La tensión entre el Gobierno nacional y el sector agropecuario por el futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) va en aumento. El equipo económico sigue insistiendo en su programa de ultra ajuste y tiene en la mira a esta entidad.
La posibilidad de que la gestión de Javier Milei impulse una profunda reforma sobre el INTA puso en alerta a la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), que exigió al Ejecutivo mantener la autarquía, la gobernanza y la estructura territorial del instituto. Se especula que el Gobierno busca anunciar más de 1.500 despidos y poner en venta terrenos por miles de hectáreas del organismo.
El reclamo del campo llegó tras una reunión entre los principales referentes de la Mesa de Enlace -Carlos Castagnani (CRA), Lucas Magnano (Coninagro), Andrea Sarnari (FAA) y Eloísa Frederking (SRA)- y las autoridades nacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto con el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, y su vicepresidenta, María “Pilu” Giraudo.
El encuentro se realizó a pedido de las entidades rurales ante las versiones que anticipan un inminente decreto presidencial que alteraría la esencia del organismo.
Los dirigentes rurales manifestaron tres preocupaciones centrales: que el INTA conserve su autonomía financiera y operativa, que mantenga su sistema de gobernanza con participación del sector productivo y que no se desmantele su red de Centros Regionales, considerados claves para el desarrollo agropecuario federal.
