El juicio por las fotocopias de los Cuadernos tiene fecha de inicio

El Tribunal Oral Federal 7 porteño confirmó para el jueves 6 de noviembre el inicio de las audiencias del juicio oral en la denominada causa “Cuadernos”, sobre las presuntas comisiones de empresarios a funcionarios que dijo haber apuntado durante años el exchofer y exsuboficial del Ejército Oscar Centeno. Se trata de un mega proceso de dimensiones inéditas, ya que tendrá nada menos que 174 acusados y en el que se prevé que declaren 630 testigos, lo cual –al ritmo de Comodoro Py– garantiza un novelón judicial y mediático durante largos años. Los hombres de negocios manifestaron su intención de pagar una “reparación integral” para evitar sentarse en el banquillo –el ofrecimiento más suculento, 1.684.442 de dólares, lo hizo Ángelo Calcaterra, exdueño de la constructora Iecsa y primo de Mauricio Macri– pero la iniciativa fue rechazada por la fiscal Fabiana León, y aún no se pronunciaron los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. Defensores de empresarios y financistas sugieren que el proceso podría durar 25 años.

 
El TOF-7 realizó el miércoles una sesión preparatoria en la que definió las pautas que regirán el desarrollo del juicio. Méndez Signori le comunicó a las partes un listado de 16 puntos, que además de la fecha de inicio incluye la decisión de realizar las audiencias enteramente de forma virtual, por Zoom, con transmisiones en vivo a través de un canal en YouTube. Algunos abogados, igual que la fiscal León, pidieron poder interrogar a determinados testigos e imputados en forma presencial. Lo mismo reclamaron algunos empresarios respecto a sus propias declaraciones indagatorias: que sean ante los jueces, sin pantallas de por medio. El tribunal respondió que iba a contemplar esos casos.

La cantidad de audiencias previstas y su corta duración preocupa a las partes. Los jueces resolvieron que arrancarán con una sola audiencia semanal de cuatro horas (todos los jueves, de 9.30 a 13.30) hasta fin de año. Tras el merecido descanso durante enero, mantendrán ese ritmo un mes más y pasarán a dos audiencias por semana (martes y jueves) a partir de marzo. Los abogados de los millonarios acusados, en muchos casos septuagenarios, temen que no lleguen vivos a la sentencia y que un proceso eterno les impida cobrar sus honorarios.

 
Otro punto crucial que el tribunal comunicó a los 88 abogados defensores, a la fiscal y a la querellante Unidad de Información Financiera (UIF) pasa por la cantidad de testigos citados a declarar. Los jueces pretenden que las partes se pongan de acuerdo para achicar la lista, que incluye a 630 personas, a fin de reducirla a la mitad. Hasta ahora no hubo acuerdo. Por la cantidad de imputados, los magistrados –que rotarán en la presidencia del tribunal– determinaron que sólo permitirán una conexión por cada abogado y acusado, es decir que los imputados deberán compartir ubicación con sus defensores y ubicarse frente a una misma cámara.

El tema del ofrecimiento de sumas millonarias para no ser juzgados, que no fue objeto de la última audiencia, también enfrenta a las partes. Los empresarios pretenden ampararse en un artículo del Código Penal que habilita el sobreseimiento a cambio de una “reparación integral” por los perjuicios ocasionados, y ofrecen departamentos, barcos o yates para zafar. El podio que encabeza Calcaterra lo completan el financista Ernesto Clarens, que ofreció un barco y un departamento en Miami valuados en 1,5 millones de dólares, y Aldo Roggio, presidente del grupo homónimo, con 1.267.788 dólares.

La fiscal León rechazó esa posibilidad, que a su entender implicaría “banalizar el proceso penal, privatizar el interés público y abrir un mercado de impunidad”. “No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se han causado, en esta fiscalía no se vende impunidad”, dijo. “No puede haber arreglos a espaldas de la sociedad. Sería repugnante hacerlo de tal modo. Sería repugnante en sí mismo como al concepto mismo de República”, añadió. Remarcó que el caso en cuestión involucra hechos de corrupción de gran magnitud, con participación de agentes estatales y empresarios, y que la única forma legítima de concluir el proceso es mediante un juicio oral, público y contradictorio. En el mismo sentido se pronunció Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera.