El foco en los ataques a la prensa

Hostigamiento y discurso estigmatizante hacia periodistas, incluidas campañas de difamación reproducidas por el mismísimo Presidente de la Nación. Represión direccionada a trabajadores de prensa en protestas sociales. Vaciamiento de los medios públicos, celebrado como un objetivo cumplido. Por este estado de cosas instalado y cuasi normalizado en la Argentina de Milei, organizaciones de derechos humanos y periodísticas lograron llevar “el caso argentino” a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizó ayer en Miami. Así el gobierno, por primera vez con el nivel de visibilidad de una exposición de este tipo –ante la misma Comisión que en 1979 hizo una histórica visita a la Argentina para escuchar a las víctimas del terrorismo de Estado- fue puesto en situación de dar explicaciones por los ataques a la prensa –algunos a cargo directamente de representantes del gobierno- y por el “golpe directo a la libertad de expresión” que significan. El caso del fotógrafo Pablo Grillo, en este contexto, apareció como paradigmático.

 
Representantes y abogados de Amnistía Internacional, el CELS, el Foro de Periodismo Argentino, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Federación de Trabajadores de Prensa y ARGra participaron de la audiencia; también los periodistas Julia Mengolini y Hugo Alconada Mon (en forma virtual) y el fotógrafo Tomás Cuesta, quienes relataron muy concretamente los graves ataques que sufrieron.

En 13 minutos, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, en representación del Estado argentino, leyó respuestas muy en el estilo Manuel Adorni, básicamente dirigidas a negar o minimizar todo lo expuesto allí mismo. Y aunque no dejaron de asombrarse por el nivel de impunidad exhibido, los participantes destacaron el paso que significó la audiencia específicamente centrada en la (falta de) libertad de expresión, la exposición y denuncia de casos, y el pedido que dejaron hecho a la CIDH: que realice un viaje a la Argentina para monitorear y elaborar un informe sobre el tema.

“Desde que Javier Milei asumió la presidencia, el clima para ejercer el periodismo se volvió asfixiante. Lo que empezó como insultos se transformó en una campaña de odio institucional, orquestada desde las más altas esferas del poder para marcar enemigos, instalar mentiras y destruir reputaciones” describió Mengolini.

Relató que fue víctima “de una campaña de difamación y violencia digital sin precedentes”. “Se usó inteligencia artificial para crear imágenes y videos falsos de contenido sexual sobre mí, acompañados de amenazas de violación y de muerte, incluso contra mi hija”, recordó. “El propio Presidente amplificó esas agresiones, publicó casi cien mensajes en mi contra en cuatro días, se burló públicamente y justificó la violencia diciendo que ‘me merecía el vuelto’. Esa violencia no fue espontánea: fue una estrategia de disciplinamiento estatal para castigar la crítica y generar miedo”, concluyó.

Alconada Mon repuso su investigación sobre un “Plan de Inteligencia Nacional”, que incluye tareas de espionaje ilegal sobre políticos opositores, movimientos sociales y periodistas. Contó también que tras publicar esta información afrontó diez intentos de hackeo, ataques en correos electrónicos y en las redes, insultos y amenazas telefónicas.

La presidenta de Fopea, Paula Moreno, presentó datos contundentes sobre el crecimiento de la violencia digital y el hostigamiento del gobierno libertario contra la prensa, a lo que se suma el hostigamiento del propio Milei en las redes sociales. Otros testimonios describieron cómo “el efecto silenciador y disciplinante se multiplica e impacta directamente en la reducción del debate público”.

Baños se dedicó a negar y minimizar. Según él “el debate público en nuestro país es intenso, plural, absolutamente libre”. “En Argentina no existen políticas sistemáticas estatales de estigmatizacion, las fuerzas (de seguridad) no reciben instrucciones para hostigar a la prensa”. “No avalamos ningún tipo de ilegalidad con tecnologías de vigilancia digital” (luego del relato de Alconada Mon). “Que los funcionarios de manera individual recurran a la justicia, si creen lesionados sus derechos, es la pauta de ser todos iguales ante la ley”, fue su interpretación de las demandas legales contra periodistas.

“A algunos pueden no gustarles determinadas políticas que lleva adelante la gestión actual, lo que no significa que inmediatamente tengan que salir a buscar la protección de la CIDH”, reclamó.

“La falta de respeto a los testimonios que allí se dieron es un mensaje poco habitual en el sistema interamericano. Con el esfuerzo que implica pedir una audiencia, que la concedan, poder viajar en representación de estos colectivos y que después eso no sea considerado como parte del debate necesario, es poco habitual y es una falta de respeto”, evaluó al salir de la audiencia Diego Morales, abogado del CELS.

Al finalizar las exposiciones, las organizaciones le pidieron a la CIDH que con “urgencia monitoree el contexto represivo en Argentina y promueva un diálogo con el gobierno nacional”.