Hidroeléctricas: ¿qué hay detrás de la renovación de las concesiones a 30 años?

"Es raro tener una discusión sobre un activo a 30 años en función de un debate mucho más corto que tiene que ver con el déficit fiscal", cuestionó la exsubsecretaria de Planeamiento Energético Cecilia Garibotti sobre el anuncio inicial del gobierno nacional de privatización y posterior decisión de concesionar las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila "sin base". 

En diálogo con la 750, Garibotti explicó que la decisión publicada en el Boletín Oficial que determina el esquema regulatorio de las hidroeléctricas debería incluir una planificación energética a largo plazo. 

La decisión de renovar la concesión de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila surge este año porque vencieron las licitaciones de la década del '90, que tenían un plazo de 25 a 30 años. Sin embargo, como la fecha límite era en 2023, año de elecciones presidenciales, y como el contrato preveía una prórroga, en aquel momento se decidió posponer el tema. 

Al inicio de 2024, el gobierno había anunciado la privatización de las hidroeléctricas, pero el rechazo social y político a la medida fue generalizado porque se consideró que son activos estratégicos que pagó el Estado Nacional y que perderlos significa perder gran parte de la generación eléctrica de nuestro país. 

"Ahora el Estado decidió a ir modelo de concesión con la particularidad de que la licitación pública se hace sin base, esto quiere decir que, si tu oferta más barata llega a ser mucho menos de lo que habían previsto, que se había hablado a montos superiores a 500 millones de dólares en un principio, si los privados ofrecen pagar menos de eso, el Estado se los va a adjudicar igual", aclaró Garibotti en Escuchá. Es decir, una concesión prácticamente sin condicionamientos.

Y continuó: "En general, lo deseable es que tu forma de explotación de las represas esté relacionada con tu planeamiento energético. El esquema regulatorio ya sea de concesión, privatización o estatización tiene que ver con cómo prevee que sea la energía a largo plazo". 

Según detalló la especialista, el problema es que esa decisión se toma en un momento en que la economía argentina está muy volátil, el Riesgo País está muy alto, operar en el país y conseguir financiación para hacerlo, es caro. "Justo (se decide) en un momento donde es caro entrar en Argentina, hacés un contrato por 30 años, es una decisión difícil y lo estás poniendo sin base", advirtió. 

La concesión no es igual a la privatización, el Estado permite la operación de empresas locales o extranjeras con ciertas obligaciones de inversión y usos que están previstos en un marco jurídico. Sin embargo, la tercera opción, que sería la estatización, el modelo en el que el Estado se haría cargo de la operación de las hidroeléctricas, podría significar un impacto positivo para el bolsillo de los argentinos. 

 
"Es una de las formas para tener energía más barata. El Estado nacional no tiene fines de lucro, no necesita que le asegures un nivel de ganancia, entonces puede generar la energía más barata posible para los argentinos y no tiene un perjuicio. Mientras que las empresas, por sus costos de financiamiento y de capital, suelen necesitar ciertas garantías de qué va a suceder en el futuro para estar seguros de que va a haber negocio detrás", concluyó.