Los empresarios piden cambiar plata por sobreseimiento

Justicia para ricos. No hay otra forma de calificar a la audiencia de este viernes, en Comodoro Py, donde 50 o 60 empresarios ofrecerán plata para “extinguir la acción penal” en su contra en la causa conocida como Cuadernos. Figuran nombres muy conocidos, como el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra; Enrique Pescarmona, Ado Roggio y otros 30 que, según argumentan, pusieron dinero para la campaña electoral, no coimas, o que se consideraron extorsionados por los funcionarios o que pagaron por orden de los dueños de su empresa. A cambio de esquivar el juicio y resultar absueltos, todos ellos ofrecen montos que están en línea con lo que les embargaron en su momento: cifras que van de 150.000 dólares a algo más de un millón de dólares. 

El aparato de Comodoro Py parece jugar a favor de esta movida porque quieren apuntar los cañones contra los exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner y, en especial, contra ella misma, pese a que no hay un solo testimonio o declaración en la que a ella se la mencione recibiendo dinero. Algunos de los bolsos quedaron en manos de un exsecretario, Daniel Muñoz, ya fallecido, a quien se le encontraron cuentas y bienes en el exterior.  En la audiencia, la fiscal Fabiana León se opondrá a cambiar plata por sobreseimientos y lo mismo hará la Unidad de Información Financiera (UIF), pero el rumor es que el Tribunal Oral y, en todo caso la Casación, le darán vía libre al pacto cuyo único objetivo es concentrar la ofensiva judicial-política en el kirchnerismo y hacer zafar a los empresarios

 
Este viernes, a las 9.30, se iniciará la audiencia convocada por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, éste último ilegalmente puesto a dedo en ese cargo por Mauricio Macri. La voz cantante la tendrán la fiscal León, considerada en el edificio de Retiro como la más anti-K, y Paul Starc, el titular de la UIF, designado por el actual gobierno de Javier Milei. Como los imputados son más de 100, esta audiencia y todas las demás se harán por zoom, de manera remota.

Las maniobras para favorecer a los empresarios vienen desde hace tiempo. Por ejemplo, Paolo Rocca y los ejecutivos de Techint fueron beneficiados de manera insólita con un sobreseimiento con la excusa de que efectivamente pusieron dinero, pero fue por razones humanitarias: sus trabajadores de la empresa Sidor, en Venezuela, estaban en peligro, y entonces ellos les pagaron a los funcionarios del Ministerio de Planificación para que negocien con sus pares venezolanos y se estatice la empresa siderúrgica de manera pacífica.

 
La jugada empresaria siguió este agosto-septiembre: los dueños o ejecutivos de compañías presentaron distintos escritos pidiendo acogerse al artículo 59, inciso 6 del Código Penal, que establece que “la acción penal se extinguirá por conciliación o reparación integral del perjuicio”. O sea, pagar y ser absueltos.

Todos exponen distintos argumentos:

*Están los que dicen que son inocentes, que la acusación es falsa, pero que por razones de salud o de edad, prefieren ser absueltos a cambio de dinero.
*Están los que sostienen que aportaron dinero, pero para campañas electorales, aunque el aporte --afirman-- no fue del todo voluntario. Que hubo presión. Sería un delito electoral, menor.
*Y están los que afirman que los funcionarios integraban una asociación ilícita, que ellos fueron extorsionados, y que fueron víctimas de aprietes.
*Finalmente, también hay algunos exfuncionarios que piden el acuerdo económico, virtualmente con la misma postura: terminar con la acusación en su contra. 

El argumento que todos exponen es que la causa durará diez años porque son muchos acusados, muchos testigos, muchas pruebas y que cambiar plata por sobreseimientos es la vía más corta para ponerle fin el proceso.

Los que dan batalla
 
Frente a ese proceso de arreglar por plata, hay unos pocos empresarios que no pidieron su adhesión al acuerdo, sino que se plantan en las descomunales irregularidades del expediente. Lo mismo, la mayoría de los exfuncionarios. 

*En primer lugar, el expediente fue armado por un juez --Claudio Bonadio-- que era claramente incompetente. Se apropió de la causa argumentando que era conexa con otra --compra de Gas Natural Licuado-- que no tenía la menor relación. De esa manera, armaron un dúo con el fiscal Carlos Stornelli, que fue denunciado por extorsionar a los imputados: los metieron presos y les exigían que declaren contra Cristina Kirchner para que recuperar la libertad. La maniobra se redondeó con una frase que terminó siendo famosa: “no hay sortijas para todos”, como un apriete para que "aprovechen la oportunidad, agarren una sortija",  apunten contra la expresidenta y “duerman con sus familias”, como les decían a los imputados.
*El expediente arrancó con fotocopias de cuadernos y con una declaración del autor, Oscar Centeno, afirmando que los originales los quemó en una parrilla. Después, pocos días antes de las elecciones, apareció una parte de los cuadernos sin ningún vestigio de fuego. Nunca pudieron explicar semejante maniobra.
*Las pericias demostraron que hubo 1.400 tachaduras, cambios, uso de líquido corrector y la mano de otra persona, tal vez Jorge Bacigaluppo, expolicía, amigo de Centeno. Pero, sobre todo, las pericias sugieren que la parte en que el chofer habla de plata y bolsos fue dictada, porque se usa otro vocabulario y está escrita a otro ritmo, con otra intensidad.

El juicio, por lo tanto, será una batalla para invalidar toda la instrucción hecha por Bonadio-Stornelli, los cuadernos como prueba y las declaraciones de los “arrepentidos”. Es más, todos los que “confesaron” deberían volver a declarar en las audiencias y, además, se menciona que algunos concurrieron a escribanías para dejar en claro que lo que declararon como arrepentidos fue falso. Es cierto que la cancha inclinada de Comodoro Py y, en general, la alianza judicial-política-mediática, alineada con el macrismo y con los empresarios, hará sentir todo su peso. 

 
La acusación contra Cristina se centra en que Centeno y algunos empresarios dicen que entregaron dinero en el edificio de la calle Uruguay. Cristina nunca estuvo en ese domicilio entre 2003 y 2015, según el testimonio del encargado. En esa misma declaración, Víctor Sancho, sostuvo que el único que concurría era el exsecretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, fallecido en 2016, a quien sí se le encontraron cuentas en Andorra y propiedades en Estados Unidos. Pese a que hasta los fondos buitres intentaron encontrar cuentas o propiedades no declaradas, nada se le encontró ni a CFK ni a Julio De Vido ni a Roberto Baratta, los principales imputados en el expediente.