Fin de las retenciones al agro

Ante la disparada del dólar y la necesidad cada vez más acuciante de hacerse de divisas, el Gobierno nacional decidió en forma desesperada eliminar las retenciones a todos los granos y a las carnes bovinas y avícolas hasta el 31 de octubre de este año o hasta obtener 7000 millones de dólares. La medida de fuerte tinte electoralista tiene impacto inflacionario en alimentos y le costará al fisco entre 1.000 y 1.800 millones de dólares. Los gobernadores de las principales provincias agropecuarias cuestionaron fuertemente la decisión. La calificaron como oportunista, transitoria y perjudicial para las cuentas públicas: resigna el 0,25 por ciento del PBI.

Los decretos que llevan la firma del presidente Javier Milei dispusieron la reducción a cero de los derechos de exportación a cereales, oleaginosas y carnes, con el objetivo de obtener dólares frescos mientras les apremia el cronograma electoral. La amplia derrota reciente en los comicios de la provincia de Buenos Aires y la escalada del tipo de cambio dejaron en evidencia lo que la realidad advertía a gritos: la destrucción de ingresos, los cierres de industrias, la caída del consumo, los problemas de costos y rentabilidad, la pérdida de fuentes de empleo y la utilización desvergonzada de las reservas, el ajuste en educación y salud producen rechazo unívoco de la sociedad argentina. La turbulencia en la que entró la administración Milei le hace morder su propia cola: la consecuencia directa de la quita de retenciones es el aumento del precio de los alimentos básicos. En góndolas, la leche, harinas, carnes y aceites sufrirán remarcaciones. Otro golpe para el poder adquisitivo de las mayorías. 

 
Si el sector más privilegiado del campo, que pudo conservar la producción sin exportar para especular con mejores ganancias, opta por liquidar, generaría un agujero fiscal de 1.000 a 1.800 millones de dólares. Los productores más pequeños vendieron todo en junio y, ahora, los que tienen espalda financiera son nuevamente los favorecidos por la política de la gestión libertaria. Luego del anuncio, funcionarios del Gobierno se reunieron con representantes de la Mesa de Enlace. Los ruralistas celebraron a medias: pidieron la eliminación permanente y manifestaron algunas críticas de productores que “ya liquidaron todo” y de los que deben pagar alquileres en octubre, ya que se rigen por la cotización del grano. La soja llegaría a 500 mil pesos por tonelada, y el maíz y el trigo variarían 10 por ciento al alza. "Favorece multinacionales, no al productor chico", se quejaron desde la Federación Agraria.

 
¿El productor estará dispuesto a vender sobre la expectativa de que va a concretar un buen negocio?, se pregunta el especialista Javier Preciado Patiño. “En junio, cuando la soja valía 320 mil pesos por tonelada, se liquidaron más de 10 millones de toneladas. Esto porque el 1 de julio subían las retenciones, pero resulta que también subió fue el dólar y la soja se fue a 440 mil pesos la tonelada”, recordó y puso en duda la efectividad de la propuesta: “quizás el productor piense que le convenga esperar a un dólar más realista, menos intervenido por el Gobierno en un contexto desesperado que muestra debilidad”. Las cerealeras vienen reteniendo stock a la espera de una devaluación mayor.

El problema es aún más grave porque las divisas que ingresen al país, durante el período establecido por las normativas publicadas este lunes en el Boletín Oficial, tienen como destino mantener el tipo de cambio planchado, al menos hasta llegar a las elecciones del 26 de octubre. Una resolución que para intentar influir en el resultado de las votaciones, destruye la recaudación.

 
“Según nuestros cálculos el costo fiscal directo imputable al año 2025 sería de 0,15 por ciento del PBI (aproximadamente US$1.000 millones) y el neto de recaudación del impuesto a las ganancias de 0,14 por ciento del PBI. Es decir, la pérdida de recaudación sería equivalente al 46 por ciento del superávit fiscal que surge del Presupuesto 2026 de 0,3 por ciento del PBI”, estimaron desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

El costo fiscal redunda en más ajuste. Desde la oposición repiten que el gasto representa lo mismo que las leyes de financiamiento a las Universidades y del Hospital Garrahan -vetadas por Milei con la excusa de “falta de fondos” y a la mitad del costo de la emergencia en discapacidad.

“El Gobierno ahora les da 3 días a los exportadores para que cuando una vez hecha la declaración jurada entren los dólares -cuando en el otro dólar soja eran 15 días-. Normalmente en octubre se liquidan en promedio 1700 millones de dólares, estamos hablando de cuatro veces más ese número”, insistió Preciado Patiño, dando cuenta del apuro en el que se encuentra el esquema económico de la Libertad Avanza, por la olla a presión en la que el propio Gobierno puso a cocinar al dólar.

 
El manotazo del Ejecutivo generó cuestionamientos de los gobernadores. “Es un gobierno que cambia permanentemente el discurso, porque hasta hace poco la discusión sobre los derechos de exportación, llamadas retenciones, tenía que ver con que el Gobierno tenía como principal prioridad el superávit fiscal, por lo tanto, no podía resignar ningún recurso tributario. Ahora, de un día para el otro, cambia el discurso”, afirmó Axel Kicillof, desde la provincia de Buenos Aires.

Maximiliano Pullaro, mandatario de Santa Fe, aseguró: "Queremos que las retenciones se eliminen para siempre, no de manera transitoria, ni para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar fuga de capitales".

En Córdoba, el gobernador emparejó discurso con el santafesino. "Necesitamos políticas que realmente fortalezcan a nuestros productores; un plan productivo que brinde previsibilidad, fomente la inversión, impulse la generación de empleo y dinamice las economías regionales. Las retenciones deben eliminarse por convicción, no por mera especulación financiera o electoral", aseguró Martín Llaryora.