Condiciones de crédito abusivas y familias en mora

Con 131 diputados presentes en el recinto, se inició la sesión en la que se trataron la emergencia en discapacidad, morosidad familiar y la inviolabilidad de la propiedad privada (ley de Tierras). En materia económica, el proyecto de morosidad del oficialismo no involucra una política de desendeudamiento sino de “protección al consumidor”, eludiendo figuras como la práctica abusiva y centrando el problema en la información que recibe el deudor. En oposición, el proyecto de minoría plantea la emergencia económica y reconoce que acreedores y deudores no negocian en pie de igualdad.

El principal problema del dictamen de mayoría, que es la propuesta hecha por el Gobierno, reside en el enfoque general que adopta. “Frente a una crisis de sobreendeudamiento ya instalada, su objeto no es desendeudar, refinanciar ni regular sustantivamente el costo del crédito, sino mejorar la “transparencia”, la información, la educación financiera, el consentimiento digital, la prevención del fraude y la posibilidad de cambiar de proveedor.

El propio título del proyecto —“Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores”— expresa ese desplazamiento”, advierte un documento del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que dirige Claudio Lozano, donde se analizan los proyectos en danza.

En consecuencia, la mora lejos de verse como un problema colectivo, se individualiza: “podría evitarse si las personas conocieran mejor el costo del crédito, administraran mejor sus ingresos, comprendieran su perfil de riesgo o fijaran voluntariamente límites a su consumo”, resume el IPyPP.

Pero el dilema del sobreendeudamiento es colectivo y es político. Aparece ligado a las raíces del modelo económico que defiende Javier Milei: bajos ingresos, empleo precario y precios de bienes y servicios esenciales que suben mes a mes. Las familias, especialmente de bajos recursos, y los jóvenes, precarizados, no tienen más alternativa que tomar deuda para cumplir sus obligaciones.

El incremento de las tasas de interés también forma parte de este trasfondo, pero el proyecto del oficialismo ni siquiera apela a regular las tasas. El Gobierno exige a los bancos que informen cuánto cobra el Estado en impuestos por cada crédito -hay un artículo entero dedicado a la “transparencia de la carga tributaria del crédito”-, pero no fija ningún límite a lo que cobran ellos.

Este contraste es todavía más evidente frente al dictamen de minoría elaborado por la oposición, que sí impone topes al interés compensatorio, limita punitorios y cargos y define una categoría de “práctica crediticia abusiva”.

Ante la emergencia del endeudamiento, el dictamen de mayoría no ofrece refinanciación, ni quita de punitorios, ni tope a las cuotas, ni plazos de gracia, ni freno a los embargos, ni una salida para quienes ya no pueden pagar. Es decir, “casi no atiende la emergencia”, sostiene el IPyPP, y ni siquiera es retroactivo. La herramienta que propone para mejorar las condiciones de la deuda es conseguir que otro proveedor otorgue un nuevo crédito para cancelar el anterior. Pero no obliga a estos a ofrecer ese financiamiento y, más aún, ellos conservan plena facultad para evaluar el riesgo.

Propuesta unificada

El dictamen de la oposición, impulsado sobre todo por Unión por la Patria y Provincias Unidas, sintetiza 75 proyectos de ley presentados en los últimos dos años. Trata el sobreendeudamiento como una emergencia económica y social y reconoce que acreedores y deudores no negocian en pie de igualdad. En consecuencia, actúa en dos frentes: refinancia las deudas ya contraídas y cambia las condiciones de los créditos futuros.

La propuesta crea un régimen extraordinario para reestructurar las deudas existentes. De acuerdo al análisis del IPyPP, declara por 180 días la emergencia por sobreendeudamiento, con adhesión voluntaria para el deudor y cumplimiento obligatorio para los acreedores. Pueden ingresar quienes tengan al menos 60 días de mora y también quienes, aun al día, destinen más del 30 por ciento de los ingresos del grupo familiar a pagar créditos, siempre que el capital adeudado en créditos de consumo no supere dos Canastas Básicas Totales del Hogar 2 (equivalente a 3,3 millones de pesos).

Una vez en el régimen, se consolidan el capital y los intereses compensatorios, y a los morosos se les condona el 100 por ciento de los punitorios. La refinanciación dura al menos doce meses, ampliables para ajustar la cuota a la capacidad de pago, e incluye 90 días de gracia para quienes entran por mora. Se prohíben las comisiones, los gastos administrativos y los costos de cobranza, y se permite cancelar anticipadamente sin penalidades. Además, la suma de todas las cuotas no puede superar el 30 por ciento del ingreso de la persona, y ese tope se reparte entre los acreedores en proporción al capital que cada uno tiene en la deuda total verificada.

La tasa de la refinanciación también tiene tope: no puede superar la TAMAR de bancos privados más 25 puntos porcentuales, y el límite se aplica al costo financiero total, que incluye intereses, comisiones, cargos y seguros, aunque no impuestos. Esta es una diferencia sustancial con el esquema en donde cada acreedor impone las nuevas condiciones. Durante la tramitación se suspenden además las ejecuciones, embargos, cobranzas extrajudiciales, intereses punitorios, etc.

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