Desalojo en un espacio de mujeres y disidencias en Palermo

“No sabemos donde están nuestras cosas”, dice María Medrano, integrante del Colectivo YoNoFui que trabaja con mujeres y disidencias en situación de encierro y liberadas.  En la mañana de este jueves se enteraron de que el lugar donde funcionaba Bell había sido desalojado en la calle Bompland 1660. Bell es un proyecto de integración laboral del Colectivo YoNoFui que brindaba talleres de estética y cuidados corporales y en donde se capacitaron mujeres que habían salido de la cárcel.

El desalojo fue realizado por el Gobierno de la Ciudad, que afirmó que se trata de un espacio ocupado por el Movimiento La Dignidad. La organización YoNoFui tiene otra versión de los hechos y argumenta que se trata de un desalojo cargado de estigmatización y persecución política.

 
Desde YoNoFui afirman que se trata de un desalojo ilegal: “El procedimiento se llevó a cabo bajo el amparo del art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de CABA que faculta a la Administración a utilizar la fuerza, sin intervención judicial, sólo cuando exista riesgo de derrumbe o exista peligro por cuestiones de salubridad. Claramente, no es el caso”, dice el comunicado que difundieron esta tarde.

El espacio donde funcionaba Bell fue remodelado hace tres años a través de un financiamiento del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. El lugar es parte de una red de tejido comunitario que la organización viene llevando adelante desde hace 20 años. “Fue nuestro primer espacio, cedido en el año 2005 por el Taller Popular de Serigrafía, un lugar constitutivo para nuestro colectivo, un refugio en el que funcionó el primer taller de Poesía, Costura y Encuadernación para mujeres que recuperaban su libertad”.

 
La red y el trabajo de la organización tiene 23 años y un activismo que incluye una escuela de artes y oficios con talleres dentro y fuera de los penales; una cooperativa de trabajo y una editorial. 

YoNoFui es una de las organizaciones que acompañó a Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente de la masacre de Barracas. El año pasado abrió la Casa Andrea, una vivienda colectiva en donde actualmente viven 10 personas, entre ellas Sofía.

“Esto es un embate del gobierno de la Ciudad contra el tejido y la militancia transfeminista. Vinieron a desalojar sin ninguna intimación y diciendo que se trataba de un spa de un movimiento social al que no pertenecemos. Nombrando referentes que no son nuestros, con el fin de usar el hecho como herramienta de campaña y persecución política”, dice Alejandra Rodríguez, parte del colectivo.

Por su parte, Rafael Krezjler , referente de La Dignidad afirmó que Juan Grabois no está vinculado a la organización y que confluyen en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que contiene más de 100 organizaciones en todo el país.