Organizaciones sociales con salarios precarios

 “Lo primero que destacamos del informe, de la investigación que hicimos, es que logramos medir, logramos identificar con un criterio estadístico concreto, con una universidad atrás, con un trabajo muy serio, cuántas personas hay trabajando en el sector de las organizaciones comunitarias y los clubes sociales”, expresó, Diego Guilisasti, Director Ejecutivo del Proyecto Sociedad Civil en Red, en diálogo con Buenos Aires/12.

En un contexto atravesado por una crisis política y económica, donde el ajuste impuesto por el gobierno nacional impactó en múltiples dimensiones sociales, un sector continúa sosteniendo el tejido más vulnerable de la comunidad: las organizaciones sociales comunitarias y los clubes de barrio. Un informe elaborado por el equipo de la línea de investigación y extensión sobre organizaciones de la sociedad civil de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP pone en números y evidencia concreta las condiciones laborales dentro de estas entidades, con datos que alarman y, a la vez, abren la puerta a nuevas estrategias para el fortalecimiento institucional y la equidad en el ámbito del trabajo comunitario.

 
 
La investigación, titulada “Relevamiento de trabajadores/as, sueldos y honorarios en el sector de organizaciones sociales”, fue presentada esta semana en la sede de la facultad, con la presencia del presidente de la UNLP, Martín López Armengol, el decano Eduardo De Giusti, y representantes académicos y sociales. El estudio se desarrolló entre 2024 y 2025, y se centró en describir la situación de los trabajadores de las organizaciones sociales de Argentina en medio de un panorama nacional signado por la reducción presupuestaria y el recorte de programas.

A través de una muestra representativa de 529 organizaciones, provenientes de un universo de 28.663 OSC, se alcanzaron resultados de alto valor cualitativo y cuantitativo, según informaron. Uno de los datos más contundentes del informe es que el 77,3 por ciento de las organizaciones encuestadas perciben ingresos anuales inferiores a los 54 millones de pesos, lo que refleja severas limitaciones para sostener estructuras laborales estables. Esta cifra se traduce, en términos individuales, en ingresos mensuales promedio que apenas alcanzan los 400.000 pesos por trabajador, muy por debajo de lo que implica un salario digno considerando la inflación acumulada.

 
Más allá de la precariedad económica, el informe destaca otra problemática estructural, la sobrerrepresentación de mujeres en todos los niveles de trabajo dentro de estas organizaciones, desde tareas operativas hasta roles de coordinación. En el 35 por ciento de las organizaciones, las mujeres son mayoría entre el personal remunerado, y en otro 18 por ciento representan “más de la mitad”. Lo llamativo es que no solo trabajan más horas, sino que lo hacen en condiciones igualmente precarias, ampliando las brechas de género en el mundo laboral.

Según el relevamiento, el 45 por ciento de quienes ocupan cargos directivos cobran más de 402.000 pesos mensuales, mientras que el 22 por ciento de quienes desempeñan tareas operativas lo hacen por debajo del salario mínimo vigente, lo cual marca una clara asimetría en las condiciones dentro del mismo espacio institucional.

 
Otro aspecto que preocupa es el grado de informalidad y la falta de profesionalización en los equipos de trabajo. El 53 por ciento de las OSC encuestadas cuentan con personal remunerado, en su mayoría equipos reducidos de entre 1 y 5 personas. Por otro lado, el 47 por ciento de las organizaciones funcionan exclusivamente con voluntarios, muchos de ellos con escasa formación técnica y sin acceso a capacitaciones. Entre los trabajadores voluntarios, la mayoría también son mujeres y jóvenes adultos (de entre 26 y 45 años), mientras que otras identidades de género o grupos etarios como jóvenes menores de 25 o mayores de 60 tienen una participación marginal.

Los datos también reflejan fuertes disparidades regionales con más del 60 por ciento de las organizaciones están ubicadas en la región centro del país, y el 54,4 por ciento de ellas operan con un impacto territorial local. Esto evidencia que muchas veces las OSC suplen la ausencia del Estado en comunidades donde las políticas públicas no llegan o se ejecutan parcialmente.

 
En esa línea, Diego Guilisasti subrayó se encontraron con una realidad crítica:
“La contracara son las serias dificultades que están teniendo las organizaciones para sostenerse económicamente. El 77,3 por ciento manifiesta tener bajos ingresos, con lo cual se les hace muy difícil sostener a sus equipos. Hay que pensar a estas organizaciones como empleadoras, como hacemos con las pymes o con las multinacionales. Tenemos que pensar políticas públicas que favorezcan su sostenibilidad”.

Guilisasti también destacó el rol del voluntariado: “Sigue representando una energía sumamente importante para su quehacer. Además, la mayoría de estos voluntarios tienen entre 26 y 45 años, una etapa en la cual las personas empiezan a conformar su familia, lo que posiblemente genere una sensibilidad social mayor”.

 
Por su parte, Leo Campano, presidente de la Liga de Fútbol Infantil de La Plata, aportó una visión desde los clubes de barrio: “Para nosotros fue muy importante acompañar este relevamiento. Se necesita visibilizar las problemáticas generales. En nuestros clubes, casi el total de quienes colaboran son voluntarios: familiares que se suman a hacer alguna actividad, sin ninguna remuneración. Eso es valioso, pero también un riesgo. Mañana cualquier club puede enfrentar un reclamo laboral y difícilmente pueda responder”.

Agregó también que la informalidad es habitual incluso en tareas remuneradas:
“Las personas que están remuneradas, como un albañil o colaborador, difícilmente estén registradas. Eso también es un riesgo. Hemos tenido juicios laborales que afectaron económicamente a clubes que hacen un trabajo social que muchas veces debería garantizar el Estado. Es angustiante e injusto”.

 
Así también lo aseguró el presidente de la UNLP, Martín López Armengol, durante la presentación del informe: “No se trata solo de números: detrás de cada cifra hay personas, historias y comunidades que dependen del esfuerzo silencioso, y muchas veces invisible, de estas entidades”.

El engranaje del relevamiento
El estudio forma parte del proyecto “Sociedad Civil en Red”, cofinanciado por la Unión Europea, y fue realizado junto con organizaciones como RACI, Red Encuentro, Bancos de Alimentos Argentina, GDFE, FEDEFA y el Foro del Sector Social. La metodología combinó análisis documental, encuestas, entrevistas y pruebas estadísticas.

Frente a este panorama, el informe propone una batería de medidas: incorporar cláusulas de equidad de género en proyectos con fondos públicos, crear un sistema nacional de capacitación para voluntarios con certificación oficial, implementar un estatuto del trabajador sociocomunitario con garantías mínimas y un sistema de certificación de buenas prácticas laborales. También plantea un Registro Único Nacional de OSC y un programa gratuito de formalización institucional con asistencia legal y contable.