El avance de la represión: la detención de Grabois y la ilegalidad como norma

La escalada represiva y persecución llegó a un punto extremo el sábado cuando el dirigente opositor Juan Grabois (candidato a presidente en 2023) fue detenido debido a “directivas de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el presidente Javier Milei”. Las formas irregulares en la detención de él y Valentín Peralta cuando quisieron evitar la disolución del Instituto Juan Domingo Perón en Recoleta demuestran una escalada represiva del Ejecutivo.

Este nuevo avance represivo del Gobierno sucede mientras el Presidente está nuevamente de viaje y se encuentra en Madrid cantando “Muerte al socialismo” y a los socialistas. El autoritarismo presidencial se ve en las redes sociales del Presidente, constantemente posteando insultos y destratos contra aquellos quienes lo critican como fue en las últimas semanas con Ian Moche y Ricardo Darín. En otra muestra de este tipo de autoritarismo, Milei retuiteó un posteo en “X” de uno de los referentes “intelectuales” del oficialismo, Agustín Laje, que escribió que no se puede “convivir con los zurdos” porque “no son conciudadanos: son enemigos”. 

La detención ilegal de Grabois

El sábado, Juan Grabois junto a militantes de Patria Grande realizaron una permanencia pacífica en el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, que se ubica en Recoleta para protestar ante las noticias de su cierre. Disolución ilegal, dado que, de acuerdo a la diputada de Unión Por la Patria Carolina Gaillard, el cierre del Instituto “está prohibido por la Ley de Bases en su artículo 3 que establece que los organismos vinculados a cultura no podrán ser disueltos”. 

La legalidad de la detención también está puesta en duda. Grabois estuvo 12 horas detenido en la Superintendencia de Investigaciones Federales de Villa Riachuelo. Lo cierto es que para el arresto no hubo intervención ni de un juez ni de un fiscal, ni hubo orden judicial, como lo explicó el Jefe de la Policía Federal, Luis Alejandro Rolle: “Son directivas del presidente Javier Milei y de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad”.

La detención de un dirigente opositor, como lo es Juan Grabois (candidato presidencial en las elecciones primarias de 2023), sin ningún aval judicial es un nuevo avance represivo hacia las instituciones y hacia el pueblo. No solo porque es opositor, sino porque es uno de los querellantes en el caso $Libra que investiga al Presidente por la megaestafa de la cripto con ese nombre. 

Al darse a conocer la detención de Grabois, dirigentes de varios partidos salieron a pedir por su libertad y varios, como Silvia Saravia, Horacio Pietragalla y Leandro Santoro, se presentaron a la Superintendencia, donde estaba él. Humberto Tumini, presidente del Movimiento Libres del Sur, señaló que fue detenido “por este infame gobierno por defender la historia de esta nación y este pueblo”. “Si es un presidente que dicta una detención arbitraria sin orden judicial sobre un dirigente opositor, es un autoritario”, expresó el senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical Martín Lousteau. 

El dirigente de Patria Grande aprovechó su liberación para criticar la situación en la que trabaja la policía: “Le agradezco a Patricia Bullrich la posibilidad de conocer cómo se vive en una alcaldía. El personal policial trabaja en condiciones inhumanas: oficinas vetustas, sin calefacción, con ratas y tecnología obsoleta. Todo es manual, con computadoras del año 1984”. 

“Hay una acusación genérica por una supuesta intrusión, pero fue una permanencia pacífica para defender el derecho a la memoria histórica frente a una actitud dictatorial del gobierno de Milei y, en especial, de Patricia Bullrich, que es una mujer muy perversa”, se defendió Grabois. 

La respuesta oficial y la escalada represiva

Desde el Gobierno festejaron la detención de Juan Grabois e, incluso quienes responsabilizó el Jefe de Policía casi que se jactaron de la detención. Javier Milei lo hizo al retuitear un posteo de Javier Lanari, en el que destacaba algunos logros del Ejecutivo, entre los que se encontraba “Grabois en cana”, al lado de un tilde verde. 

Patricia Bullrich, por su parte, declaró: “Se terminó el vale todo, recuperamos un edificio tomado por militantes que se creían dueños del Estado. Estamos haciendo lo que ningún gobierno hizo: detener al piquetero que promueve y ejecuta las usurpaciones”. La ministra de Seguridad también amenazó a Grabois y señaló que “podrá estar libre, pero la causa sigue”. 

Este tipo de detenciones es un ejemplo de la agenda represiva llevada a cabo por un Gobierno al que no le importan las formas. Desde la constante utilización de un protocolo antipiquetes que se usa como excusa para reprimir manifestaciones hasta las detenciones arbitrarias que se realizaban en las mismas marchas. Detenciones como las de Grabois de personas que después tenían que dejar libres como pasó recientemente con el fotógrafo Tomás Cuesta. 

A su vez, la ministra de Seguridad sigue apoyando el accionar represivo de la policía ante cualquier evento. Lo hizo durante el macrismo, con la muerte de Santiago Maldonado durante una represión ilegal y también con el asesinato de Rafael Nahuel durante un operativo policial. 

Recientemente, Bullrich salió a apoyar al oficial de la Policía Federal Facundo Daniel Aguilar, luego de que baleara a Thiago Correa, un niño de 7 años. Al efectivo lo habrían intentado robar cuatro personas cuando estaba de civil. Él sacó su arma y disparó once balas, causando la muerte de uno de los supuestos delincuentes y de Thiago, que esperaba el colectivo junto a su padre. 

El año y medio del gobierno libertario muestra que la detención de Grabois no es un hecho aislado y debería generar preocupación que la ministra y el Presidente puedan pedir la detención de un opositor tan libremente. Cada vez se nota más que la represión de la protesta social y la persecución de opositores es una estratégica sistemática del Poder Ejecutiva.