Lanzan una campaña para derogar los decretos que permiten privatizar AYSA

Tras conocerse los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 493/2025 y N° 494/2025 que habilitan el avance privatizador sobre Aguas y Saneamientos Argentinos S.A (AYSA) y graves vulneraciones al derecho humano al agua, se inició una fuerte campaña de rechazo y pedido de derogación. En un manifiesto firmado por profesionales, académicos, investigadores, docentes así como organizaciones sociales y ambientales, se denunció que las modificaciones realizadas se hicieron solo para "permitir el ingreso de capitales privados a la empresa" y consolidar un procedimiento de privatización total. Los decretos tuvieron como antecedente necesario la inclusión de AYSA como parte de aquellas razones sociales sujetas a privatización en la Ley Bases.

Ataque oficial sobre el derecho de acceso al agua

 
"La provisión de agua potable no puede, bajo ningún aspecto, ser tratada como una mercancía. Es un derecho humano esencial, reconocido por la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, numerosos tratados internacionales, fallos de la Corte Suprema y nuestra Carta Magna", expresó el comunicado. Asimismo, resaltó que este derecho "debe garantizarse bajo principios de acceso universal, equidad, asequibilidad, continuidad y calidad, en el marco de una gestión pública, transparente y participativa"

Es inconstitucional que corten el agua 
Los especialistas señalaron que el nuevo marco regulatorio, al habilitar el corte de suministro de agua por falta de pago, es inconstitucional, inhumano e inaceptable ya que "el acceso mínimo al agua potable no puede ser condicionado al pago: su restricción debe contemplar umbrales de garantía vital conforme a los estándares internacionales adoptados por la Nación y jerarquizados constitucionalmente".

No obstante, los denunciantes también advirtieron que la medida se realizó mediante  un mecanismo excepcional -decreto de necesidad y urgencia- que no incluyó debate parlamentario ni participación ciudadana. Al tratarse de un tema de gran magnitud, las disposiciones lesionan "el principio republicano de división de poderes" así como "vacía de contenido la democracia representativa y viola la democracia participativa ambiental reconocida en el Acuerdo de Escazú". Esto es así porque, según expresaron, la modificación de un régimen que afecta la vida, la salud y la dignidad de millones de personas "no debe realizarse sin un amplio debate social, científico y legislativo".

 
Interés común por sobre la lógica de mercado
El comunicado aseveró que los decretos denunciados implican el avance de una lógica de mercado en la prestación de un servicio público que debe estar regido por el principio de interés común. Al respecto, no solo mencionó antecedentes en el ámbito internacional así como la historia nacional, con las privatizacionres realizadas en la década de los 90. También remarcó que la reestatización forzada de este servicio sucedió debido al fracaso del modelo. "El caso de AGUAS ARGENTINAS S.A. es emblemático: fue la privatización más grande del mundo en el sector y, luego de años de incumplimientos y desinversiones, el Estado debió recuperar el control del servicio para asegurar el acceso a millones de habitantes", expresó y agregó que en ese punto, se había puesto en peligro la salud de la población ya que el agua que era distribuida tenía altos niveles de nitrato y arsénico. 

 
Proyectos de ley para derogar estos decretos
La campaña fue impulsada días después de la presentación de dos proyectos de ley impulsados por el senador de Unión por la Patria (UP) Wado de Pedro en la Cámara alta a fin de proteger a AYSA. Las iniciativas buscan defender la propiedad estatal de la compañía, además de una declaración para garantizar el derecho humano de acceso al agua. "El agua es un recurso natural escaso y estratégico, y es un derecho humano del cual dependen la vida, la salud y el desarrollo de nuestro pueblo", afirmó el legislador. El proyecto de declaración (S‑1288/25) fue acompañado por los senadores Mariano Recalde, María Eugenia Duré, Sandra Mendoza, Alicia Kirchner, María Inés Pilatti Vergara, Jesús Fernando Rejal, Sergio Leavy y Oscar Parrilli, mientras que el proyecto de ley sumó también las firmas de José Emilio Neder y Cristina López.