Ocho de cada diez legisladoras sufrieron violencia de género en su mandato

Te ponemos en el tercer lugar de la lista, pero si llegás a entrar, renunciás para que asuma el suplente varón”. La frase no pertenece a una ficción ni a una época remota; ocurrió durante el armado electoral reciente en una provincia argentina. Tampoco es una excepción el relato de aquella concejala a la que le apagaron las luces, le cortaron el micrófono y le vaciaron el recinto en pleno debate o la imagen del flyer con la cara de una legisladora y la palabra “asesina” junto a su dirección particular para convocar a un escrache en su casa. Un estudio revela que el 83 por ciento de las legisladoras argentinas sufrió violencia machista durante su mandato y que la violencia se incrementa cuando las mujeres acceden a espacios de poder.

Estas escenas cotidianas que viven las mujeres que están en cargos electivos en el país le ponen cuerpo a un problema que hasta ahora carecía de mediciones estadísticos de alcance nacional. El estudio Obstáculos a la participación política de las mujeres, elaborado por ONU Mujeres en Argentina y el Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada (CINEA) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, plantea que el 83 por ciento de las mujeres en cargos electivos del país ha experimentado situaciones de violencia política por razones de género durante su mandato actual.

“El estudio ofrece la primera medición representativa a nivel nacional sobre la violencia contra las mujeres en política. Su contribución va más allá de dimensionar la prevalencia del fenómeno: busca comprender los obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus cargos y profundizar en el impacto que estas violencias tienen sobre sus trayectorias políticas”, explica en diálogo con el medio, Verónica Baracat, Oficial a Cargo de la Oficina de ONU Mujeres en Argentina.

En él se relevaron las experiencias de 521 mujeres en cargos electivos del poder legislativo, 481 concejalas de municipios de más de 10.000 habitantes y 40 legisladoras nacionales (diputadas y senadoras), cuyas respuestas, mediante un diseño muestral estratificado, representan a un universo de 2.139 legisladoras en todo el país.

El relevamiento echa por tierra la idea de que la violencia se reduce a episodios aislados. Entre las parlamentarias nacionales, la prevalencia alcanza un alarmante 91,7 por ciento, mientras que entre las concejalas se ubica en el 82,4 por ciento.

El trabajo señala además un claro sesgo etario e ideológico: las legisladoras menores de 40 años registran los índices más altos de agresión (91,3 por ciento), así como aquellas que pertenecen a la oposición política, donde la violencia llega al 90,2 por ciento en el ámbito municipal y al 96,2 por ciento a nivel nacional. La violencia tampoco se agota con la experiencia: el 57 por ciento de las encuestadas ya había sufrido violencia en etapas previas de su carrera, y entre ellas, el 96,1 por ciento volvió a padecerla en su cargo actual.

El impacto de las tareas de cuidado y la violencia doméstica
Uno de los hallazgos más reveladores del informe se vincula con la división sexual del trabajo. El 70,1 por ciento de las legisladoras nacionales no tiene hijos menores de 18 años a cargo, frente al 52,7 por ciento de las concejalas.

Al respecto, Baracat señala que “la pregunta que abre ese 70,1 por ciento es si las condiciones actuales de organización de la política y de los cuidados producen una selección previa: es decir, si para muchas mujeres resulta más difícil llegar y permanecer en posiciones de mayor dedicación, visibilidad y responsabilidad cuando concentran además las tareas de cuidado”.

A esta brecha de tiempo se suma la violencia en el ámbito familiar, que afecta al 25,2 por ciento de las mujeres en política y proviene principalmente de parejas y exparejas, manifestándose en cuestionamientos a la idoneidad materna o presiones para abandonar la función pública.

El embudo de la denuncia y la impunidad
El 86,9 por ciento de las víctimas habló de la violencia padecida con alguien —principalmente recurriendo a redes informales y feminizadas de contención, como compañeras de partido (47,9 por ciento) o familiares (44,6 por ciento)— y un 48,5 por ciento lo hizo público. Sin embargo, solo el 10,1 por ciento formalizó una denuncia.

La desconfianza en los sistemas de respuesta está justificada por los propios datos: en el 38,2 por ciento de los casos denunciados no hubo sanción alguna para el agresor, y un 25,8 por ciento permanece sin resolución. Solo en un 8 por ciento de las denuncias se aplicaron sanciones efectivas.

“La violencia de género en el ámbito político tiende a naturalizarse o justificarse bajo la idea de que ‘la política es así’. Esta normalización dificulta su identificación como violencia, desalienta la denuncia y refuerza la búsqueda de contención entre otras mujeres”, analiza Baracat.

El efecto disuasorio en los territorios
Mientras solo el 8,3 por ciento de las legisladoras nacionales reporta una reducción de su interés en participar en política a partir de la violencia padecida, la cifra se dispara al 32,9 por ciento entre las concejalas. Esta diferencia de casi 25 puntos evidencia cómo el “efecto disuasorio” opera con mayor eficacia donde las estructuras de protección institucional son más endebles.

“Es fundamental entender la dimensión estructural que adquiere la violencia contra las mujeres en política y no como una suma de casos aislados”, concluye Baracat. “Su finalidad es preservar relaciones de poder desiguales y sus consecuencias impactan directamente sobre la legitimidad, la autonomía y las trayectorias políticas de las mujeres”.

-La violencia hacia mujeres política se viene estudiando hace al menos una década. Un estudio de ELA daba cuenta de este fenómeno en Argentina, ¿pudieron evaluar en comparación con estudios previos si la violencia política aumentó o se recrudeció en los últimos años? ¿O cómo cambió? La violencia por vía digital es mucho más marcada --preguntó Página 12.

--Si bien las investigaciones disponibles utilizan metodologías, universos y diseños diferentes, los hallazgos convergen en una misma conclusión: la violencia contra las mujeres en política es un fenómeno extendido, persistente y con efectos concretos sobre sus trayectorias políticas --respondió Baracat.

Respecto del entorno digital, efectivamente se trata de uno de los hallazgos más relevantes. Los estudios previos ya habían alertado sobre el creciente protagonismo de las redes sociales como espacios donde se concentran ataques, descalificaciones, campañas de hostigamiento y expresiones sexistas dirigidas a mujeres que participan en política. Este estudio confirma esa tendencia y permite dimensionarla: la violencia digital, con su potencial amplificador y multiplicador, es la modalidad más frecuente, y alcanza al 68,4% de las legisladoras encuestadas, al 89,3% de las legisladoras nacionales y al 66,9% de las concejalas.

Las redes sociales amplifican la escala, la velocidad y el alcance de las agresiones, permitiendo que un ataque trascienda rápidamente el ámbito político presencial y alcance audiencias masivas. La violencia digital presenta, además, dinámicas específicas: con frecuencia se manifiesta mediante ataques coordinados, campañas de hostigamiento y acciones impulsadas por cuentas anónimas, trolls y bots, que operan en forma de enjambre para amplificar mensajes de agresión y deslegitimación. La propia naturaleza de los entornos digitales dificulta su regulación, monitoreo y respuesta oportuna.

Más aún, para una proporción significativa de las legisladoras, la violencia en redes sociales se intensificó después de haber sido electas. Este resultado refuerza el carácter político y reactivo de estas agresiones: los ataques se activan o recrudecen cuando las mujeres acceden a espacios de representación, adquieren visibilidad pública y ejercen poder.