El sistema institucional argentino encierra un reparto injusto y desigual de la representación política en desmedro de los sectores populares. Asombra lo poco que se habla de este tema.
Tomemos de ejemplo lo que pasó el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. La primera Sección electoral tenía habilitados para votar a más de 4.700.000 electores. El total de diputados de la Legislatura bonaerense es de 92 legisladores, de los cuales 15 le corresponden a la primera sección. Por otra parte, a la cuarta sección electoral le corresponden 14 diputados, pero los electores son 530.000. La desproporción es alevosa, en el primer caso cada diputado representa a 313.333 personas, en el segundo a 37.800. A la hora de la representación en diputados de la provincia los votos del conurbano valen 10 veces menos que los del interior.
El mismo fenómeno se da con la tercera sección electoral que también anda por los 4.700.000 electores y tiene 18 diputados.
Mucho se ha hablado acerca de que la primera y tercera sección sumadas alcanzaban a más del 70 por ciento del electorado bonaerense. Sin embargo, apenas les corresponde un tercio del total de diputados.
Se ha puesto de moda señalar la conurbanización de la política argentina por la magnitud poblacional de esa zona geográfica, pero casi nada se dice de la desvalorización de la representación política de ese conglomerado.
Si quisiéramos hilar más fino, es evidente que, por su composición social mayoritaria, esta devaluación del voto del conurbano en la Legislatura tiene un sesgo clasista. Los sectores mayoritarios de la sociedad sufren una doble restricción: económica y política.
Pero esto no ocurre solo a nivel provincial, en el Congreso Nacional ocurre un fenómeno similar.
En 1983 la dictadura saliente promulgó la Ley Bignone, que todavía nos rige, en base a los datos del Censo de 1980. En dicha ley se asignó la cantidad de diputados que le corresponden a cada distrito. Pero desde aquel momento, hace 42 años, la provincia de Buenos Aires aumentó su población en un 75 por ciento, mientras la Ciudad de Buenos Aires tiene la misma cantidad de habitantes desde hace setenta años. A pesar de eso la asignación de diputados no se modificó. En 1980, Córdoba y Santa Fe tenían casi la misma cantidad de población: 2,4 millones de habitantes cada una y les correspondieron 18 diputados a cada una. Hoy ambas provincias han superado en población a la CABA: Córdoba tiene 3,5 millones y Santa Fe 3,4 millones de ciudadanos. Sin embargo, siguen teniendo siete diputados menos que los porteños.
Otras provincias perjudicadas en el reparto son Mendoza y Salta.
Pero la comparación con la provincia de Buenos Aires roza el escándalo. Si medimos cada diputado nacional en términos de cantidad de población que representan podremos apreciar con claridad la deformación en que ha caído el sistema: CABA tiene un diputado cada 116.000 habitantes; en cambio Córdoba y Santa Fe tienen uno cada 189.000 y la provincia de Buenos Aires tiene uno cada 257.000. A la hora de elegir diputados en Argentina un voto porteño vale más del doble que uno bonaerense. Un voto bonaerense vale la mitad que uno porteño. Este voto descalificado es inconstitucional, agrede la representación de enormes mayorías populares, y sin duda, por su composición socioeconómica, subvalora el peso político de las enormes masas suburbanas como las poblaciones de los grandes cordones del gran Buenos Aires y el gran Rosario.
La contracara del estancamiento poblacional porteño es el desborde hacia el Conurbano. La ley establecía que los números de diputados por provincia había que actualizarlos después de cada censo, pero nunca se hizo. Entonces, la realidad resultante bordea el absurdo y la injusticia. La provincia creció pero su representación quedó congelada.
Los cambios fueron extraordinarios. El caso paradigmático es el partido de La Matanza que en 1980 tenía 950 mil habitantes y hoy está rondando los dos millones. En 1960, Lomas de Zamora tenía un poco mas de 270 mil habitantes y ahora 680 mil. Es decir que más que se duplicó. Quilmes se duplicó. Merlo se sextuplicó: paso de 100 mil a 600 mil. Moreno se multiplicó por diez, de 50 mil habitantes a 520 mil. Florencio Varela paso de 41 mil a 470 mil: se multiplicó por once. En la Primera sección pasó lo mismo: Tigre creció mucho, aumento su población de 91 mil a 460 mil.
Esta avalancha poblacional tiene muchas razones que las explican pero lo cierto es que el sistema representativo que nos rige no se adecuó a la nueva realidad.
Después de las elecciones del 7 de septiembre los voceros libertarios salieron con consignas denigratorias contra los habitantes del conurbano. En su infinita ignorancia los imaginan como indios que cagan en baldes. La avalancha de votos peronistas la viven como un malón.
Más allá de estos imaginarios discriminatorios, lo real y objetivo es que los grandes conglomerados conurbanos de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, viven bajo la doble cadena de una representación doblemente devaluada: a nivel provincial y a nivel nacional.
El problema, a priori, no debería ser difícil de resolver porque tanto las constituciones provinciales como la Constitución Nacional establecen los mecanismos de actualización. Claro que la realidad nunca es sencilla y uno puede adivinar cual será la reacción si se le dice a los porteños que van a tener menos diputados porque le corresponden a la Provincia de Buenos Aires, o qué pueden llegar a decir los distritos del interior bonaerense si se les quita diputados para dárselos al conurbano. Sin embargo, no hacerlo, es la peor opción.
¿Cuanto influye este desequilibrio político en su correlato económico? Es difícil saberlo, pero es indiscutible que deja a amplios sectores populares con menos herramientas para defenderse.
