La disputa es por la justicia social

Las múltiples consecuencias del ajuste del gobierno de Javier Milei y los desafíos del campo nacional y popular ante el avance de la ultraderecha fueron los principales ejes de la mesa "Justicia social frente a la crisis nacional: trabajo, salud, cultura, educación y derechos humanos", que se realizó el lunes en el marco de la Séptima Semana de la Investigación y Desarrollo impulsada por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), Clacso. La charla, moderada por la directora periodística de este diario, Nora Veiras, contó con la participación de la economista y candidata a senadora Mercedes D’Alessandro, el legislador porteño Matías Barroetaveña, la dirigente sindical Marina Jaureguiberry y los politólogos Federico Pita y Diego Pando. 

Ante un aula magna llena de docentes, estudiantes y personas de a pie, Veiras preguntó al panel por los efectos del modelo libertario y por la vigencia de la noción de justicia social, en el marco de un gobierno que la considera una “aberración”. Marina Jaureguiberry, secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), trazó una comparación entre los fundamentos de la justicia social que vertebran al campo popular y el modelo de país que encabeza Milei. “Lo que las trabajadoras y trabajadores estamos sufriendo por estos días está vinculado centralmente al ataque sistemático de este gobierno, que encarna el antiproyecto de la justicia social”, afirmó e hizo mención a diversas políticas contra los trabajadores de la educación, entre ellas, la suspensión de la Paritaria Nacional Docente. “En los hechos, hoy estamos sin paritarias, aunque no la hayan eliminado, porque una de las características de este gobierno es que no elimina las normas de educación, siguen vigentes, pero en la praxis están absolutamente modificadas por la realidad”, señaló Jaureguiberry y planteó que “uno de los desafíos del movimiento obrero es tener un diagnóstico lo más preciso posible para poder actuar, es decir, pensar el texto y el contexto”.

 
 
 
A su vez, Mercedes D’Alessandro, autora del libro Motosierra y confusión. Cómo recuperar la economía para salir de la crisis --publicado en 2024--, resaltó la importancia de que el campo nacional y popular dispute conceptualmente el sentido común instalado por Milei y el gobierno libertario. “No nos puede dar vergüenza hablar de justicia social. Tenemos que recuperar ese concepto, o el de libertad, que nuestro propio himno la menciona, aunque ahora pareciera que hablar de libertad es de libertario. Y para recuperar eso, tenemos que reconciliarnos con ideas y políticas, y revisar tanto las cosas que hicimos mal como las que hicimos bien” sostuvo D’Alessandro. “Las ideas tienen que servir para debatir pero también para transformar, y así construir la justicia social del siglo XXI, que implique la justicia ambiental, la justicia para las mujeres y para personas trans, y todo lo que nos hacen creer que es supuestamente una agenda woke extranjerizada”, afirmó la economista y candidata.

 
El legislador y exsecretario de Empleo de la Nación Matías Barroetaveña hizo hincapié en las condiciones laborales de los trabajadores ante un contexto de ajuste y desindustrialización y en los desafíos del mundo del trabajo del siglo XXI. “Este modelo económico está destruyendo todo. Según datos de junio contra principios de la gestión, destruyó 15 mil empresas y 200 mil empleos. Nosotros, además de ganar elecciones, tenemos que discutir qué vamos a hacer, porque no nos puede volver a pasar lo que nos pasó la última vez. Ese es el desafío para poder plantear nuevamente un modelo de justicia social”, planteó Barroetaveña y sostuvo que “una clave está en pensar cómo aumentar la cantidad de trabajadores registrados a través de la formalización de unidades productivas y de trabajadores de plataformas”.

La motosierra en el Estado

En tanto, Diego Pando, director del Núcleo de Estudios en Gestión Pública de la UMET, puso el foco en las consecuencias que provocó el vaciamiento de numerosos organismos de la Administración Pública y la brutal reducción de la planta de trabajadores y trabajadoras del Estado. “La motosierra agravó problemas y creó otros”, afirmó y repasó las medidas de La Libertad Avanza, como el desguace del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), el examen de idoneidad impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, la instalación de un “clima de temor laboral” y la prohibición de mencionar temáticas de género, medioambiente y derechos humanos.

Federico Pita es director del Núcleo de Estudios sobre Racismo y Desigualdades de la UMET. “No hay justicia social sin justicia racial”, advirtió al comenzar su intervención y sostuvo que “si la Argentina quiere pensarse a sí misma como una democracia con igualdad, oportunidades y derechos, hay que entender que enfrentar el racismo no es un problema accesorio ni importado”. Por el contrario, Pita sostuvo que está en la génesis misma de nuestro Estado, más precisamente en la Constitución Nacional, que dio origen a “un país pensado para europeos”. “Hay que pasar de una actitud no-racista a una actitud antirracista. No alcanza con no discriminar, hay que transformar. No alcanza con denunciar los discursos de odio, hay que volverlos inviables. No alcanza con reconocer la diversidad, hay que garantizar igualdad sustantiva, redistribución de poder y ciudadanía plena", aseguró. 

 
El evento académico, que inició este lunes bajo el lema "Pensar el futuro: investigación y desarrollo para la Argentina", se desarrolla en la sede de la UMET, ubicada en Sarmiento 2037, y se extiende hasta hoy. Su objetivo es abrir la investigación científica a la comunidad, por lo que es abierto para todo público, con entrada libre y gratuita.