Desde que asumió el actual Gobierno nacional, se perdieron dos empleos privados registrados por cada puesto estatal que Javier Milei eliminó con la motosierra. Aunque el presidente asumió con el discurso de enfrentar a “la casta”, en los hechos el ajuste sobre el empleo público sirvió como señal de lo que también podían replicar los privados. Milei no combate el desempleo; por el contrario, la recesión interna agrava la destrucción de puestos de trabajo y dificulta la creación de nuevas empresas y oportunidades laborales.
La fragilidad del modelo económico impulsado por el gobierno, especialmente en su dimensión social y en la capacidad de generar oportunidades de progreso, quedó en evidencia en las elecciones del pasado domingo en Buenos Aires, la provincia más afectada por los despidos desde la asunción de Javier Milei. En lo económico, el panorama es crítico: el modelo no cierra en lo macro y suma cada vez más dificultades en lo micro.
El día a día de las familias es complejo, mientras que Milei prometió hacer las cosas difíciles para la casta. Sin embargo las y los senadores dispusieron un nuevo aumento en sus dietas, que llegarán a fin de año a los 10,2 millones de pesos. En tanto, se despide a trabajadores del Estado nacional. Desde noviembre de 2023 a julio de 2025 se perdieron 55.696 puestos en la administración pública nacional, según advierte un reciente informe del Instituto Argentina Grande (IAG). Y quienes conservan sus puestos de trabajo llevan perdido un 30 por ciento del salario real desde noviembre de 2023.
Pero el achique del sector privado es aun más fuerte que del sector público: en la actividad privada registrada se perdieron 98.800 puestos de trabajo en el período que analiza el IAG. Es decir que por diez puestos perdidos en la administración pública nacional, se perdieron 18 en el sector privado registrado.
Desde el punto de vista del empresario privado, la política de ajuste estatal habilita la utilización del despido como herramienta de ajuste frente a la capída de su actividad. En siutuaciones de conflcitos, por otra parte, el Gobierno nacional abaondonó por completo el oficio de mediador que le asigna la ley. Julio Cordero, al frente de la Secretaría de Trabajo, no sólo proviene de la actividad privada en la cual ejercía como abogado laboralista de las patronales, sino que lo hacía en el principal conglomerado empresario del país, el Grupo Techint, que en varias empresas ya aplicó despidos y otras formas de reducción de personal como una forma de adecuación a la crisis.
La actividad industrial y la economía en su conjunto dan muestras de agotamiento. En julio la producción industrial cayó 2,3 por ciento respecto a junio, y fue la segunda caída consecutiva en la comparación mensual, según datos publicados ayer por Indec. Mientras el estimador mensual de la actividad marcó una contracción del 0,7 por ciento en junio respecto a mayo, y ya había arrojado caídas durante todos los meses previos (con la excepción de febrero y abril).
A nivel sectorial, la pérdida de puestos de trabajo en el sector privado registrado fue más grave en la construcción (donde se computan 59.800 empleos menos sólo dentro del conjunto de trabajadores registrados) y en la industria (donde hay 33.100 empleos menos con respecto a noviembre de 2023). Le siguen en relevancia del impacto sufrido el sector de transporte (11.200 puestos menos) y los servicios comunitarios (10.900). Según refiere el informe de AIG, sólo aumentaron el el empleo comercio, agricultura y pesca.
Si se surfea en los datos la administración pública, el ajuste de trabajadores se concentró, sobre todo, en las empresas y entes que el gobierno declaró querer privatizar (o cerrar): el Correo, ARCA, Ferrocarriles, Banco Nación, Aerolíneas, AYSA , ANSES y CONICET. Los despidos en estos entes o empresas representan el 34 por ciento de los puestos recortados del sector público nacional.
