Discapacidad, en emergencia: "necesitamos ponerle un límite a tanta crueldad"

Organizaciones del colectivo salieron a las calles a denunciar que el plan motosierra los está dejando sin servicios de educación, salud y rehabilitación. El Gobierno mantiene congelados desde hace meses los honorarios de médicos y acompañantes terapéuticos, y las instituciones están al borde de cerrar sus puertas. Exigieron que el Congreso sancione la ley que impulsa la oposición.

Eliana es psicopedagoga y trabaja en la escuela de educación especial Puentes, en Temperley. En esa escuela estudian unos 70 pibes y pibas con discapacidad intelectual, autismo y Síndrome de Down. Ella atiende a varios en su consultorio, pero no cobra un sólo peso desde febrero. El valor de la hora por sus servicios, que fijan el Estado y las obras sociales, está congelado desde octubre del año pasado, así que cuando se dignen a depositarle el sueldo, sus ingresos habrán quedado muy lejos de la inflación acumulada. Muchos de los chicos que acuden al establecimiento, cuenta ella, en el último tiempo dejaron de ir todos los días. Con suerte lo hacen dos veces por semana: los trabajadores que se encargan del transporte de los pacientes están en la misma situación, sin cobrar o cobrando miseria. "Todo el sistema se está cayendo a pedazos y son las familias y los chicos los que se van a quedar sin cobertura cuando ya no queden instituciones en pie", dice Eliana. Y agrega que no sabe de dónde saca las fuerzas para seguir: "Lo hacemos por ellos y por la pasión que tenemos por lo que hacemos. Pero estamos al límite".

Las marchas de jueves en todo el paísse llenó de golpe de "elianas": médicos, psicólogos, docentes y transportistas precarizados, acompañados por familias del colectivo, coparon con sus carteles y banderas.

"La discapacidad no es un gasto, es un derecho", decía uno de ellos; "a la crueldad hay que ponerle un límite" y "nadie se salva sólo", decían otros. Hubo miles de personas y Patricia Bullrich no pudo aplicar su protocolo antipiquetes. La protesta se replicó en las principales ciudades del país, como Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán y Salta, por lo que el sistema se declaró tácitamente en paro a nivel nacional. El objetivo fue denunciar la crisis sin precedentes que atraviesan las instituciones que brindan apoyos y rehabilitación, y que se declare la "emergencia" en el sector. Para eso impulsan un proyecto de ley que, quórum mediante, podría obtener media sanción de Diputados en la sesión especial convocada por la oposición para el próximo miércoles.

La emergencia

El proyecto impulsado por la oposición propone actualizar el valor de las prestaciones de salud, educación y transporte que brindan las instituciones que asisten a las personas con discapacidad. Ese guarismo o "nomenclador" se establece a partir de negociaciones entre el Gobierno y las obras sociales. Permanece congelado desde octubre pasado, como parte del plan motosierra: hubo cero por ciento de aumento en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Según un informe reciente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), ese ajuste --que viene de largo-- redundó en que el valor de la hora de servicio de los profesionales se desplomara en un 50 por ciento en comparación con 2017, año que se toma como parámetro dado que fue el último en que estuvieron (casi) a la par de la inflación.

El congelamiento impacta de lleno en las instituciones que brindan esos servicios de acompañamiento y rehabilitación y que quedaron, en muchos casos, al borde del cierre. De su subsistencia, de acuerdo a datos que manejan las organizaciones del colectivo, dependen la atención de unas 250 mil personas y alredor de 100 mil puestos de trabajo directos e indirectos. "El sistema está totalmente colapsado y los profesionales y las familias, todo el colectivo de la discapacidad, están diciendo basta a tanto maltrato", dijo a Página/12 el diputado Daniel Arroyo, autor del proyecto que declara la emergencia en el sector.

La respuesta del Gobierno, hasta ahora, fue que "no hay plata" para garantizar los fondos de la emergencia. El titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo --quien se mantiene en el cargo pese a haber firmado la polémica resolución que declaraba como "idiotas" y "mogólicos" a las personas del colectivo y de haber dicho que la discapacidad "no es un problema del Estado") declaró al proyecto como "irresponsable" por el "déficit mensual" que le generaría a las arcas públicas.

La oficina de presupuesto del Congreso, sin embargo, lo desmintió: el último informe sobre el costo de la ley establece que, para actualizar las prestaciones, hacen falta unos 278 mil millones de pesos este año, un 0,03 por ciento del PBI. Para los talleres protegidos, por ejemplo, se necesitan solo 7 mil millones, un 0,0008 por ciento del PBI. El proyecto aclara explícitamente que las partidas deberían ser reasignadas por decisión de la jefatura de Gabinete, que tiene facultades extendidas por el propio Congreso para hacerlo.

Por las dudas, desde el Gobierno ya amenazaron con que, tal como sucedió con las jubilaciones y el financiamiento educativo, vetará la emergencia en discapacidad si se convierte en ley. 

Denuncia ante la ONU

Las prestaciones no son, pese a todo, el único drama del colectivo. L auditoría sobre las pensiones se convirtió en un trastorno y Spagnuolo tiene como objetivo este año dejar afuera del beneficio a unas 400 mil personas. La situación crítica moitvó que las organizaciones denunciaran al Gobierno ante la ONU por motivó una presentación ante la ONU por los "retrocesos en políticas de protección social hacia las personas con discapacidad en Argentina".

En la presentación, denunciaron "la implementación de un proceso de auditoría sin garantías de accesibilidad ni apoyos que permitan a las personas convocadas ejercer su derecho de defensa" y solicitaron la intervención ante el Gobierno para que dé marcha atrás con el proceso.

La presentación lleva las firmas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional, entre otros. "La situación que están atravesando las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas pone en grave riesgo su derecho a la protección social y todos aquellos que dependen de él", denunciaron.