La balanza inclinada de la Corte Suprema: acelera contra CFK y cajonea causas de lesa

La Corte Suprema tiene la balanza de la justicia muy inclinada. El trío que habita en el cuarto piso del Palacio de Justicia –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti– no tiene plazos para pronunciarse. Sin embargo, hay causas a las que puede imprimirle un trámite en tiempo record, como hizo con la condena a Cristina Fernández de Kirchner, y otras a las que puede aplicarle cronoterapia, eufemismo que usaba Carlos Santiago Fayt para referirse al cajoneo de expedientes sensibles.

No hay estadísticas acerca de cuánto tiempo tarda la Corte en revisar una sentencia, coinciden distintos expertos consultados. Eso sucede en la mayoría de las materias. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) lleva un registro acerca de qué pasa con estos expedientes –que son causas complejas e implican a actores que detentaron un poder total.

En diciembre pasado, la PCCH detectó que entre que un tribunal oral dicta una sentencia y la Corte revisa los recursos que se presentan, en promedio, pasan cuatro años. Si bien la materia es bien diferente, este dato sirve para medir la premura con la que se manejaron los cortesanos en el caso de CFK.

La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación fraudulenta el 6 de diciembre de 2022. La sentencia fue confirmada casi dos años después por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. El fallo fue dictado el 13 de noviembre del año pasado. El 21 de marzo último, la Sala IV rechazó el recurso extraordinario que había presentado la defensa de CFK. A los diez días, el caso llegó a la Corte. Estuvo únicamente dos meses y diez días. Un record para el máximo tribunal.

La situación anómala fue advertida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un comunicado que distribuyó minutos después de que se conociera la resolución de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. “En este fallo, en cambio, los tiempos de decisión de la Corte Suprema son inéditos a diferencia de otros casos que demoran absurdamente, como las confirmaciones de sentencias por juicios de lesa humanidad o causas judiciales con planteos de inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia del actual gobierno”, señalaron desde el organismo de derechos humanos.

La Corte fue siempre tiempista, pero este tribunal lo es más, sostiene una especialista en derechos humanos que conoce bien el funcionamiento del cuarto piso de Talcahuano 550. Cuando Rosenkrantz ocupaba la presidencia de la Corte, se intentó llevar una agenda pública de casos e informar cuándo iba a fallar. El ímpetu por transparentar duró poco y se volvió al oscurantismo.

Las causas por crímenes de lesa humanidad –es decir, por hechos ocurridos hace casi 50 años– son el emblema de la cronoterapia cortesana. Pese a que el sentido común indicaría que deberían darle prioridad porque ni los acusados ni las víctimas son eternos; esto no sucede. Hace tiempo que quedó claro que los expedientes de lesa humanidad no son una prioridad para la Corte, que ni siquiera contesta a los pedidos de los organismos de derechos humanos para que convoque a la comisión interpoderes que se encarga de estos juicios. Prueba de ello es que los tiempos se estiraron. En diciembre de 2019, la PCCH calculaba el plazo entre la sentencia y la revisión de la Corte en tres años y medio.

De todas formas, hay casos que exceden en mucho el tiempo promedio. Todos hablan de Jaime Lamont Smart como el gran beneficiado por la Corte y la Cámara Federal de Casación Penal, que demora la confirmación de sus sentencias.

 
Smart fue el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura. Bajo su órbita funcionaron las comisarías que operaron como centros clandestinos de detención. Smart recibió su primera sentencia a prisión perpetua en diciembre de 2012 en el caso que se conoce como “Circuito Camps”. Ese fallo aún está para ser revisado por la Corte Suprema.

“La doble vara de los tribunales con los genocidas se ve con claridad en el caso de Smart desde el momento en el que en el juzgado le notificaron conjuntamente su indagatoria con el otorgamiento de su prisión domiciliaria. Una vez condenado, le otorgaron jubilaciones especiales por haber sido juez del Camarón, que creemos que sigue cobrando al día de hoy. El argumento para no hacer efectivas medidas en su contra es la falta de firmeza de la media docena de prisiones perpetuas que tiene. Muchas de ellas duermen en la Corte Suprema”, explica Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH).

 
Son muchos los casos de lesa que esperan resolución en la Corte. En Comodoro Py ponen como ejemplo que todavía se encuentran pendientes recursos del Juicio de Plan Cóndor, que terminó hace nueve años, o de ESMA Unificada, que tuvo sentencia en noviembre de 2017.

La Corte ha sido mucho más amable con otros expresidentes. Carlos Menem fue beneficiado no solo por la “mayoría automática”. Los integrantes actuales del máximo tribunal tuvieron oportunidad de beneficiarlo en agosto de 2017. En 2011, Menem fue absuelto por el caso de las armas a Croacia y Ecuador. A los dos años, la Casación ordenó condenarlo. A los seis años, la Corte dijo que otra sala de Casación debería revisar la sentencia. En ese mismo momento, también revocó por arbitrario un fallo de la Cámara Nacional Electoral que le impedía competir como senador por La Rioja.

Mauricio Macri suele moverse en los tribunales como pez en el agua. Desde marzo del año pasado, la Corte tiene los recursos contra el sobreseimiento del líder del PRO en la causa por el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. Si bien no es una condena funciona como tal porque impide que se continúe con la investigación. 

 
"La justicia para CFK viajó en ascensor. En cambio, la justicia para Macri viaja a babucha hacia el sótano de la democracia. Jueces amigos que compartían el pádel o el fútbol y otros que fueron designados por él mismo están ahí para protegerlo y blindarlo. Con CFK, ese ejército de jueces estuvo para cumplir un solo mandato: sacarla de la cancha", se queja la abogada querellante Valeria Carreras.

Como señaló el CELS en su comunicado, el máximo tribunal no hizo ningún esfuerzo por evaluar la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 –que desreguló la vida de millones de personas en favor de las grandes empresas. Ese comportamiento omisivo fue denunciado por CFK, que acusó al triunvirato supremo de funcionar como una guardia pretoriana de los grandes grupos económicos.