Dos decisiones judiciales elevaron el volumen del escándalo de la huida de Flavio Bolsonaro con ayuda del gobierno de Javier Milei. La jueza federal de Comodoro Py María Eugenia Capuchetti pidió, por impulso de la fiscal Paloma Ochoa, la preservación de las imágenes de cámaras de seguridad de distintos momentos del ingreso del excandidato a presidente de Brasil (en el paso fronterizo, Migraciones, Aduana y en el Aeropuerto Internacional de Iguazú) y su salida hacia Estados Unidos. También le solicitó a la Cancillería y al Ministerio de Seguridad que informen si existían requerimientos o pedidos de cooperación extranjeros, alertas o algún tipo de restricción. En paralelo, el fiscal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, desestimó las denuncias que había recibido: dijo que —desde el punto de vista migratorio— no había nada irregular en la entrada del senador y su familia a la Argentina. Para establecer si desde el Poder Ejecutivo se cometieron delitos, mandó el expediente a los tribunales de Retiro.
Aunque todo esto parezca una enormidad, en el juzgado de Capuchetti no hay una causa judicial propiamente dicha todavía. Las medidas que dispuso son solo “preliminares”. La fiscal Ochoa tiene que evaluar si impulsa el expediente, es decir, si entiende que se pueden haber cometido delitos, más allá de que sea ostensible que el gobierno ayudó a Bolsonaro a escaparse cuando el Poder Judicial de Brasil avanza con dos investigaciones judiciales comprometedoras para él. No parece algo que se pueda establecer de manera tan lineal.
Una de esas causas brasileñas es por evasión y lavado de activos a través de plataformas de apuestas vinculadas a su amigo y abogado, Willer Tomaz, en la que ya se había dispuesto el bloqueo de 1.150 millones de dólares. En ese expediente, el juez Alexandre de Moraes le ordenó, una vez que se confirmó el resultado electoral, que entregue sus pasaportes (brasileño y diplomático), para que no saliera del país, medida que no acató. Pero no había un pedido de captura internacional. La otra causa también es por lavado, vinculada con unos 10 millones de dólares atribuidos al exbanquero Daniel Vorcaro, para la película “Dark Horse” sobre su padre, Jair Bolsonaro.
Lo que debería haber sucedido en circunstancias más o menos normales es que, en cuanto Bolsonaro quisiera entrar a la Argentina, el gobierno consultara con las autoridades del país vecino correspondientes ante la situación judicial en la que se encuentra, que ya es ampliamente conocida, y en función de eso adoptar una decisión. Pero como está más que claro, el Poder Ejecutivo argentino decidió participar en todo el operativo para traerlo y para que viajara a Estados Unidos. Entonces no debería sorprender si el trámite migratorio se hizo en forma express y sin las exigencias para el común de los mortales. Ni parecer tan descabellada la participación directa de Santiago Caputo con dos peculiares personajes, empleados de Yaciretá.
La Policía Federal de Brasil emitió un comunicado en el que dice que no hay registro de la salida de Bolsonaro del país, como si no hubiera pasado por los controles terrestres. Parece más que nada una justificación pública. La fuerza, que había alertado al juez por la posible huida de Bolsonaro, está atravesada por fuertes internas. Un sector sigue teniendo nichos bolsonaristas, arraigados en provincias con esa impronta, como Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. Bolsonaro pasó por alguna de las dos primeras, si es que fue por tierra, o por algún atajo (que son muchos y conocidos en la frontera, que es zona de todo tipo de tráficos). Una hipótesis adicional dice que llegó ahí en un avión de Tomaz.
La (no) causa en Misiones
En la justicia federal de Puerto Iguazú habían presentado denuncias la diputada Marcela Pagano (bloque Coherencia) y un grupo de abogados. Allí rige el sistema acusatorio, de manera que el fiscal Martínez pidió una serie de informes migratorios y con eso le alcanzó para determinar que no había ninguna anomalía en la entrada de Bolsonaro, su esposa Fernanda y sus hijas Luiza y Carolina. Cotejó, además, si se había violado algún canal de cooperación regional, pero lo descartó. No había tampoco pedido de captura internacional. Este fiscal entendió que, si había decisiones políticas de por medio, no era asunto suyo. Incluso que, si se había incumplido con lo establecido por el DNU 366/25, que modificó los trámites migratorios, sería una irregularidad solo administrativa. Ese decreto establece el impedimento de ingreso y permanencia a la Argentina a quienes omiten informar sobre la existencia de causas judiciales.
Para determinar si se violó la ley en algún otro aspecto, el fiscal misionero le mandó el resto de la causa a la jueza Capuchetti. Por ejemplo, para determinar si hubo un uso ilegal de la estructura y fondos del Estado. Su decisión, de todos modos, la puede evaluar un fiscal de revisión.
Pagano no tardó en reaccionar en la red “X”: “Desde el Gobierno nacional están apretando a la justicia y a los funcionarios de Misiones para que no salgan a la luz las pruebas (fotos y videos) que involucran a funcionarios del Ejecutivo apoyando la fuga de Bolsonaro. Por eso, como imaginé que esto iba a pasar, les aviso algo: la denuncia también la radiqué en los tribunales federales de Brasil”. Pagano dice que recibió llamados en los que le relataban aprietes a efectivos policiales involucrados en la custodia de Bolsonaro hasta que despegó, dentro del aeropuerto y en otros lugares donde estuvo Caputo (un café y donde durmió).
Cámaras e informes
Las dos primeras denuncias que llegaron a Comodoro Py fueron presentadas por Gabriel Solano (del Frente de Izquierda) y por el diputado socialista Esteban Paulón. Fueron acumuladas en el juzgado de Capuchetti y la fiscalía de Ochoa. Esta última, ya en la noche del miércoles, pidió una lista de medidas preliminares para luego definir si hay razones para impulsar una causa penal. En la mañana del jueves, Capuchetti ordenó algunas, no todas. Lo hizo a su estilo, con algunas vaguedades en la formulación. Quienes la conocen, solo recordaban que a principio de este año impulsó el archivo de la causa contra Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Santiago Bausili —entre otros— por el acuerdo con el FMI de 57.100 millones de dólares en el gobierno de Macri. Lo hizo sincronizado con el retiro de la querella del Gobierno. Tuvo la causa más de ocho años abierta.
Habrá que ver qué hace finalmente con esta sobre la huida de Bolsonaro, y qué plantea la fiscalía también. Los denunciantes –que apuntaron al presidente Javier Milei, al canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, el asesor Santiago Caputo, para empezar— señalaron distintos tipos de posibles delitos: encubrimiento, tráfico de personas, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, facilitación de la permanencia ilegal.
Por lo pronto, Capuchetti pidió:
A la Cancillería, si antes del paso de Bolsonaro por el país el 27 de octubre, recibió o cursó comunicaciones, requerimientos o solicitudes de cooperación de autoridades extranjeras vinculadas con su situación judicial o migratoria.
A la Dirección Nacional de Migraciones “que informe acerca de los procedimientos de control migratorio aplicados en ambos movimientos, con especial referencia a la documentación exigible y las verificaciones efectivamente realizadas”. Le dijo que debe precisar si antes del ingreso recibió alguna alerta o restricción migratoria, prohibición de egreso del territorio brasileño o requerimiento judicial.
Solicitó preservar registros fílmicos de las cámaras de la Dirección de Migraciones en el paso fronterizo entre las 18 y las 23:30 horas del 27 de octubre de 2026; también las filmaciones de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) de las cámaras que están en el Aeropuerto Internacional de Iguazú y los registros de escáner entre las 21 del 27 y la 1.00 del 28 de octubre.
A Gendarmería le pidió también filmaciones del paso fronterizo “Tancredo Neves” el 27 de octubre de 2026 entre las 18 y las 23:30 horas. A la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le solicitó preservar y resguardar los registros fílmicos del aeropuerto hasta la 1 de la madrugada del 28 de octubre y a la empresa Aeropuertos Argentina, imágenes donde se observe el ingreso de Bolsonaro y su familia al aeropuerto y “del abordaje de los tripulantes, pilotos y pasajeros y del equipaje que haya sido ingresado al vuelo de la aeronave Gulfstream G400, con matrícula LV-JQW, que habría despegado ese día, a las 23:30, con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador”. El avión privado pertenece a la empresa Baires Fly, a lo que las denuncias también señalan, que apareció implicada en otras causas judiciales, como en las maniobras de lavado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Es posible que los organismos estatales digan que no había alertas, llamados de atención, pedido de captura, impedimentos ni pedidos de colaboración internacional. Luego habrá que ver si se analizan las imágenes, donde deberían aparecer los autos oficiales que se utilizaron (como la camioneta con chapa diplomática que trasladó a Bolsonaro al aeropuerto) y la presencia de personas vinculadas al Gobierno. En ese caso, qué valor se le da a todo eso. Más allá de las figuras penales, no hay dudas de que la administración libertaria ayudó a Bolsonaro a escapar para eludir las investigaciones judiciales en su país y que lo hizo en coordinación con Estados Unidos.
Sería clave saber si los Bolsonaro pasaron por el escáner para ver qué llevaban o si hubo una revisión del avión, que es algo que puede ocurrir con vuelos que se realizan a altas horas de la noche. Mucho más importante sería saber qué dice el acta de esa revisión, si es que existe.