
Sorprendentemente, el gobierno de Javier Milei anunció que le sobra el dinero para reimprimir las boletas únicas de papel (BUP) de la Provincia de Buenos Aires. El ministro del Interior, Lisandro Catalán, informó por escrito que el costo de la reimpresión es de 12.169.655.000 pesos (más de doce mil millones de pesos) y que no hay problema porque en gastos electorales tienen un sobrante de 15.500 millones, de manera que el estado puede pagar las boletas. El propio Catalán admitió que si quedaba dinero lo devolvían al Estado, pero parece que prefieren que no, que se gaste en que no aparezca la cara de José Luis Espert en la boleta libertaria. Le dijeron que no al Garrahan, a los discapacitados, a las universidades y a los jubilados, pero están dispuestos a gastar 12.000 millones de pesos, no sea cosa que el votante recuerde que Espert fue financiado por un narcotraficante. Después de la sorpresa, todo indica que la Junta Electoral bonaerense rechazará la reimpresión porque, de acuerdo al diagrama presentado por el Correo Argentino, las boletas tienen que estar listas para la operación logística a partir del 16 de octubre y es evidente que no hay tiempo para imprimir 14 millones de boletas. Más todavía porque Ramos Padilla rechazó la pretensión de LLA de hacer saltar a Diego Santilli al primer lugar de su lista, una decisión que sería apelada por la alianza libertaria, para lo cual el plazo es hasta el martes 14. Nada marcha de acuerdo al plan (NMAP).
Una presentación asombrosa
La Junta Electoral bonaerense, que integran la presidente de la Corte Suprema, Hilda Kogan, el juez Ramos Padilla y el presidente de la Cámara Federal de La Plata, Jorge Di Lorenzo, convocó al ministro Catalán para que informe si hay tiempo y dinero para hacer una reimpresión de las boletas. Catalán presentó un informe que estableció la cifra de 12.169 millones de pesos como costo de volver a imprimir las BUP y le dijo a los jueces que el presupuesto electoral tiene un sobrante de 15.500 millones, por lo que se podría pagar la reimpresión. En diálogo con los periodistas, a la salida de los tribunales federales platenses, Catalán admitió que, si hay un ahorro en gastos electorales, lo que corresponde es devolverle el dinero al Tesoro y que se utilice para lo que el estado necesita. Sin embargo, en este caso, proponía que el ahorro se use para reimprimir las boletas y borrar el rastro de Espert de cara al 26 de octubre.
Las 17 fuerzas que presentan candidatos en Provincia de Buenos Aires -salvo LLA- se opusieron vehementemente a la reimpresión, en primer lugar, porque resulta escandaloso que se gaste semejante cifra cuando el problema fue por el financiamiento narco de un candidato. En la reunión de partidos y alianzas, LLA propuso pagar la reimpresión, algo que sería manifiestamente ilegal porque la ley es clara en que la BUP la paga el estado y ningún partido tiene asignados fondos de semejante magnitud -ocho millones de dólares- para ningún gasto.
De todas maneras, en los apoderados y dirigentes reunidos en La Plata causó verdadero estupor que el mismo gobierno que niega fondos todos los días a médicos, jubilados, discapacitados, se manifestara dispuesto a gastar una cifra descomunal sólo para sacar a Espert de la boleta.
Los tiempos no dan
La Junta Electoral dio a conocer este mismo miércoles un documento en que relata el trabajo que se hizo hasta ahora con las boletas. Por ejemplo, es falso que se hayan impreso sólo la mitad de las boletas. El texto indica que ya se recibieron impresos 36.392 talonarios de 350 boletas cada uno y sólo faltan recibir 3.478, que se recibían este mismo miércoles. O sea, está impreso el 90 por ciento. Señala la Junta que se empezaron a controlar los talonarios el 30 de septiembre, hace ocho días, porque hay fallas: mal encuadernado, talonarios con numeración duplicada o números faltantes, hojas blancas, tapas rotas, boletas arrugadas. Hay que controlar y escanear cada una. También se consignan deficiencias de impresión. La junta dice que se procesan por día unos 5.500 talonarios, por lo tanto, se requieren siete días para completar la labor logística con las BUP.
De acuerdo al cronograma original, se le empiezan a entregar al Correo los bolsines de la Séptima Sección Electoral este sábado y luego, día por día, cada una de las secciones. La última, el 23 de octubre, para la Octava Sección Electoral, que es La Plata. O sea, los tiempos no dan.
Desesperados por borrar la cara de Espert, los funcionarios del gobierno le pidieron al Correo un nuevo cronograma que tenga en cuenta una reimpresión. El Correo hizo un esfuerzo, pero no dio para gran cosa: se necesita la entrega de las boletas de la sexta, séptima y quinta sección el día 16 de octubre a las 11 de la mañana. Lo que supone que no hay tiempo para imprimir, hacer el control de las boletas y armar los bolsines por cada uno de los centros de votación. Y, además, está la cuestión jurídica, que parece lejos de terminarse.
Santilli no la tiene fácil
El juez Ramos Padilla, en sintonía con la fiscal María Laura Roteta, rechazó el pedido de LLA de pasar a Santilli al primer lugar de la lista, postergando a Karen Reichardt. La base de la presentación libertaria es el decreto que reglamenta las vacancias en caso de muerte o renuncia de un candidato, respetando la igualdad de género. El decreto establece varón por varón, mujer por mujer. Es decir que cuando muere o renuncia un candidato, debe ser reemplazado por el siguiente de la lista, del mismo género. Renuncia Espert, varón, lo reemplaza el tres de la lista, varón, Santilli.
Para Ramos Padilla, “esa reglamentación resulta una derivación lógica para cualquier vacancia, pues garantiza la forma intercalada (mujer-varon) que exige la norma legal, menos para el caso de quien encabeza la lista”. Explica el juez que es el único puesto de la lista, el primero, que, al quedar vacante, no afecta la paridad de género. Eso queda claro: si se corre a Reichardt al primer puesto, toda la lista se corre y se sigue manteniendo la alternancia de género. “Para ser claros -dice el juez-, dicha reglamentación puede resultar de aplicación razonable para los/las candidatos/as intermedios de la lista, pero no para quien encabeza la lista”. Ramos Padilla, además, agrega que si se hace saltar a Santilli por encima de Reichardt, todos los hombres de la lista se adelantan sobre cada una de las mujeres. No es el espíritu de la ley. Lo que busca la norma es beneficiar la participación de las mujeres, no relegarlas.
Finalmente, entonces, el magistrado rechaza el pedido de LLA y específicamente enumera cómo queda la lista, con Karen Reichardt -que en verdad se llama Karina Celia Vázquez, Reichardt es su seudónimo artístico- en primer lugar y Diego Santilli en el segundo.
El fallo de Ramos Padilla puede ser apelado, hasta 48 horas después de la notificación. Como la notificación se hará este jueves, el viernes es feriado, habrá plazo hasta el martes. Recién ese día podrá enviarse el expediente a la Cámara Nacional Electoral. El martes es 14 de octubre, luego la Cámara deberá expedirse y, como es obvio, no hay tiempo para que se pueda imprimir, controlar y armar los bolsines antes del 16 de octubre, fecha tope marcada por el Correo. Todo indica, entonces, que eso es lo que dirá la Junta Electoral, como uno de los fundamentos para rechazar la reimpresión. El pronunciamiento de la Junta se concretará este jueves.
¿La bajan a Karen?¿No apelan?
En los últimos días sobrevoló la versión de que LLA le pediría Karen Reichardt que renuncie a su candidatura, permitiendo que Santilli ocupe el primer lugar. Sería un camino corto para terminar con el debate sobre el orden en la lista libertaria. La versión fue desmentida en la Casa Rosada
Pero hay otro camino para acortar los tiempos: no apelar la decisión de Ramos Padilla, dejar las cosas como están y concentrarse en la posibilidad de reimprimir las boletas y sacar a Espert de la escena. Tampoco esta alternativa parece muy eficiente. Sucede que ni siquiera descartando la apelación hay tiempo para reimprimir. Si las boletas tienen que estar el 16, de ninguna manera hay tiempo hasta ese día para producir las boletas, controlarlas y armar los bolsines por centros de votación.
Existe una cuestión adicional: la Junta Electoral podría argumentar, no sólo la falta de tiempo. También puede decir que no corresponde reimprimir porque los plazos de oficialización de las boletas ya vencieron y que no se puede estar pendientes de si el candidato de una u otra lista se baja o no se baja, beneficiando a unos y perjudicando a otros. Lo resumió así Marcos Schiavi, extitular de la Dirección Nacional Electoral: “¿qué pasaría si el partido que sufre una renuncia es opositor? ¿El oficialismo pondría esta energía y esta plata para reimprimir las boletas? Toda la impresión es que no. La consecuencia es que estamos ante una cancha inclinada a favor del oficialismo, algo gravísimo en un proceso electoral”.

