Los barrios populares le pagan la deuda al FMI: Recursos para infraestructura básica tienen otro destino

La integración sociourbana de los barrios populares —donde vive una parte sustantiva de la población argentina— continúa siendo un déficit estructural del Estado. Aunque el gobierno de Javier Milei insiste en que “no hay plata” para financiar obras básicas de infraestructura, urbanización y acceso a servicios esenciales, la realidad muestra otra cosa: los recursos existen, pero se orientan hacia prioridades ajenas a las necesidades territoriales. Por ejemplo, desde los pagos al FMI hasta beneficios fiscales como Bienes Personales o los regímenes promocionales de Tierra del Fuego. Ese desvío deliberado explica por qué la deuda con los barrios se profundiza.

Un trabajo conjunto entre el centro de investigaciones Fundar y la ONG Techo le puso número a esa inversión que reclaman los barrios populares para tener el mismo acceso a servicios básicos e infraestructura que la ciudad: se trata de 2.250 millones de dólares por año, en un plazo estimado de 12 años que requeriría un plan nacional de intervención. En suma son unos 27.000 millones de dólares.

Lo curioso es el análisis comparativo con otras políticas públicas que insumen un monto inclusive mayor al que demandan estas obras. Advierte Fundar: el costo fiscal de la reducción progresiva de alícuotas y otras modificaciones en el impuesto a los Bienes Personales involucró una suma de 3.200 millones de dólares en este 2025. A su vez, los pagos al FMI estipulados para 2026 se llevarán un total de 4.500 millones de dólares. Mientras que una hipotética renuncia al régimen fiscal de Tierra del Fuego –temática que Fundar discute críticamente en varios documentos- implicaría al Estado hacerse de 1.070 millones de dólares en un año.

La política de integración sociourbana está al alcance de la mano considerando las erogaciones que hace el Estado. Solo se necesita la voluntad política para reorientar los fondos hacia esta materia.

En Argentina, las urgencias del día a día suelen imponerse sobre cualquier intento de planificación estratégica. Un ejemplo contundente es el dineral que gastaron el Estado argentino y el norteamericano en la intervención del mercado cambio con el único objetivo de controlar la volatilidad, y garantizar así un buen resultado en las elecciones de medio término para el oficialismo.

Si se contabilizan las liquidaciones extra del campo, las intervenciones del Tesoro y el BCRA y las operaciones el Tesoro norteamericano (sin contar las compras en dólar futuro) apenas en dos meses se invirtieron unos 10.000 millones de dólares.

Argentina se debe, de acuerdo a los especialista, un espacio para una discusión seria sobre el uso político de las divisas, que tanto cuesta generar.

Entre 2016 y 2023 —trascendiendo a gobiernos de distinto signo político— el Estado encaró el desafío sobre financiamiento para la integración socio urbana. Esto se plasmó en la sanción de la Ley de Barrios Populares 27.453/18 a partir de la cual hubieron avances; por ejemplo en la regularización dominial a partir de la emisión del Certificado de Vivienda Familiar, con la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso encargado de gestionar los recursos para financiar las obras de urbanización.

El FISU fue desmantelado durante el gobierno de Milei y públicamente desacreditado mediante acusaciones de corrupción que buscaron erosionar su legitimidad social. También desde 2024 el déficit en materia de financiamiento para los barrios se agravó por la caída sostenida de la inversión pública. Según el documento de Fundar y Techo, en lo que va de 2025, el gasto en programas de integración sociourbana fue de 4,2 millones de dólares, apenas el 0,2 por ciento de la inversión anual requerida.

Diagnóstico y recomendaciones

Los datos del Renabap —representativos para 6467 barrios populares donde viven más de 5 millones de personas— brindan un diagnóstico para justificar la necesidad de avanzar en un plan nacional de infraestructura en barrios populares. “El 92 por ciento de los barrios populares de Argentina carece de conexión formal al agua, más del 98 por ciento no cuenta con acceso formal a la red de gas natural, el 97 por ciento no tiene acceso formal a red cloacal y el 66 por ciento depende de conexiones eléctricas irregulares o informales”.

Además, el 70 por ciento está expuesto al menos a un factor de riesgo ambiental (como inundaciones, basurales a cielo abierto o contaminación de cuerpos de agua). “La heterogeneidad territorial y morfológica de los barrios impide pensar en soluciones lineales y demanda un abordaje situado que atienda a las especificidades locales”, sostiene el reporte.

En cuanto a las recomendaciones para la política pública, plantean tres grandes lineamientos. En primer lugar, el diseño de un Plan Nacional de Intervención en Infraestructura debe reconocer la singularidad de cada barrio (por ejemplo el 70 por ciento de los barrios tiene menos de 150 familias de modo que las intervenciones tienen que ajustarse según la escala). También debe involucrar a toda la comunidad para garantizar que las obras respondan a las prioridades reales de los habitantes y comenzar por la conexión a servicios básicos (electricidad, agua y cloacas).

Por otro lado sugieren ampliar el alcance del Certificado de Vivienda Familiar para combatir la irregularidad en la tenencia de la tierra y la vivienda en los contextos específicos de los barrios populares (como la superposición de lotes o la afectación de espacios públicos). El Certificado es un documento público emitido por el Renabap que acredita la existencia y ocupación efectiva de la vivienda por parte de la familia censada; evita los desalojos forzosos y contribuye a la posibilidad de que los ocupantes gestionen la conexión a los servicios básicos.

Por último, sugieren una serie de innovaciones en materia de financiamiento. El FISU es el principal instrumento creado por ley para abordar este desafío pero actualmente se encuentra desfinanciado. Entonces proponenen avanzar en la emisión de Valores Representativos de Deuda en el marco de bonos temáticos (sociales o ambientales). Un enfoque innovador para apalancar el financiamiento y aprovechar otros fondos existentes, como el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) y fondos comunes de inversión (incluyendo los fondos verdes y sustentables). También consideran clave la generación de ingresos por parte de gobiernos subnacionales y locales, por ejemplo con la mejora de la eficiencia en el cobro del impuesto a la propiedad.