$Libra: La comisión investigadora denuncia complicidad judicial con el Gobierno

Ante un nuevo faltazo de los funcionarios del Gobierno de Javier Milei citados a declarar y el fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien desestimó el pedido para que se disponga su comparecencia por la fuerza pública, los diputados que integran la Comisión Investigadora de la criptomoneda $Libra votaron apelar la decisión del magistrado y reiteraron que “no vamos a aceptar detener la investigación frente a la obstrucción del Gobierno y de otros poderes”. “La decisión del juez vacía de eficacia práctica al poder de contralor político y pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial”, sostuvo el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (CC) y ratificó la decisión mayoritaria de sus integrantes de “requerir el acceso a los sistemas informáticos del Poder Judicial y de la Procuración para el seguimiento de las causas” que lleva adelante Martínez de Giorgi “dado que no existe secreto de sumario establecido sobre ellas”. Además de “copia de las actuaciones a la fecha, los informes periciales informáticos realizados, los informes remitidos por el BCRA y la CNV, entre otra documentación de interés para el objeto de investigación de la Comisión, tales como los expedientes e informes de la UTI y de la Oficina Anticorrupción”.

Los diputados de la Comisión Investigadora recibieron el lunes bien avanzada la noche la resolución de Martínez de Giorgi --a cargo de la investigación de la criptoestafa Libra que involucra al Presidente-- por la cual juzgó “declarar improcedente” la solicitud cursada ante su tribunal por Ferraro como presidente de la comisión “para que se disponga la comparecencia por la fuerza pública a ese cuerpo legislativo de Alejandro Melik (Titular de la Oficina Anticorrupción), María Florencia Zicavo (responsable del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y designada por el Gobierno para investigar el caso Libra), Paulo Starc (titular de la Unidad de Investigaciones Financieras) y Roberto Emiliano Silva (presidente de la Comisión Nacional de Valores) .a efectos de que presten declaración testimonial”.

 
Todos funcionarios citados en varias oportunidades que nunca acudieron ante la comisión parlamentaria. En una extensa resolución de 24 páginas, Martínez de Giorgi argumentó que sería “constitucionalmente inadmisible” que una comisión parlamentaria extienda sus atribuciones mediante normas internas, sin respaldo legal. "El Poder Judicial no puede ser utilizado como herramienta de coerción para ejecutar las decisiones de una comisión investigadora legislativa”, había dictaminado al respecto el fiscal Eduardo Taiano citado en el fallo del magistrado.

Sabrina Selva (UxP) cuestionó a Taiano por “obstaculizar” la tarea de la comisión, que dentro de las facultades conferidas por el reglamento aprobado por el pleno tiene la de solicitar el auxilio de la fuerza pública al Poder Judicial. “Hay muchos funcionarios que se están apoyando en estos dictámenes para naturalizar no tener que cumplir con el deber de venir a dar explicaciones a esta comisión”, sostuvo y agregó: “Tenemos un Poder Ejecutivo que encubre a estos funcinarios para que no lo hagan, por lo que sería alarmante que la Justicia estuviera en sintonía con este hecho de que la comisión no pueda avanzar seriamente con esta investigación”.

 
Ferraro resaltó que la comisión actúa de acuerdo “al artículo 75 de la Constitución nacional inciso 32”. Allí se establece entre las atribuciones del Congreso “hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina”. Luego de repasar todos los antecedentes de las investigaciones llevadas adelante por el Congreso la justicia nunca objetó las prerrogativas definidas por los legisladores, incluso los allanamientos, el diputado de la CC afirmó que “tenemos argumento precisos para apelar la sentencia”.

También recordó que en las investigaciones anteriores del Parlamento los funcionarios de distintos gobiernos se presentaron y acataron la manda constitucional, a “diferencia de la obstrucción y el secretismos del actual oficialismo”. Para ayer están citados a la comisión el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona; el ex asesor presidencial Demian Reidel; Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli organizadores de Tech Forum, el evento en el que habló Javier Milei y se relacionó con referentes del mundo de las criptomonedas; y ex asesor de la CNV Sergio Daniel Morales. Ninguno de ellos asistió a la convocatoria a la cámara baja.

 
Luego de la reunión de la comisión, Ferraro comunicó a través de la red social X la decisión principal que tomaron sus integrantes: "Apelar, con reserva del caso federal, la resolución emitida por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8, que rechazó el requerimiento de auxilio de la fuerza pública o asistencia solicitado por esta Comisión para hacer comparecer a los funcionarios. Esta solicitud se formuló ante una situación inédita, en la que los funcionarios se niegan a colaborar con esta Comisión Investigadora, a diferencia de lo ocurrido en otros antecedentes históricos en los que sí asistieron o colaboraron. No se trata, por tanto, de un pedido caprichoso, sino de una necesidad derivada de garantizar el cumplimiento efectivo de nuestras funciones. La decisión del juez, en cambio, vacía de eficacia práctica al poder de contralor político y pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial".