Fuerte suba en el riesgo país

El Gobierno está urgido por bajar el riesgo país para conseguir financiamiento para afrontar la deuda, pero el clima es cada vez más tenso.

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El riesgo país escaló este martes a 829 puntos, el nivel más alto desde abril, en un escenario marcado por la volatilidad y la incertidumbre política. Los principales indicadores financieros mostraron leves recuperaciones en algunos sectores, aunque las tensiones siguen dominando la escena. Después del “lunes rojo” que dejó a los mercados golpeados por el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y la presión electoral, los bonos en dólares y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York ensayaron un rebote muy acotado.

En la Bolsa porteña, el S&P Merval avanzó apenas un 0,7 por ciento para cerrar en 2.036.999 puntos, aunque acumula en agosto una caída superior al 13 por ciento. Entre los ADRs que cotizan en Wall Street, las alzas más importantes fueron las de Transportadora de Gas del Sur, con un 4,2 por ciento, Grupo Supervielle (2,8) y Edenor  (2,3), reflejando un movimiento defensivo en algunos papeles, más ligado a oportunidades puntuales que a un cambio real de expectativas. En el segmento de renta fija los movimientos fueron desparejos: el Bonar 2041 bajó 0,7 por ciento y el Global 2041 retrocedió 0,4, mientras que el Global 2029 subió 1,4 y el Global 2046 un 1 por ciento, dejando en claro que el mercado aún no encuentra una dirección sostenida. 
 
El dólar mayorista, que en los últimos días venía acumulando subas, se tomó un respiro y cortó una racha de cuatro alzas consecutivas al retroceder 5,5 pesos, equivalente al 0,4 por ciento, para cerrar en 1356,50. El promedio minorista se ubicó en 1.377,12 y en el Banco Nación permaneció estable en 1370 pesos. En las cotizaciones financieras se registró una leve baja: el MEP cedió 0,4 por ciento hasta 1356,92 y el contado con liquidación cayó 0,3 por ciento hasta 1358,42. El dólar blue, en cambio, permaneció sin cambios en 1365.


La calma relativa en las cotizaciones cambiarias contrasta con el creciente malestar en el sistema financiero por la suba de encajes que dispuso el Banco Central. La medida obliga a inmovilizar el 53,5 por ciento de los depósitos, lo que implica que más de la mitad de los pesos captados por los bancos deben quedar depositados en el propio Banco Central sin posibilidad de ser prestados. El incremento fue leído como una presión adicional para que los bancos canalicen liquidez hacia instrumentos del Tesoro y expuso a la vez el desgaste en la relación entre el Gobierno y las entidades financieras. Pese a que la autoridad monetaria alivió el impacto permitiendo integrar una fracción menor en efectivo, las cámaras del sector sostienen su rechazo y anticipan un encarecimiento de la liquidez, lo que en última instancia se trasladará al costo del crédito para familias y empresas.

 
En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, avanzó con nuevos controles sobre las tasas y las cauciones bursátiles. Se estableció un esquema de monitoreo en tiempo real de operaciones, volúmenes y precios, en coordinación con la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central. El objetivo es reducir la volatilidad del dólar y evitar maniobras especulativas en un mercado que moviliza más de dos billones de pesos por mes con tasas que llegan al 86 por ciento anual en operaciones de muy corto plazo. 

La vigilancia reforzada se da en un momento especialmente sensible, ya que el desarme de carteras ocurre a pocas semanas de dos fechas electorales clave: el 7 de septiembre y el 26 de octubre. Estas medidas, junto con el alza de encajes, apuntan a secar la plaza y mantener a raya la presión cambiaria, aunque en el sector privado advierten que también se incrementan los riesgos de distorsión y que la sobrerregulación puede terminar ahuyentando capitales que aún permanecen en el circuito.

 
A esa estrategia se suma la decisión del Tesoro de ofrecer al mercado un menú de Lecaps, bonos dólar linked y títulos TAMAR, con vencimientos concentrados entre septiembre y febrero de 2026, en una licitación clave prevista para este miércoles. Con un calendario de vencimientos que ronda los 9 billones de pesos en la semana, el Gobierno busca absorber liquidez y extender los plazos más allá del período electoral.

En los últimos días se concretó un canje de Lecaps por 5 billones de pesos, lo que despejó parcialmente los compromisos inmediatos, pero todavía resta enfrentar pagos por 13,7 billones hasta fin de mes. La estrategia consiste en restringir la oferta de papeles cortos y concentrar la demanda en plazos que se ubican después de los comicios. Caputo defendió la política de tasas altas como una reacción endógena de los mercados y minimizó su impacto sobre la actividad en el mediano plazo, aunque reconoció que la estabilidad cambiaria es la prioridad hasta que se definan los resultados electorales.