Fentanilo contaminado: allanan organismos de control y viviendas de funcionarios

El juez Ernesto Kreplak --a cargo de la investigación por el fentanilo contaminado-- ordenó este lunes siete allanamientos en las sedes centrales de organismos encargados del control de medicamentos y en los domicilios de los responsables de estas instituciones, entre ellos el de Nélida Agustina Bisio, directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), a quien le secuestraron el teléfono celular. En paralelo, familiares de las víctimas presentaron una carta pública dirigida un diputado de La Libertad Avanza para reclamar por el avance de la conformación de una comisión investigadora en el Congreso Nacional, proceso demorado por representantes legislativos del Poder Ejecutivo. 

Según fuentes del Juzgado Federal N°3 de La Plata, los siete allanamientos se realizaron este lunes en las dos sedes de la Anmat, en el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y en cuatro domicilios de responsables y exresponsables de estas instituciones. Además de la casa de Bisio, el operativo incluyó la residencia de Gabriela Mantecón Fumadó --exdirectora de Iname que fue desplazada del organismo el mes pasado--, de Ana Laura Canil --directora de Fiscalización y Gestión de Riesgo del Iname--, de Mariela Baldut --directora de Poscomercialización y Acciones Regulatorias del Iname--, y de Maximiliano Carlos Lalin, jefe de Departamento de Inspectorado del Iname. 
 
“El objeto de los procedimientos, tanto de órdenes de presentación como de allanamientos, en su caso, es preservar elementos de prueba de carácter documental así como también los dispositivos celulares de los funcionarios involucrados, con relación a las eventuales responsabilidades de la autoridad sanitaria en la materia derivadas de la fabricación, comercialización y falta de recupero del fentanilo HLB contaminado”, precisaron fuentes del juzgado. También adelantaron que “los celulares ya los están abriendo en la DATiP", la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal.

Los operativos ordenados por Kreplak van en línea con lo solicitado por la fiscal de la causa, María Laura Roteta, y por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quienes en su dictamen apuntaron a “posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias que pudieran existir en los órganos de control en la materia bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional”. Cabe recordar que luego de este dictamen, Kreplak ordenó la revocación del Ministerio de Salud como querellante.

 
Mientras tanto, el oficialismo demora las reuniones de comisión en la Cámara de Diputados para que se conforme una comisión investigadora. Familiares de víctimas del fentanilo presentaron este lunes una carta pública dirigida al diputado de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz, que preside la comisión de Asuntos Constitucionales, de la cual depende que se llegue a un dictamen para tratar los proyectos en el recinto.

“Entendemos que la carta ya le llegó porque se la mandamos por distintas vías, pero todavía no recibimos respuesta directa de él”, dijo a Página/12 Alejandro Ayala, hermano de Leonel, víctima fatal del fentanilo. “No tenemos una pertenencia partidaria. Queremos que los proyectos se traten en el recinto lo antes posible y que participen todos los bloques del debate, para que se conforme una comisión investigadora amplia y se avance lo más rápido posible”, sostuvo Ayala. También advirtió que “se ha demostrado un interés político por parte del oficialismo de no avanzar con la convocatoria, de dilatar lo máximo posible. Esto es urgente, no podemos esperar más”.

 
En la carta, los familiares apuntaron a que la falta de una convocatoria por parte de Mayoraz “prolonga la conformación de la comisión investigadora, retrasando al menos 20 días el inicio de un trabajo clave para esclarecer responsabilidades y garantizar justicia”. “Cada día sin avances significa mayor incertidumbre y dolor para las familias afectadas”, añadieron luego y subrayaron que, a pesar de la demora, “confiamos en su compromiso con la justicia y la protección de la sociedad frente a la tragedia del fentanilo adulterado”.

Los familiares destacaron la celeridad con la que se convocó a dos reuniones en la comisión Peticiones, Poderes y Reglamento, en las que se debatieron los cuatro proyectos de ley para conformar la comisión investigadora, y de las cuales participaron los familiares. Sin embargo, si Mayoraz no convoca a las reuniones de rigor en Asuntos Constitucionales, los proyectos corren el riesgo de “diluirse en diciembre con el cambio de composición en la Cámara”, afirman en la carta. Los familiares, empero, apuestan a que el oficialismo reaccione ante la misiva para "asegurar que la convocatoria se realice la semana siguiente, evitando demoras que puedan afectar la investigación y justicia para las familias afectadas".

 
En otro comunicado subrayaron que “lo que debería ser una respuesta inmediata del Congreso frente a una tragedia sanitaria y judicial, se ha transformado en un bloqueo institucional deliberado que prolonga la impunidad y agrava el dolor de las familias”. “Pedimos que el Congreso cumpla su rol --continuaron--, que se convoque a las comisiones y vote la conformación de la Comisión Investigadora. Cada día de silencio será recordado como un día más en que el Congreso le dio la espalda a la verdad y a la justicia que busca las familias”.