La quiebra de Algodonera Avellaneda dejó en riesgo unos 350 puestos de trabajo y expuso el peso de las deudas vinculadas con Vicentin sobre la empresa textil. El juez santafesino Fabián Lorenzini dispuso la medida después del fracaso de las negociaciones con los acreedores y de un intento de salvataje que no recibió interesados. El Banco Nación reclama más de 260 millones de dólares y concentra más del 80 por ciento del pasivo verificado.
Para los trabajadores, que ya atravesaban dificultades para cobrar sus salarios, la continuidad laboral quedó sujeta a las decisiones del expediente. La quiebra no supone el cierre inmediato de los establecimientos: Lorenzini encargó a la sindicatura evaluar si resulta viable mantener temporalmente la producción mientras se prepara la venta de la compañía o de sus unidades industriales.
La principal instalación es la hilandería de Reconquista, en Santa Fe, que opera aproximadamente al 60 por ciento de su capacidad. Trabaja a fasón, es decir, procesa materiales para terceros y obtiene ingresos que permiten afrontar parte de los salarios y otros gastos. La firma también posee desmotadoras en General Pinedo, Chaco, y en Santiago del Estero.
El deterioro financiero excede las obligaciones que motivaron el concurso preventivo, iniciado en 2024. Durante 2025 y 2026 se acumularon otros 6818,7 millones de pesos de deuda, según el relevamiento de la sindicatura. Allí figuran compromisos laborales, impuestos y facturas de electricidad, entre otros gastos necesarios para sostener la actividad.
Una parte central de la acreencia del Nación proviene de garantías otorgadas por Algodonera Avellaneda a Vicentin, vinculada con integrantes de la misma familia. El banco rechazó las propuestas de pago por considerarlas insuficientes.
Tampoco prosperó la posibilidad de que un tercero asumiera el control y negociara otra propuesta con los acreedores. El registro del procedimiento de salvataje permaneció abierto hasta el 5 de octubre sin que se anotaran empresas, acreedores ni cooperativas.