Nestor Pavón, uno de los acusados por el femicidio de Micaela García --asesinada en 2017--, volverá a ser juzgado como coautor del hecho. La decisión fue tomada luego de que los fiscales y la querella presentaran apelaciones extraordinarias a la condena inicial, que establecía cinco años de prisión por el delito de encubrimiento.
Micaela García tenía 21 años, era militante del Movimiento Evita y formaba parte del colectivo “Ni Una Menos”. El viernes 1° de abril del año 2017 fue interceptada cuando regresaba de una fiesta en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. Una semana después, su cuerpo fue hallado en un campo con signos de violencia física y rastros de violación. Días después, Sebastían Wagner y Pavón fueron detenidos por el crimen.
Al momento del femicidio, Wagner tenía una condena a nueve años de prisión por violar a dos mujeres. Un año antes, el juez de Ejecución de Entre Ríos, Carlos Rossi, le había otorgado la libertad condicional. Durante el juicio, el acusado confesó haber violado a Micaela y fue condenado a prisión perpetua.
Pavón, por su parte, se declaró inocente y aseguró que su rol sólo había sido prestarle el auto a Wagner. Sin embargo, en su declaración, este último lo señaló como partícipe de la violación y aseguró que fue él quien ahorcó a la joven. A 10 años del crimen, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que Pavón sea juzgado nuevamente, ahora como coautor del femicidio.
El juicio iniciará el próximo jueves 29 de octubre en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Entre Ríos y será presidido por el juez Santiago Nicolás Brugo con la intervención de Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali. “Estamos preparando los argumentos para tratar de convencer al tribunal de que Pavón participó de la violación y el femicidio de mi hija”, aseguró Néstor García.
El hombre relató que hace varias noches no consigue dormir, por estar “permanentemente con este caso en la cabeza”. Y aseguró que fue la Justicia de Entre Ríos la responsable de demorar el proceso durante ocho años: “Presentábamos apelaciones y las rechazaban, pero el pedido de libertad condicional de Pavón lo resolvieron muy rápido y hasta le aceptaron una camioneta como fianza, cuando no es habitual. Parecía que con nosotros siempre había una traba”, declaró.
Antes del inicio del nuevo debate oral, la querella solicitó la prisión preventiva de Pavón, pero el tribunal provincial rechazó el pedido por considerar que no hay peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación por parte del acusado. Sin embargo, la familia de la víctima resaltó que el peligro procesal existe, puesto que Pavón ni siquiera vive en Entre Ríos sino que reside en Santiago del Estero.
La Ley Micaela (N° 27.499), promulgada en 2019, establece que todas las personas que desempeñan un puesto en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, deben capacitarse obligatoriamente en materia de género y violencia por motivos de género.
Néstor García afirmó que la ley no se está implementando en los poderes Ejecutivo y Legislativo. El papá de la víctima señaló que, a partir de la suspensión del pago de la coparticipación a las provincias, “lo primero que se recorta son estas cosas” y sostuvo que, si bien “el Gobierno descree de esta temática”, en los talleres hay muchas personas que “cambiaron su mirada y ya resuelven de manera diferente”.
La reconstrucción de un asesinato
Micaela García, estudiante de Educación Física, desapareció el 1° de abril de 2017 tras salir de un local bailable en Gualeguay, Entre Ríos. La interceptó Sebastián Wagner, un hombre con antecedentes por violaciones que gozaba de libertad condicional. Eso desató el escándalo sobre el juez que lo había liberado.
Según la fiscalía, la joven fue interceptada por Wagner y su hijastro, que iban en un Renault 18 Break cuyo paso quedó registrado por varias cámaras de seguridad. Las pruebas indicaron que la mataron dentro de ese auto el mismo sábado en que desapareció. Los forenses determinaron que fue violada y estrangulada ese mismo día.
La hallaron una semana después, semienterrada entre pastizales cerca de la ruta nacional 12. Wagner confesó ante la policía y fue él quien reveló dónde estaba. Un informe lo ubica a unos 21 metros del camino de tierra hacia González Calderón. Por el estado de descomposición no se pudo obtener ADN del cuerpo.
Las cámaras captaron el auto de Wagner cerca de donde caminaba Micaela, y eso lo puso en la mira. En la bolsa de una aspiradora secuestrada en su casa había cabellos de la víctima y vegetación compatible con el descampado donde estaba el cuerpo. Un perito concluyó que Micaela estuvo en ese auto y que el vehículo estuvo en ese lugar.
El Renault apareció en el lavadero de Pavón, su empleador. Wagner fue detenido el 7 de abril en Moreno, provincia de Buenos Aires, y confesó.
En el juicio admitió la violación, pero dijo que Pavón la violó y la ahorcó. Esa versión, para el fiscal, tenía detalles útiles, pero Pavón la negó.
Wagner recibió prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía, violencia de género y criminis causa. Pavón recibió cinco años por encubrimiento, y Gabriel Otero, el hijastro, fue absuelto. El tribunal no encontró elementos de la participación de Pavón en el crimen, pero sí que ayudó a Wagner a escapar a Buenos Aires. Los padres de Micaela querían que se lo condenara como coautor. El tribunal dio por probado que Wagner la secuestró, violó y mató.
La Cámara de Casación de Paraná ratificó por unanimidad la condena a Wagner y anuló la de Pavón. Ordenó un nuevo juicio para él, y más tarde Pavón fue excarcelado.
En julio de 2016 el juez de Ejecución Carlos Rossi le concedió la libertad condicional a Wagner, que cumplía nueve años de prisión por violación, a pesar de que informes penitenciarios la desaconsejaban. Cumplía la pena en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú y había sido condenado por dos violaciones. El cuestionamiento central fue que el juez desoyó los dictámenes técnicos. Un material de capacitación recoge un testimonio según el cual los psiquiatras y el defensor público le habrían dicho a Rossi que Wagner no podía salir.
El juez Rossi fue denunciado ocho veces ante el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos por mal desempeño: se lo acusaba de descalificar esos informes “arbitrariamente, sin verdadera fundamentación”. Distintas organizaciones impulsaron el proceso y reclamaron incorporar expertos en perspectiva de género. Finalmente fue absuelto: se entendió que los jueces pueden tomar decisiones equivocadas. Para la Fundación Micaela García, que dirigen sus padres, fue un caso de “incompetencia del juez”.
La familia recibió 13 proyectos de ley para prevenir casos de violencia de género y femicidios. La Ley 27.499 fue aprobada por unanimidad en el Congreso el 19 de diciembre de 2018. Impone capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los tres poderes y en todos los niveles. Negarse sin justa causa se considera falta grave, y la negativa puede hacerse pública en la web del Instituto Nacional de las Mujeres.
Las provincias y municipios fueron adhiriendo: Córdoba lo hizo en 2019 y el Concejo de Rosario aprobó su adhesión por ordenanza. Hasta agosto de 2023 se habían capacitado 232.997 autoridades y agentes de los tres poderes.