Se cumplen 3 años de uno de los hechos más siniestros de la historia argentina: el intento de asesinato a la dos veces presidenta, vicepresidenta en ejercicio y, a su vez, la dirigente más perseguida y hostigada de nuestro país en democracia.
A Cristina Fernández de Kirchner la estigmatizaron y difamaron durante años. No respetaron ningún límite, ni siquiera cuando tuvo que atravesar tragedias o momentos de enorme dolor personales y familiares.
El odio voraz, la crueldad brutal, no ha tenido en el derecho, en la justicia, ni en el mismísimo sistema democrático un freno que la proteja de semejante violencia en todos los planos: a Cristina no le respetaron sus derechos cuando la persiguieron judicialmente como acusada y tampoco se los respetaron como víctima. Ni siquiera como mujer, algo que en el mundo de los varones del poder generó especial ensañamiento.
En efecto y a pesar de las sucesivas advertencias, se terminó pasando de la violencia de la retórica, a la física; de los discursos de odio a una pistola en la cabeza que se gatilló y que sólo por un milagro le permitió a la ex presidenta continuar con su vida.
La investigación y el juicio que se inició aquel día, al igual que otros juicios que comprendieron la figura de CFK, no ha ocupado el interés de los medios masivos de comunicación. Ya no resulta novedoso, ni curioso: con Cristina la mayoría de los medios guionan y multiplican ficciones para ocultar hechos y verdades. La invisibilización como estrategia para decir cualquier cosa.
Por eso la sociedad desconoce el inefable accionar de la jueza federal María Eugenia Capuchetti que desde el inicio de la causa cometió cuanta torpeza pudo, bloqueó líneas de investigación clave y dejó pasar pruebas fundamentales, que luego se tornaron irreproducibles. Y en cuanto apareció una posible vinculación política (pista Milman) que debía investigarse con toda rigurosidad, ya sea para confirmarse o descartarse, se tiró encima de la granada y desplegó un “encubrimiento” pocas veces visto y del que cuesta imaginar la motivación para semejante desastre.
De la causa paralela, la que investiga el financiamiento y otros posibles autores intelectuales vinculados a organizaciones violentas disfrazadas de pseudo organizaciones políticas de derecha, creadas meses previos al atentado, financiadas y disueltas al otro día, pese a las pruebas determinantes e irrebatibles, nada se sabe.
Otra vez, como se hizo con la causa principal, se pretende llevar a juicio al eslabón más débil de la cadena, los integrantes de “Revolución Federal”, para “continuar investigando” (léase garantizando impunidad) a los más poderosos quienes tienen vinculación directa con actores de la política argentina: por caso la empresa Caputo Hermanos, que financió de manera inexplicable a Jonathan Morel, líder de la agrupación y quien dos semanas antes del atentado explicó por redes sociales como había que hacer para matar a CFK (exactamente la misma mecánica del hecho que aplicaron Sabag Montiel y Brenda Uliarte, esta última con probados vínculos con la agrupación y el propio Morel).
Recapitulando: Caputo Hermanos, una de las desarrolladoras inmobiliarias más grandes del país, contrató para equipar con muebles un edificio entero de departamentos en la provincia de Neuquén, a un muchacho que estaba aprendiendo carpintería por Youtube en Boulogne, provincia de Buenos Aires. Era tan nuevo en el negocio, que Morel y sus novias debieron tramitar por primera vez en su vida la inscripción ante AFIP para obtener el monotributo y poder emitir sus primeras facturas a una empresa a la que de seguro le sobran proveedores calificados. Así, Morel cobró más de una decena de millones de pesos entre marzo de 2022 y 48 horas antes del atentado. Luego abandonó la incipiente carrera de carpintero y se fue a trabajar de camarero a un bar. Todo muy normal para la justicia argentina.
Todo esto, fue posible porque “Comodoro Py” aplicó la ya tradicional estrategia de partir las investigaciones en pedacitos para que nada tenga sentido ni se puedan conocer las relaciones ni conectarse los hechos. Pasó con el atentado a la AMIA, la más vergonzosa y criminal actuación de la justicia argentina en la historia reciente de nuestro país.
Ocurrió también con la persecución judicial contra CFK, acusada de liderar 3 o 4 asociaciones ilícitas al mismo tiempo, de direccionar fondos que en una causa eran para una cosa, en la otra eran para otra, en una el origen tenía un sentido y en la otra tenía otro. Todo ello mientras se hacía de tiempo para gobernar el país y transformar política y económicamente la vida de millones de personas.
Todo un auténtico disparate inexplicable. Pero nadie reparó ni se escandaliza por semejantes incoherencias. Lo más grave que se perdió en la justicia argentina en la última década fue el sentido común y así se fueron justificando arbitrariedades y violando derechos elementales para cumplir con inescrupulosos intereses.
Nada ni nadie en ese edificio pudo ni quiso poner coto y racionalidad a semejante zafarrancho jurídico.
Este nuevo aniversario de su atentado se cumple a tan solo 6 días de que se realicen las elecciones en la provincia más importante del país y en la que Cristina, luego de haber anunciado su candidatura para la tercera sección electoral, fuera proscripta y sacada de la cancha escandalosamente por una resolución de la Corte (no puede catalogarse ni como fallo o sentencia por la debilidad de su argumentación jurídica) que se ha movido en sincronía con el calendario electoral y que ha sido obediente a las órdenes que emiten diversos sectores del poder que -desde hace una década- trabajan para que Cristina no pueda ser nuevamente elegida por su pueblo. Presa o muerta.
La ex presidenta fue víctima de un juicio que no tuvo jueces imparciales, que no respetó el derecho de defensa, y de una Corte que, en ningún país del mundo, ni en los regímenes más autoritarios, está integrada sólo por tres personas que toman decisiones tan bochornosas como ilegales. Los títeres de la farsa en que convirtieron a la justicia argentina.
Una Corte que pudo moverse con este nivel de calamidad e impunidad porque en Argentina las instituciones vienen degradándose de manera estrepitosa desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia en 2015. Con el desembarco de la Libertad Avanza este deterioro se profundizó y ahora los argentinos asistimos atónitos al desmantelamiento del Estado, al desguace de organismos de control, la parálisis de designaciones y vacantes judiciales para intentar mejorar los servicios de justicia y como si no fuera suficiente vemos a un presidente que utiliza el insulto a diestra y siniestra a periodistas, artistas, niños con discapacidad, opositores y un largo etcétera y, ahora, nos enteramos que todo eso pasa mientras se reparten la guita de los argentinos en coimas para beneficios personales.
Del milagro de Cristina viva se pasó a esta tragedia nacional.
Esta es la Argentina que proponen luego de meter presa arbitraria e ilegalmente a la principal opositora, a la dirigente con más votos, a quién mejor representó a su electorado, a la presidenta que dejó un país desendeudado e integró en la distribución de la riqueza a los trabajadores, a la mujer que en su gobierno creó decenas de universidades; invirtió en ciencia y tecnología repatriando científicos, envió satélites argentinos al espacio, convirtió en ley la AUH pero sobretodo y especialmente, ordenó un país y la vida de argentinos y argentinas, con trabajo, con más derechos garantizados: en definitiva, con la posibilidad de que la mayoría de las y los argentinos pueden vivir cada día un poco mejor en su tierra, en su propio país.
Por estas razones la quisieron muerta o presa. Pero Cristina está “insoportablemente” viva, baila en su balcón cuando la gente pasa por su casa a expresarle su cariño y gratitud, sigue representando los intereses de los más postergados y su grandeza va ensanchando su lugar en la historia.
Porque algunos no pueden pisar la calle porque el pueblo los abuchea y desprecia, a otros frente al amor del pueblo el poder necesita encerrarlos.
Una historia de amor con el pueblo que no se acaba y solo encontrará justicia cuando recuperemos la democracia y nos devuelvan la libertad de poder volver a votarla.
*Juan Martín Mena es Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
