El Gobierno nacional solicitó a la Corte Suprema de EE.UU. extender hasta el 2 de diciembre el plazo para responder el recurso de los demandantes, en una causa que llegó a reclamar más de US$ 18.000 millones.
La prórroga fue pedida por 30 días para contestar el recurso de revisión que presentaron los fondos demandantes en el juicio por la estatización de YPF. El dato lo difundió el analista Sebastián Maril, que recordó además que los propios demandantes habían reclamado antes una postergación para presentar su escrito, finalmente entregado el 30 de septiembre.
El requerimiento llega después de que la jueza neoyorquina Loretta Preska dejara formalmente sin efecto su sentencia de 2023, la que obligaba al país a pagar 16.100 millones de dólares, cifra que con intereses superaba los 18.000 millones. Esa decisión cerró la primera instancia y ratificó lo resuelto por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que había revocado la condena. Es decir, el fallo que durante años funcionó como amenaza sobre las cuentas públicas ya no existe. Pero el litigio no terminó.
Conviene mirar quién empuja la causa. La demanda de Petersen Energía y Eton Park está financiada por Burford Capital, un fondo que tiene los derechos para litigar y que, por lo tanto, no es un accionista damnificado, sino un inversor que apuesta a cobrar: su negocio es financiar reclamos contra Estados a cambio de una parte de lo recuperado. Que recurra hasta la última instancia es parte de su lógica de negocios: cuanto más se estira el proceso, más chances tiene de forzar una negociación, y cada recurso mantiene vivo un reclamo que, de prosperar, deberían pagar todos los argentinos.
El conflicto nació con la nacionalización de la petrolera en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, y desde entonces se transformó en un expediente que cruzó gobiernos, cortes y años. Hoy, con la condena anulada, el país está en mejor posición que hace unos meses, pero no puede darlo por cerrado. El pedido de prórroga es un trámite habitual y no implica una derrota; lo que exige es atención: mientras los demandantes insistan, la Argentina seguirá litigando en tribunales extranjeros por una decisión soberana sobre un recurso estratégico. Que el reclamo siga en pie, aun con la condena anulada, muestra hasta dónde puede llegar un litigio financiado con capital especulativo. Mientras tanto, el calendario judicial se estira y el desenlace definitivo queda en manos de la Corte estadounidense.