovación de la Corte Suprema, que acababa de declarar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

En su informe, Biazzo vinculaba a militantes con el ataque a la SSF y mencionaba a Bullrich dentro de un apartado titulado “otros integrantes de la agrupación terrorista”. Allí daba su nombre supuesto, decía que era cuñada de Rodolfo Galimberti y que había estado exiliada.

La denuncia de Biazzo no tuvo demasiado éxito. El 28 de diciembre de 2006, la jueza María Servini, en línea con lo dictaminado por el fiscal Jorge Álvarez Berlanda, afirmó que la bomba en la SSF no constituía un crimen de lesa humanidad y sobreseyó a los imputados –entre quienes no se encontraba Bullrich–. La decisión de Servini fue convalidada al año siguiente por la Sala I de la Cámara Federal porteña.

El tema escaló a la Cámara de Casación –que, para entonces, era un reducto en el que habitaban varios dinosaurios–. El expediente hibernó más de tres años.

El 30 de septiembre de 2009 hizo su entrada en escena Victoria Villarruel como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) para presentarse como amicus curiae (amiga del tribunal) y pedir que el caso se investigara. ¿Quién ejercía el patrocinio letrado de Villarruel? Carlos Manfroni, que, por las vueltas de la vida, terminó siendo el jefe de gabinete de Bullrich en el Ministerio de Seguridad.

A pesar de los esfuerzos de Villarruel y compañía, la Cámara de Casación rechazó la pretensión de abrir una investigación en marzo de 2011. La decisión quedó firme al año siguiente, cuando la Corte denegó los recursos.

A los pocos meses, Biazzo y otros volvieron a la carga. En septiembre de 2013, Servini reiteró que la causa estaba prescripta. En julio del año siguiente, la Cámara Federal convalidó su resolución.

Recién en 2021, cuando Milei y Villarruel ganaron una banca en la Cámara de Diputados, volvió a impulsarse la denuncia. Esta vez fue Justicia y Concordia, la asociación que reúne a abogados de acusados por crímenes de lesa humanidad, la que promovió la apertura. El represor Eduardo Kalinec, condenado a prisión perpetua por delitos cometidos en el circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO), se presentó como querellante.

Servini repitió por tercera vez que no tenía nada para investigar. Sin embargo, esta vez la Cámara Federal –con los votos de Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia– revocó su decisión por falta de fundamentos. Fue ese mismo tribunal el que, el 19 de diciembre pasado, ordenó investigar el hecho por considerarlo una “grave violación a los derechos humanos”.

Tras la audiencia del jueves pasado, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Barroetaveña, Alejandro Slokar y Carlos Mahiques, deberá decidir si avala esa postura. Slokar ya dijo que la muerte del coronel Argentino Larrabure no era un crimen de lesa humanidad y que, por lo tanto, no podían ser perseguidos penalmente los integrantes del PRT-ERP a quienes señalaba la familia. A pesar del viento a favor, en julio pasado la Corte rechazó, en ese caso, subirse a la ola de la memoria completa y sostuvo que era “inoficioso” pronunciarse. El hijo del coronel, Arturo Larrabure, es dirigente del Celtyv y Luis Petri lo llevó como asesor de derechos humanos al Ministerio de Defensa.

Lo que se discute en la Casación es un tema sensible: una causa armada en base a nombres rimbombantes que buscaba un empate en la persecución penal de militares y militantes para forzar una amnistía general.

“Mientras los genocidas se presentan como víctimas con el aval de la Cámara Federal, entre los acusados hay personas desaparecidas y familiares de víctimas del terrorismo de Estado”, denunciaron en una solicitada distintos organismos y referentes de derechos humanos, entre los que se cuentan Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo–Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), H.I.J.O.S, el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y las exlegisladoras Victoria Montenegro y Alejandrina Barry, entre otros.