Una ley que lleva a la quiebra a decenas de pymes

El debate por la nueva ley de biocombustibles enfrenta a las grandes aceiteras exportadoras y a las veinticinco pymes vinculadas a la actividad que, de aprobarse la iniciativa, se verían empujadas a cerrar sus puertas, con la consecuente pérdida de casi 10 mil puestos de trabajo. Las pequeñas empresas del interior advierten entonces que el proyecto con media sanción en el Senado, y cuyo debate llega este martes a la Comisión de Energía y Combustibles en Diputados, las lleva a la quiebra, al reducir el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5 a un piso del 4 por ciento. Mientras, el segmento de libre negociación —donde entran las principales cerealeras del país— crece del 0 al 6 por ciento. De esta manera, se favorece la concentración corporativa de empresas que además corren con la ventaja de tener materia prima propia y ser las proveedoras de ese insumo.

“Los legisladores van a poder escuchar los argumentos y estudiar el tema en profundidad. Lo que nos preocupa son las versiones sobre que algunos quieren cambiar el carácter de la reunión y juntar firmas para el dictamen mientras nosotros estamos exponiendo. Sería gravísimo: sacar la lapicera para aniquilarnos como si no estuviéramos ahí”, afirmó Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb).

Medida en toneladas, la producción en manos de las pymes pasaría de 902.700 a 481.440. Como el cupo se asigna por cercanía al Puerto Gral. San Martín, las plantas del interior quedarían sin producción y solo once de las veinticinco podrían permanecer operativas.

Impacto negativo en industria y empleo

Entre los puntos más cuestionados de la normativa figuran la destrucción de unos 9.500 empleos directos e indirectos, la ruptura de la cadena con las extrusoras de soja locales, la alineación del precio doméstico a paridad internacional y la afectación de la balanza comercial al dejar de sustituir importaciones de gasoil.

Actualmente, las refinadoras están obligadas a comprar biodiésel a las plantas pequeñas. El precio y los cupos los regula el Estado. La demanda está canalizada en pocos mezcladores como YPF, que explica el 59 por ciento de las compras. Entre las principales petroleras manejan el 92 por ciento del mercado.

La oferta, en cambio, está atomizada en veinticinco firmas que no superan el 5 por ciento de participación individual y son las encargadas de producir cerca del 65 por ciento del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria. Este desequilibrio en el punto de partida impide pensar en el libre mercado como solución, excepto que se busque beneficiar a los actores dominantes.

“Entendemos que las grandes aceiteras son muy poderosas y están acostumbradas a llevarse todo por delante, pero esperamos que la dirigencia política esté a la altura de las circunstancias, realice las modificaciones para mejorar la ley y que las pymes podamos seguir produciendo”, remarcó Martelli.

La cadena de valor abarca bioproductos como glicerina para cosmética, monopropilenglicol para alimentos, mecánica, industria aérea y farmacéutica; bioplásticos y biopolímeros para construcción y logística, y combustibles de aviación.

Propuesta pyme

El proyecto de ley se tratará este martes a las 15.30 en la comisión especializada, con la participación de invitados. Allí las pymes nucleadas en la entidad presentarán la contrapropuesta.

Se trata de un acuerdo consensuado que eleva el corte obligatorio al 12,5 por ciento y propone un esquema segmentado bajo licitación competitiva: 5 por ciento reservado para pymes regionales (protegiendo al interior productivo a más de 80 km del puerto); 2,5 por ciento para pymes del polo portuario no integradas (son las que no producen materia prima propia) y 5 por ciento libre para la incorporación de las grandes aceiteras exportadoras.

Además, proponen eliminar los cupos y precios regulados mediante competencia por licitación transparente, resguardando al mismo tiempo el entramado industrial federal y evitando la quiebra masiva de las firmas más chicas. De esta manera, sostienen, se reemplaza un esquema estatal por uno de mercado, resguardando a la vez el entramado productivo.

“Estamos con la expectativa de que los diputados comprendan que no tiene ningún sentido condenar a la quiebra a las pymes de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis para concentrar el mercado en seis aceiteras de Rosario. Esto no trae ningún beneficio para el país: se pierden miles de empleos, se desindustrializan pueblos y ciudades pequeñas y medianas de esas provincias y, como contrapartida, no hay nuevas i

Cómo funciona el mercado

La industria del biodiésel en el país gira en torno a un corte obligatorio de mezcla con el gasoil. La reforma, con media sanción, modifica las reglas de juego del mercado interno al plantear un esquema de mayor competencia y licitaciones, que entrega el negocio a las firmas dominantes. Esto porque la materia prima, es decir, el aceite de soja, es controlada por esos mismos grandes jugadores y representa el 80 por ciento del costo.

Históricamente, el mercado en el país se dividió entre las aceiteras agrupadas en CARBIO y CIARA, ubicadas cerca del polo portuario de Santa Fe, con la exportación como principal negocio; y el segmento pymes con plantas distribuidas —que no superan el 5 por ciento de participación individual— en Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, abocadas a abastecer el mercado interno.

El sector, de acuerdo a un detallado informe elaborado por la Cepreb, representa un eslabón estratégico dentro de la bioeconomía y genera una facturación anual superior a los 1.000 millones de dólares. Aguas arriba, tracciona la demanda de aceite de soja y vincula a unas 400 extrusoras pyme regionales; aguas abajo, sustituye importaciones de gasoil fósil, lo que permite ahorrar divisas. Además, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero (un 69 por ciento menos que el combustible fósil) y habilita una plataforma de derivados de alto valor.

Qué pasó en el Senado

La iniciativa de la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, obtuvo media sanción el 17 de septiembre y busca modificar la ley 27.640 seis años antes de su vencimiento. Esta norma había sido construida por el Estado para fomentar la participación pyme con el objetivo de generar puestos laborales, promover el desarrollo regional y descentralizar el negocio, garantizando inversiones a largo plazo. Un contrato con el sector privado que la nueva normativa —impulsada por quienes se muestran como defensores del orden y la propiedad y se abanderan con la seguridad jurídica— rompe.

“Los de La Libertad Avanza votaron por convicción: creen que el mercado tiene que concentrarse, y lo dijeron en el recinto. Pero la ley es tan mala para estas provincias que hasta un aliado del Gobierno como Maximiliano Abad, senador radical por Buenos Aires, votó en contra y pidió un cuarto intermedio para negociar cambios. No se lo dieron. En las cuatro provincias afectadas votaron en contra los tres senadores bonaerenses y los senadores peronistas de Entre Ríos, La Pampa y San Luis”, repasó Martelli.

De aprobarse, el nuevo régimen tendrá una vigencia de 15 años con el supuesto objetivo de incentivar inversiones agroindustriales y ampliar la matriz limpia del país. Pero bajo el manto de la desregulación y la libertad de comercio reduce la cuota pyme y

“Las provincias que hacen bioetanol acompañaron la modificación porque en ese biocombustible hay acuerdo de todas las partes. El Ejecutivo fue claro con las provincias del NOA: si quieren la ley para el bioetanol, firmen la sentencia de las pymes del biodiésel. Y firmaron. Lo preocupante es que solo se miró el interés propio, sin pensar en los equilibrios federales. Es un antecedente muy malo, porque siembra desconfianza y malestar entre provincias. Están jugando a Los juegos del hambre. Pero esto no es una película, es un país”, fundamentó el director ejecutivo de la Cepreb.

nversiones ni nuevos empleos. Ni siquiera baja el precio en el surtidor”, aseguró Martelli.