Una larga jornada de protesta contra la reforma laboral

En repudio al proyecto de reforma laboral presentado por el gobierno, ayer hubo un paro y movilización al Congreso de los empleados del Estado. Además, los movimientos sociales realizaron una jornada de lucha con cortes simultáneos en todo el país. Las organizaciones que salieron a la calle calificaron al proyecto libertario como “regresivo” y “promercado”, y advirtieron que quitará derechos pero no generará más empleo.

En respuesta a estas expresiones, la Casa Rosada anunció que descontará el día a los estatales que se adhirieron al paro organizado por la Asociación de Trabajadores del Estado y desplegó operativos de seguridad en los lugares donde se realizaron protestas. Sólo alrededor de la Ciudad de Buenos Aires hubo ocho concentraciones piqueteras.

Durante la jornada debutó como ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, que mantuvo los operativos antipiquetes de su antecesora, Patricia Bullrich, saturando las calles con uniformados.

 
Críticas a la reforma laboral

“La única finalidad que tiene la reforma es disciplinar a la fuerza de trabajo. Es falso que con este proyecto el gobierno quiera mejorar la productividad, la competitividad o hacer crecer la economía. Eso no va a ocurrir quitando derechos”, aseguró sobre la iniciativa libertaria el secretario general del gremio Rodolfo Aguiar.

Los referentes de los movimientos sociales hablaron en términos similares. Para Esteban Castro, la reforma laboral “va a traer mayor informalidad”.

“Hoy tenemos el 50 por ciento, quizás el 60 por ciento de los trabajadores sin derechos, en la llamada informalidad, pero ellos quieren que lleguemos al 80 por ciento de los laburantes sin vacaciones, sin aguinaldo, sin obra social. No lo podemos permitir. Algunos dicen que a quienes están sin derechos, ya están afuera del sistema laboral, no les interesa la reforma laboral, pero la reforma laboral nos pega a todos”, dijo el referente social.

Otros reclamos

Las organizaciones llegaron a esta jornada de protesta también con otros reclamos, derivados de los problemas que atraviesa cada sector por los ajustes de Milei. En el caso de los estatales, hay mucha preocupación porque el gobierno dejó trascender que prepara otra ola de despidos en el Estado, mediante la no renovación de contratos que vencen a fin de año. El recorte podría alcanzar al 10 por ciento de los trabajadores del estado nacional. Por otra parte, el gremio reclamó la apertura de negociaciones paritarias para recomponer los salarios.

Los movimientos sociales, a su vez, reclamaron por el Salario Social Complementario, congelado desde diciembre de 2023 en 78.000 pesos, justo tras la devaluación más grande en la historia reciente. Que su monto cayera tanto fue posible porque el gobierno lo desenganchó del Salario Mínimo Vital y Móvil, es decir eliminó el artículo de la ley que obligaba a que el Salario Social Complementario fuera la mitad del Salario Mínimo.

Otro punto crítico es la decisión oficial de hacer lo mismo con la Asignación Universal por Hijo: en el Presupuesto 2026, el gobierno propuso desacoplar la actualización automática de la AUH de la fórmula de movilidad jubilatoria, que depende de la inflación. Para las organizaciones, esto implica un recorte directo sobre las familias con menores ingresos.

La situación se agrava con la paralización de la obra pública en más de cinco mil barrios populares, que frenó las urbanizaciones y dejó sin empleo a miles de trabajadores. A esto se suma la apertura irrestricta de importaciones, que golpea a las cooperativas textiles, a cartoneros y cartoneras —afectados por la importación de cartón— y a la agricultura familiar, desplazada por el ingreso de alimentos importados.