En Argentina se instaló con fuerza un debate que atraviesa a toda la dirigencia: la necesidad de encarar reformas profundas —tributaria, laboral y fiscal— para actualizar un país que quedó atrapado en normativas de otra época. Ese debate es valioso y necesario. Pero, mientras discutimos cómo modernizar nuestra estructura productiva, hay un punto esencial que aún no ocupa el centro de la escena: el agua también necesita reformas.
No se trata de adoptar una posición técnica sobre cómo deben ser esas transformaciones —tarea que corresponde a especialistas y decisores políticos—, sino de señalar una urgencia ineludible. Argentina no puede aspirar a modernizarse dejando afuera a su recurso más estratégico. Nuestra legislación hídrica es antigua, fragmentada y, en muchos casos, diseñada para un país que ya no existe: uno sin cambio climático, sin sequías extremas, sin microplásticos, sin PFAS, sin estrés hídrico urbano, sin agricultura 4.0 y sin inteligencia artificial modelando escenarios de consumo, riesgos y disponibilidad.
La geopolítica del agua cambió, y con ella cambió el mundo. Los países reescriben sus políticas de desarrollo y de seguridad nacional teniendo al agua como variable central. En las próximas décadas, la economía global será cada vez más una economía del agua: de su disponibilidad, de su gestión y de su calidad. La Argentina, que siempre pensó su competitividad desde otros activos, no puede darse el lujo de ignorarlo.
Porque solo habrá industria donde haya agua suficiente y segura. Porque las grandes cadenas logísticas —desde la minería hasta la alimentación— ya toman decisiones basadas en el riesgo hídrico. Porque la fuerza laboral del futuro dependerá, literalmente, de acceder a agua potable: trabajadores deshidratados son menos productivos, tienen más ausentismo y más riesgos de salud. El propio mundo corporativo ya adoptó métricas de hidratación y bienestar vinculadas al rendimiento.
La discusión tributaria también tendrá que aggiornarse. Los cánones por el uso del agua, los derechos de extracción, los incentivos a la recirculación, a la eficiencia y al reúso serán parte de las ecuaciones fiscales y empresarias. Un recurso escaso y estratégico no puede administrarse con instrumentos del siglo pasado. Lo que hoy parece una cuestión ambiental será, muy pronto, un debate central de la competitividad y de la justicia distributiva.
Y ni hablar de los cambios en el comportamiento humano: consumimos de otra manera, exigimos mayor calidad, adoptamos tecnologías domésticas para tratar el agua y nos volvemos más conscientes del impacto que tiene en nuestra salud y productividad. La legislación, sin embargo, sigue “pensada para otro argentino”, uno que ya no existe.
Por eso, sin entrar en la arquitectura de las grandes reformas nacionales, sí es justo afirmar que toda modernización que la Argentina emprenda debe incluir una reforma hídrica, inteligente y contemporánea. No una reforma para el agua del pasado, sino para el agua del futuro: un futuro atravesado por la volatilidad climática, las tensiones geopolíticas, la revolución tecnológica y una sociedad que sabe que su bienestar empieza por lo que sale de la canilla.
Si el país está listo para discutir cómo se reconstruye a sí mismo, entonces es tiempo de sumar a la conversación a quien será protagonista de la economía, la salud y el trabajo en las próximas décadas. Porque sin agua, ninguna reforma alcanzará. Y con agua bien gestionada, muchas reformas serán posibles.
*CEO Cámara Argentina del Agua.
