Fentanilo contaminado: dudas por la comisión investigadora en Diputados

Los familiares de las víctimas reclaman que no se convierta en una "figura decorativa".

SociedadHace 5 horasOtrasVocesOtrasVoces
974219-23a-0

“El futuro de la comisión investigadora sobre el fentanilo depende de quien la presida”, advirtieron este lunes los familiares de las víctimas de la droga adulterada. El jueves pasado la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto para la creación de una comisión investigadora que estará integrada por 31 miembros --“distribuidos a fin de garantizar que los bloques se encuentren representados en la misma proporción que en el seno de la Cámara”, según dice el proyecto--, y que como primera acción deberá elegir quién la preside. Este miércoles a las 14 se definirá quiénes componen la comisión y también las autoridades.

“Nuestra preocupación es que la Comisión investigadora se transforme en una figura decorativa o entorpezca la investigación”, dijo a Página/12 Alejandro Ayala, vocero del colectivo Familias víctimas del fentanilo adulterado. “El futuro de la comisión va a depender de la voluntad política de los miembros y, en particular, de quienes sean designados como autoridades”, agregó. El diputado de Unión por la Patria Pablo Yedlin será uno de los integrantes de la Comisión. En diálogo con este diario señaló que “la idea es que las responsabilidades políticas queden expresadas claramente”, al igual que “las responsabilidades penales y civiles de los laboratorios investigados”.


 
 
El proyecto aprobado el jueves define los objetivos y atributos que tendrá la comisión. Como atributos, podrá remitir oficios y solicitar informes a entes públicos o privados; convocar a funcionarios públicos para que brinden información y recibir denuncias o material probatorio para la investigación. Entre los objetivos el proyecto enumera que se buscará esclarecer “la cantidad total de casos confirmados, probables y sospechosos asociados al uso de fentanilo contaminado”; “la cronología de la detección del brote: primera notificación, alertas sanitarias nacionales, comunicaciones oficiales y protocolos activados por el Ministerio de Salud, Anmat y otras jurisdicciones”; investigar “el sistema de trazabilidad de medicamentos controlados y las fallas detectadas, incluyendo por qué no se detectó la contaminación antes de la distribución masiva”.

 
Además, buscará determinar “el grado de participación y responsabilidad de los organismos del Estado nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los laboratorios HBL Pharma y Laboratorios Ramallo S.A. y de todas las entidades privadas que formaron parte de la cadena de producción”; e investigar “la articulación interjurisdiccional (nacional, provincial y municipal) de los mecanismos de alerta sanitaria”, entre otros aspectos.

"Las familias de las víctimas esperan que la comisión sea un espacio plural, activo y con verdadera voluntad de investigar”, precisó Ayala, y adelantó que las familias estarán presentes “en cada comisión, con voz en las reuniones, para que la memoria de nuestros queridos se traduzca en justicia y en una garantía de no repetición”. En este sentido, las expectativas de los familiares es que la comisión trabaje en conjunto con las víctimas para garantizar que se investigue a fondo, “incluso cuando se trate de figuras vinculadas a partidos políticos, sin encubrimientos ni uso partidario, priorizando siempre la verdad y la justicia por encima de cualquier beneficio propio".

 
La norma también establece los plazos para conformar la Comisión --una semana a partir del momento de la sanción-- y también para la producción de informes y conclusiones, que tendrá como fecha límite el 9 de diciembre de 2025. Es decir, un día antes de la renovación de diputados y diputadas. Para esa fecha, la Comisión deberá presentar un informe final que contenga “una descripción detallada de lo actuado, las conclusiones arribadas, las debilidades del sistema y/o las normas vigentes y las recomendaciones pertinentes”. Este informe será público y deberá ser comunicado “al Poder Ejecutivo Nacional, a la Procuración General de la Nación, a la Auditoría General de la Nación y a las autoridades judiciales competentes si correspondiera”.