Definen el futuro del sistema SGR

La Cámara de Diputados define el futuro del sistema de Sociedades de Garantía Recíproca, un régimen que respalda a 43.000 pymes en todo el país. El debate girará en torno a si se mantiene o se rechaza el veto presidencial al artículo 10 de la ley de Incremento Excepcional para Jubilaciones y Pensiones, que eliminaba la exención impositiva a los aportes que sostienen a las SGR. La votación tendrá impacto directo sobre el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, pero también sobre los ingresos de jubilados y pensionados, ya que la recaudación se destinaría a cubrir un aumento del 7,2 por ciento en los haberes.

En el congreso adjudican esta propuesta al diputado Nicolás Massot, quien no respondió a las consultas. La dimensión del tema es significativa. Según la fundación Mediterránea y datos de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, las compañías que acceden a avales a través de las SGR representan cerca del 8 por ciento del total de empresas argentinas y alrededor del 40 por ciento dentro del universo pyme. En conjunto sostienen más de 500.000 puestos de trabajo y gestionan créditos por más de 3 billones de pesos.

 
Impacto

La eliminación del beneficio podría alterar esas condiciones de financiamiento y dejar a muchas empresas con serias dificultades para acceder a crédito en un contexto recesivo.

El régimen de exención, sin embargo, no es gratuito. El Estado resigna 136 millones de dólares anuales, el equivalente a 0,027 por ciento del Producto Bruto Interno, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. En este caso, el argumento a favor de la eliminación es que la recaudación extra se destinaría a jubilaciones, un sector que viene perdiendo poder adquisitivo de manera sostenida.

 
Otro punto que alimenta la controversia es quiénes se benefician más con la exención. Las SGR funcionan gracias a los aportes de grandes compañías, bancos, sociedades de bolsa, multinacionales y empresas de energía, además de algunos inversores individuales. Esos aportantes obtienen ventajas impositivas, mientras que los avales canalizan financiamiento hacia pymes de distintos sectores. Se trata de un mecanismo en el que el costo lo asume el Estado y la renta mayor recae en actores económicos de gran tamaño.

Desde el sector empresario defienden con fuerza la continuidad del sistema. Actualmente operan 46 SGR en el país, que permiten a las pymes acceder a financiamiento hasta un 25 por ciento más barato que el crédito tradicional. “El sistema transforma a un no sujeto de crédito en sujeto de crédito. Lo probamos con 100.000 pymes a lo largo de 30 años. El costo es mínimo frente al derrame que genera en empleo, inversión e impuestos”, aseguró Rafael Galante, presidente de CRECER SGR.

 
El dirigente remarca que la pérdida del beneficio sería un golpe muy duro para la producción y el entramado pyme, en un contexto en el que la recesión ya deteriora las ventas, la cadena de pagos y la creación de empleo.

En debate

Pero también hay miradas que relativizan estos beneficios. Hernán Letcher, economista y director del Centro de Economía Política Argentina, sostiene que “el costo para el Estado de ese financiamiento es alto y lo aprovechan sobre todo los bancos y las SGR que cobran comisiones excesivas. No todo se traduce en beneficio para las pymes”.

 
Sin embargo, Letcher advierte: “Hacerlo de un día para el otro puede generar problemas en la cadena de pagos si las SGR cortan el financiamiento, por lo que es necesario generar una transición”.

El debate, entonces, excede lo técnico. De un lado, la posibilidad de preservar un esquema que en tres décadas amplió de manera notable el acceso al crédito pyme, en un país donde la banca tradicional muestra fuertes restricciones para ese segmento.

Del otro, la decisión de reducir un beneficio tributario cuestionado por favorecer a grandes aportantes y usar esos recursos para reforzar los ingresos de jubilados y pensionados.

La sesión se anticipa reñida. El oficialismo necesita sostener los vetos presidenciales, mientras que la oposición busca reunir la mayoría especial para revertirlos. El resultado definirá si se preserva la exención que sostiene al sistema de garantías recíprocas o si se prioriza el objetivo de reforzar las jubilaciones y pensiones en un contexto de pérdida del poder adquisitivo. Las pymes, que ya vienen siendo muy castigadas por el esquema económico libertario, seguirán el tema de reojo.