Abuelas de Plaza de Mayo le pidió a la justicia que preserve el Banco Nacional de Datos Genéticos

Abuelas de Plaza de Mayo le pidió a la jueza federal de San Martín Alicia Vence que declare inconstitucional el decreto 351 de Javier Milei a través del cual hizo que el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) pierda autarquía y autonomía –lo que pone en serio riesgo la búsqueda de los bebés robados durante la última dictadura.

Con la búsqueda de sus nietos y nietas, las Abuelas contribuyeron al avance de la ciencia. A propuesta de las Abuelas, Raúl Alfonsín creó en 1987 el BNDG. Durante dos décadas, funcionó en el Hospital Durand. En 2009, se reformó la ley y se convirtió en un organismo autónomo y autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ya no existe. Cuando se empezó a discutir la Ley Bases, hubo un acuerdo para que el Banco quedara a resguardo de la motosierra de Milei. De esa forma se previno su disolución o intervención. Sin embargo, el Gobierno decidió transformarlo, a través del decreto 351, con el argumento de que se ahorraría recursos.

El BNDG se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, advirtió Abuelas de Plaza de Mayo en su presentación. Esto se debe a tres causas principales. Por un lado, está desfinanciado. Por otro, están frenados todos los trámites judiciales y la resolución de los análisis genéticos dado que desde el 18 de mayo está vencido el mandato de su directora, Mariana Herrera Piñero, que fue designada por concurso. A eso se le suma el decreto 351 que lo convirtió en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Innovación. Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete.

Abuelas no solo pidió la nulidad e inconstitucionalidad del decreto, sino también una medida de no innovar que preserve las muestras que están almacenadas en el BNDG. Requirió, además, que se prolongue el mandato de Herrera Piñero. 

"Demorar la resolución de las investigaciones redunda en la impunidad de las y los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad, quienes permanecen durante una extensión de tiempo mayor sin poder ser identificados/as y, por tanto, sometidos/as a proceso", dice el escrito presentado por Estela de Carlotto, Lorena Battistiol --que busca a su hermano o hermana nacido en cautiverio-- y la abogada Carolina Villella.

Abuelas acudió a la jueza Vence porque en esa jurisdicción se investiga el mayor número de apropiaciones. La magistrada está a cargo de la megacausa de Campo de Mayo. En esa guarnición militar funcionaron, al menos, cinco centros clandestinos. Hubo más de 30 mujeres embarazadas privadas de su libertad y, hasta el momento, la organización logró identificar a ocho bebés nacidos allí o que pasaron por ese lugar.

 
En enero, la jueza Vence frenó la mudanza del archivo de la Armada. La Marina había habilitado entonces la destrucción de información. Se espera que en los próximos días se pronuncie sobre el pedido de Abuelas. "Nunca bajaremos los brazos. Aún nos falta encontrar a 300 nietos y nietas", afirmaron ellas.

El Gobierno de Javier Milei viene afectando la búsqueda de los bebés robados durante la dictadura. El año pasado, tanto Luis Petri como Patricia Bullrich se negaron a enviar documentación a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). En agosto, Milei dio un paso más. Por decreto eliminó la unidad especial de investigación (UEI) que funcionaba dentro del organismo y le daba la facultad de acceder a los archivos en poder del Estado.