Lo primero es lo primero: en el estado en que está la República Argentina, desguazada y abusada en múltiples sentidos, si hay algo que jamás se puede admitir es el retorno de cualquier forma de gobierno dictatorial.
Y es también innegable el contrasentido lógico e inadmisible de que en uno de los cinco países más ricos de la Tierra –el nuestro– imperen hoy el hambre y la desarticulación social.
Ante la contumacia de muchos funcionarios arribados de maneras irregulares, y ni se diga la acumulación de fortunas injustificables, es evidente que vastos sectores de la ciudadanía se están preguntando –en la Capital Federal y en cada una de las 23 provincias– cómo es posible que en este país, hoy, lo más consistente y duro sean los roles autoritarios y cipayos de la gran mayoría de los funcionarios del gobierno nacional, obviamente empezando por el Presidente.
Es necesario, por lo tanto, que alguien proponga de una vez que las decisiones de este gobierno no deban ser necesariamente respetadas por futuros gobiernos democráticos.
Y es que a la vista de la pérdida total de soberanía, la gran mayoría del pueblo argentino con conciencia cívica democrática acabará por no respetar ninguna de las medidas, decisiones o reglamentaciones que están imponiendo antidemocrática y autoritariamente quienes hoy encarnan y expresan los deseos, fantasías y excesos de un presidente que cada día se parece más al fascismo que a San Martín o a Belgrano.
Este gobierno sólo garantiza, hoy, el pronto futuro fracaso de un sistema que viene mostrando sus debilidades, pifias e inconveniencias a paso redoblado. Y por cuya sumisión a las peores imposiciones de la economía mundial está entregando absurdamente esta tierra, que es la más rica del planeta pero hoy empobrecedora de casi 50 millones de habitantes nativos.
La Constitución Nacional misma está mostrando sus límites, y el Poder Judicial y sus más altas investiduras dejan ver que son fácilmente corrompibles. Y peor aún, son casi unánimemente antinacionales y antipatrióticas, toda vez que en sus decisiones priman intereses y negocios foráneos y no el interés nacional.
Es insostenible que un sistema tan perverso y tan injusto siga sometiendo a toda nuestra Nación a un vaciamiento rotunda y claramente autoritario como el que enerva hoy al pueblo argentino por decisión y capricho de un presidente que, desde el mero día siguiente de su primera batería de “decisiones”, empezó a ser repudiado por vastos sectores que incluso lo habían votado.
Lo cierto es que hoy, con su extraordinaria amoralidad violenta, el Poder Ejecutivo atropella y abusa de su poderío cuasi dictatorial arrasando con todas las formas democráticas. Y cabe recordar aquí que si hay virtudes que se consideran universalmente sagradas en los regímenes democráticos son precisamente la paz social, el trabajo honrado, las relaciones pacíficas entre países y las soberanías nacionales respetables y respetadas.
Por eso resulta entre asombroso y absurdo que, aunque abusados, vastos sectores sociales todavía no se manifiesten dispuestos y decididos a la urgente responsabilidad de reconstruir la democracia –aun desde las ruinas que estos tipos nos van a dejar– y en especial la autonomía sobre nuestros bienes naturales. Urge contrarrestar todo eso que ya –hoy mismo– está atentando contra la Libertad, la Industria, el Trabajo y el Bienestar del pueblo argentino, cuya soberanía original está siendo invalidada despiadadamente.
Y es que ya es visible que dentro de 2 años, al cumplirse los 4 de mandato constitucional, este gobierno nos dejará literalmente –y expresado en palabras sanmartinianas– en pelotas. Lo que sucederá cuando estos tipos se vayan, corridos por el voto democrático, o antes si no terminan sus mandatos por las causas que sean y por el accionar popular democrático.
Por todo lo anterior el planeta entero –o sea todas las naciones de la Tierra, mantengan relaciones o no con la República Argentina– deberán ser conscientes de que nada de lo decidido por el actual gobierno será respetado ni válido constitucionalmente, toda vez que la Constitución Nacional, la Democracia, el Federalismo, el Sistema Legislativo y la impartición de Justicia no están funcionando ni con una mínima razonabilidad.
Más aún, vista la repugnante cesión del patrimonio público argentino –es decir de todas nuestras riquezas y bienes naturales– ya es de claro entendimiento en muchos gobiernos del mundo que de ninguna manera el pueblo argentino estará obligado a honrar los infames compromisos asumidos por Milei desde el 10 de diciembre de 2023 y hasta el último día de diciembre de 2027.
Es urgente, como ya piensan muchos conciudadanos, que todos los gobiernos y pueblos del mundo estén notificados de ello. Porque la decisión de Resguardo de Soberanía es y debe ser, y seguir siendo, bandera de compromiso moral del Pueblo Argentino.
Por todo lo anterior, no sobra advertir que el próximo presidente democrático podrá y deberá desautorizar todas las cesiones territoriales y de soberanías que ya ha hecho y sigue haciendo el actual gobierno. Por lo que no será respetada ninguna renuncia territorial, como ninguna medida que modifique o disminuya los Derechos de Soberanía del Pueblo Argentino vigentes al día 9 de Diciembre de 2023. Y lo cual como primer paso reivindicatorio referirá a la recuperación de las Islas Malvinas y el territorio Nacional Antártico, así como a la cancelación de la entrega de soberanía sobre todo el río Paraná, en cualesquiera formas jurídicas que encubran concesiones contrarias al interés nacional.
Es importante que el mundo entero sepa todo esto, para lo cual los restos de los partidos políticos que aún subsisten sin haber sido cooptados bien harían en hacer público que ninguna decisión antinacional tomada por el gobierno que encabeza Javier Milei será tenida por válida ni obligará a futuras autoridades. Antes y al contrario, todas y cada una de esas obligaciones deberán ser tenidas por nulas de nulidad absoluta y solamente sujetas a la voluntad popular.
Para lo cual es urgente anunciar desde ya que la Constitución Nacional de la República Argentina será revisada, rediscutida y reformada in totum mediante el respeto absoluto a esa voluntad popular. De donde ésta debería ser proclamada como primera y principal medida a tomar una vez que el actual gobierno sea desplazado por votación popular o por la única e improbable digna decisión que podrían tomar el Presidente Milei y todo el funcionariado que lo acompaña: renunciar e irse del territorio.
En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, su integración debería ser modificada ab initio del próximo gobierno democrático, con por lo menos una docena de miembros para todos los fueros y con garantías de nula eternización ya que los mandatos de sus Señorías deberían ser acotados a no más de 10 años. Que poco y nada han hecho jamás en beneficio de la Soberanía del pueblo argentino. Y entre otras muchas razones y decisiones que deberían tomarse han de figurar –sin dudas– los rescates y refuncionalizaciones de por lo menos y prioritariamente el Hospital Garrahan, Aerolíneas Argentinas, Arsat, Invap y todas las soberanías sobre aguas, subsuelos y tierras cedidas a personas o corporaciones extranjeras. Ni un solo metro del territorio argentino debería seguir como hasta ahora. Y es claro que eso –permítase a este cronista soñarlo– resumirá la recuperación de todo lo mejor de la República Argentina y su noble pueblo, hoy condenado a la inequidad, la falta de trabajo, el hambre y, encima, al perverso y violento sistema de "control social", signifique lo que significare tan cretina formulación.
