El Gobierno apurado por quitar derechos laborales

El Gobierno presentó el informe final del Consejo de Mayo y pisa el acelerador para cerrar el año con dos pergaminos: el primer presupuesto de la gestión libertaria y la flexibilización laboral, ambas iniciativas exigidas por Washington. Patricia Bullrich busca posicionarse como la única interlocutora del debate y presiona para que Villarruel —recién regresada de España— habilite el armado de las comisiones y gire el proyecto. El calendario de la exministra de Trabajo durante el fallido gobierno de la Alianza es ambicioso: dictaminar a fines de esta semana y llevar la reforma al recinto el próximo 19 de diciembre. El apuro desconcierta incluso a los más dialoguistas, que no comparten la necesidad de un “debate exprés”. El peronismo afina sus propuestas para meterse de lleno en la discusión que tiene en el centro la recomposición salarial y la reducción de la jornada laboral, a contramano del proyecto oficialista. “Buscan consolidar un modelo de precarización donde los trabajadores seguirán retrocediendo: menos derechos, más horas de trabajo, salarios más bajos”, adviertieron desde ese espacio. La CGT faltó a la presentación del informe final en la Rosada y convocó de urgencia al Consejo Directivo para definir los pasos a seguir.

 
Son horas frenéticas. Los diputados y senadores electos en octubre asumirán este miércoles sus bancas, pero la guerra por el reparto de comisiones ya comenzó. La Casa Rosada instruyó a Martín Menem y a Patricia Bullrich para avanzar con la media sanción del presupuesto y de la reforma laboral antes de la Navidad: el regalo de Milei que recorta derechos a los trabajadores con la expectativa de que los empleadores contraten más. Con las fiestas de fin de año en el medio, el oficialismo tiene apenas diez días para cumplir con la meta y chocará con un recinto que no comprende la urgencia del Gobierno aún cuando comparte la necesidad de modernizar la legislación laboral.

De las dos iniciativas, la Ley de Leyes tiene el camino algo más allanado y el riojano se encamina a aprobarla en la Cámara Baja entre el 17 y el 18 de diciembre. En el caso de la reforma laboral, Bullrich aspira a que mañana mismo estén conformadas las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto. Por reglamento, la cámara alta debe dejar pasar una semana entre el dictamen y la votación por eso los tiempos se acortan. No se descarta que la propia ministra —que esta tarde encabezó una reunión de bloque en el despacho de la puntana Ivana Arrascaeta— se quede con la presidencia de la comisión para darle ritmo al tratamiento. A todo o nada, Bullrich buscará sacar dictamen esta semana para llevar la reforma al recinto el próximo 19 de diciembre, una fecha sensible en el calendario nacional que también la tuvo como protagonista a fines de 2001.

Al cierre de esta edición el proyecto seguía sin presentarse de manera oficial. En un despacho oficialista explicaron que recién “el jueves entrará formalmente la reforma laboral. Porque la tiene que firmar Milei que está de viaje”. Así todo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, asistió al Congreso y le dio una clase magistral a la tropa libertaria para evitar paso en falso durante el debate. Oficialistas  y aliados reconocen que será difiicil cerrar el año con la reforma aprobada. Aún si los libertarios consiguieran la media sanción en el Senado, la discusión en Diputados pasaría para la prorroga de extraordinarias que podría ser a mediados de enero o directamente en febrero.

Rechazos 

La tarde del martes encontró a los referentes de Unión por la Patria en ambas cámaras en pleno movimiento. Hubo contactos con el sindicalismo y este miércoles el bloque de Diputados volverá a reunirse. “Es un claro retroceso en el mundo del trabajo”, señaló la secretaria del Partido Justicialista, Teresa García, que este miércoles asumirá como diputada nacional.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof también se refirió a la reforma en declaraciones televisivas: “Pura naftalina cómo huele esto. Vinieron a modernizar y adecuar a las nuevas tecnologías y la verdad es que es la reforma de los 90, más o menos igual”. Y agregó: “Que hay que adecuar la normativa laboral a las nuevas tecnologías, quién lo va a dudar. Ahora, desfinanciar el sistema de seguridad social y consagrar un régimen de desprotección es otra cosa”.

El bloque cerró filas y retomó los lineamientos del último documento del PJ, que advierte que “la reforma laboral que impulsa el Gobierno no nace en Argentina, nace en Washington: es parte del pliego de condiciones del FMI. Buscan consolidar un modelo de precarización donde los trabajadores seguirán retrocediendo: menos derechos, más horas de trabajo, salarios más bajos”. Desde ese espacio remarcan que “los peronistas no nos oponemos a una reforma, nos oponemos a la precarización laboral disfrazada de reforma”.

En ese marco, difundieron cuáles deberían ser —a su criterio— las verdaderas prioridades para los trabajadores:

La recuperación del salario. Sin ingresos dignos no hay consumo, y sin consumo las empresas quiebran. La recomposición salarial es el motor de la reconstrucción. También hablan de la Reducción de la jornada laboral y soberanía del tiempo para que el trabajador recupere libertad y pueda administrar mejor su tiempo, conciliando trabajo, vida familiar y vida personal. Y, por último, plantean reformas que amplíen derechos y actualicen regímenes laborales. Integrar nuevas tecnologías con protección real, garantizar la desconexión digital, ampliar licencias, cubrir a monotributistas, prevenir accidentes y trastornos de salud mental, y efectivizar la participación en las ganancias.

¿Quién gana y quién pierde?

Milei accedió al poder con un apoyo significativo de trabajadores informales que no se vieron reflejados en las narrativas clásicas pensadas para el empleo registrado. Pero la reforma laboral profundiza la desprotección. El proyecto incorpora un capítulo destinado a los trabajadores de plataformas que, lejos de reconocerlos como parte del mundo laboral con derechos, los deja atrapados en el mismo vacío normativo: considerados cuentapropistas o “repartidores independientes”, sin convenio, sin límite de jornada, sin indemnización y al margen de la Ley de Contrato de Trabajo.

Para el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano, la reforma implica un retroceso estructural en la protección del trabajo. Advierte, en diálogo, que el proyecto “intenta invertir la presunción de laboralidad”, lo que impediría que quienes hoy trabajan como empleados pero figuran como monotributistas o bajo contratos de locación puedan reclamar sus derechos. “Es la legalización del fraude laboral”, resume. A esto se suma el impacto inmediato que tendrían dos medidas centrales: la reducción de las contribuciones a las obras sociales y el uso de los recursos previsionales para financiar despidos, lo que —según Ottaviano— pondría en riesgo la salud de los trabajadores y la sostenibilidad del sistema jubilatorio.

En una etapa de contracción del empleo, advierte, que si el Estado pasa a financiar las indemnizaciones “podría aumentar la rotación laboral y llevar los despidos al máximo histórico”. El esquema se completa con el banco de horas, que lejos de otorgar mayor flexibilidad al trabajador, habilita al empleador a modificar unilateralmente los horarios; y con el régimen de vacaciones, que restringe la posibilidad de tomarlas en verano. “No es modernización —plantea—, es desprotección”.