Milei sumó tres derrotas al hilo en el Congreso

En una jornada de fuerte tensión financiera, el Senado provocó otro sismo político y rechazó con una abrumadora mayoría el veto presidencial a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con 59 votos positivos, 9 en contra y 3 abstenciones. Se trata del proyecto que los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño consensuaron frente al distribución discrecional y la subejecución de esos fondos por parte de la Casa Rosada, en un contexto de ajuste y paralización de la obra pública. La votación expuso la profundización del aislamiento político que atraviesa el oficialismo y se suma a los rechazos de los vetos al financiamiento universitario y la emergencia en pediatría del día anterior en Diputados. La Cámara baja se prepara para completar el trámite en una sesión que podría ser convocada la próxima semana. En la antesala del debate, el ministro Caputo acusó al Congreso de “romper el equilibrio fiscal” y de querer “voltear al Presidente”.

Todavía aturdido por el duro revés del miércoles en Diputados, el Gobierno arrancó la jornada descargando artillería pesada contra el Congreso. Milei acusó a todo el arco opositor que frenó su motosierra contra las universidades y el Garrahan de ser “kukas disfrazados de republicanos”, el vocero Manuel Adorni los señaló por actuar con “demagogia” y Luis Caputo directamente los trató de golpistas.  

 
La Casa Rosada sabía que el Senado le propinaría la tercera derrota parlamentaria de la semana. Y así fue: la votación superó con holgura los dos tercios. Los libertarios quedaron prácticamente solos votando en contra, acompañados apenas por Carmen Álvarez Rivero, del PRO, y por Luis Juez, el único que ya había votado en contra en la sanción original. Las tres abstenciones provinieron de gobernadores que sellaron acuerdos electorales. Alfredo Cornejo ordenó a los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez abstenerse, mientras que Rogelio Frigerio aplicó la misma estrategia a través de Alfredo de Angeli. El resto insistió con la ley que logró unir de manera transversal a los 24 mandatarios.

 
La Cámara de Diputados podría completar el rechazo la próxima semana. Según pudo reconstruir este diario, una opción es sesionar directamente el miércoles 24 “si el número acompaña”, explicó una fuente encargada del poroteo. La otra alternativa es esperar a que el proyecto que restringe el uso de los DNU obtenga dictamen en comisión y llevar ambos temas juntos a la sesión del miércoles siguiente. De confirmarse ese esquema, ambas cámaras propinarían otra seguidilla de golpes al Gobierno. El jueves 2, el Senado buscará rechazar de manera definitiva los vetos al financiamiento universitario y a la emergencia en pediatría. En paralelo, la semana entrante serviría para dictaminar sobre otros asuntos calientes, como la interpelación a Karina Milei, Mario Lugones y Guillermo Francos por las coimas en la ANDIS.

El Gobierno, sin embargo, confía en torcer el rumbo. Cuando el proyecto de ATN pasó por Diputados, se aprobó con 143 votos positivos y 90 en contra. La Casa Rosada trabajará para convertir a esos 90 en el “tercio de hierro” que le blinde el veto. Para eso deberá recomponer el vínculo con sus exaliados. Las votaciones del miércoles y jueves en ambas cámaras reflejaron el hastío de los gobernadores que eligieron soltarle la mano al Presidente, aún en una semana en la que desembolsó 12.500 millones de ATN y mandó al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, a reconstruir la confianza.

El enemigo externo

 
Tras la derrota en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei pasó de querer tender puentes con los gobernadores a vetarles la ley que consensuaron en horas para luego volver al ataque. La Casa Rosada atraviesa una crisis política, financiera y de legitimidad de la que no encuentra salida, y en su relato solo aparecen responsables opositores. Este jueves, mientras el dólar se movía en el umbral superior de la banda y el riesgo país se disparaba, el jefe de la bancada libertaria en el Senado, Ezequiel Atauche, responsabilizó a la Cámara alta de “atacar al Gobierno, a la estabilidad y al programa económico”. Y agregó: “Cada vez que avanzan leyes que atentan contra el plan, el riesgo país y el dólar se disparan. Si uno tiene un riesgo país alto, no puede acceder a las herramientas financieras que sí tienen otros países”.

 
La senadora de Río Negro, Mónica Silva, cuestionó los vaivenes emocionales del Gobierno. “Esta ley fue vetada al mismo tiempo que se anunciaba pomposamente la creación de una mesa de diálogo con los gobernadores. ¿Qué tipo de diálogo se inicia con un cachetazo a los interlocutores?”, criticó. Y agregó: “Dicen que la vetan porque es necesario tener fondos para emergencias, pero las provincias se dan cuenta cotidianamente de las arbitrariedades con las que los distribuyen”.

La discrecionalidad en el manejo de los fondos fue uno de los ejes más cuestionados. Martín Lousteau subrayó que “no se le saca plata al Gobierno”, sino que esos recursos pertenecen a las provincias. La Nación solo “los administra” y debería repartirlos en casos de emergencias o desequilibrios financieros, algo que en la práctica no ocurre. Por eso los gobernadores impulsaron un proyecto de reparto automático que elimine la discrecionalidad. Con esas palabras, Lousteau respondió al posteo del ministro Luis “Toto” Caputo, quien había asegurado que la ley “rompe el equilibrio fiscal”. El senador lo invitó a dar explicaciones en el recinto: “En vez de tuitear tanto, que venga al Congreso, que nunca vino”, disparó el radical.

 
El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) nació con la Ley de Coparticipación Federal y equivale al 1 por ciento de la recaudación total de los impuestos que se distribuyen entre Nación y provincias. Ese porcentaje se destina de manera automática a conformar el fondo, pero la clave está en su reparto: la Nación se reserva la potestad de decidir a qué distrito enviarlo, en qué momento y con qué criterios. En los hechos, funcionan como una herramienta política. La novedad es que el Gobierno de Milei los subejecuta y alimenta la fantasía del equilibrio fiscal. El catamarqueño Guillermo Andrada lo dijo sin vueltas: “Están usando los ATN como un salvavidas, quieren maquillar el equilibrio fiscal”. En el mismo sentido, el radical Pablo Blanco afirmó: “Quien incumple la ley es quien se guarda los ATN para disimular un déficit cero que no existe”.

 
“Desarmar esta herramienta tiene el riesgo de que cuando haya una emergencia los fondos para hacerse cargo no van a estar”, atinó a retrucar Ezequiel Atauche. “¿Qué van a hacer los gobernadores?, ¿Se van a juntar en un asado y van a hacer una ´vaquita´ entre ellos?”, se burló al cerrar el debate previo a la votación.

Antes, José Mayans le recordó al Gobierno una máxima peronista: “En política, la soberbia suele ser mala consejera”. Con esa frase, el formoseño apuntó contra los diagnósticos de la Casa Rosada sobre la derrota en la provincia de Buenos Aires y se burló de los gurúes que, según dijo, insisten en que “la culpa es del pueblo porque no entendió el modelo”. El senador fue más a fondo: “Ya no hay confianza en el Presidente ni en su equipo. Una persona que decía que iba a castigar a la casta, y ya sabemos a quiénes castigó”. Y agregó: “Todo lo que se lleva la patria financiera en intereses lo están pagando los trabajadores argentinos, lo están pagando los jubilados y pensionados”.

 
Los otros temas

Con 70 votos a favor y apenas dos ausencias, se sancionó la llamada ley “Nicolás”, impulsada tras la muerte de Nicolás Deanna, el joven de 24 años que falleció por una meningitis bacteriana que no fue detectada a tiempo. La norma busca mejorar la atención sanitaria, fortalecer las condiciones de trabajo del personal de salud y reducir los casos de mala praxis. La cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) fue la única que se desmarcó con un voto negativo. También se aprobó el proyecto de la senadora chubutense Edith Terenzi para garantizar la detección temprana de la atrofia muscular espinal.

 
Además, con 66 votos afirmativos, la Cámara alta dio media sanción a una reforma del Código Penal que endurece las penas en siniestros viales agravados. La propuesta, elaborada a partir de iniciativas de distintos bloques —Victoria Huala (PRO), Beatriz Ávila (PJS), Anabel Fernández Sagasti (UP) y el exsenador sanjuanino Roberto Basualdo—, prevé hasta 12 años de prisión e inhabilitación para conducir en casos de exceso de velocidad, consumo de alcohol o drogas, o fuga tras el hecho. El proyecto quedó listo para ser discutido en Diputados.