Cuánto le cuesta al Estado argentino ignorar la violencia contra las mujeres

“La ideología woke” y “el negocio de unos pocos” son algunas de las expresiones que el Gobierno de Javier Milei lleva repitiendo desde su asunción para criticar las conquistas del feminismo y justificar la eliminación de las herramientas estatales para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y disidencias. Pero lejos de ser una “estafa millonaria” o un “saqueo” de recursos, lo que representa la falta de políticas públicas para suprimir la violencia de género es un gran costo económico para el conjunto de la sociedad.

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Así lo indica ONU Mujeres en Costo de la violencia contra las mujeres, un relevamiento inédito en el país para conocer cuál es el impacto económico real de la violencia contra las mujeres en la Argentina. Según el organismo internacional, la inversión del Estado en asistir al víctimas de violencia es mayor al que dedica a políticas de prevención.

El informe sostiene que el 45% de las mujeres argentinas encuestadas atravesó algún tipo de violencia física, sexual, psicológica y/o económica patrimonial por parte de su pareja a lo largo de su vida, siendo la violencia psicológica (42%) la más frecuente. El 23% declaró haber sufrido violencia económica o patrimonial, el 23% violencia física, y el 18% violencia sexual. El estudio alcanzó a 12.512 mujeres de 18 a 65 años residentes en áreas urbanas de 12 provincias y analizó hechos de violencia cometidos por parejas o exparejas en el marco de relaciones heterosexuales.

“Pese a los avances normativos y a la consolidación de sistemas de registro y políticas públicas en materia de prevención y atención, no existían hasta el momento estimaciones nacionales sobre el costo económico de la violencia contra las mujeres”, ponderaron en el documento.

En la introducción de su informe, el organismo internacional determina: “La violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos y un obstáculo estructural para el desarrollo sostenible, la igualdad de género y la reducción de la pobreza”.

En este sentido, postula que además de desatar “profundas consecuencias físicas, psicológicas y sociales, la violencia tiene un impacto económico significativo sobre las mujeres, las familias y el conjunto de la sociedad”.

Si bien los resultados están basados en la recolección de datos del 2023 hacia atrás, el informe concluye en la urgente necesidad de invertir en herramientas para combatir la violencia de género, a contramano de los discursos de la ultraderecha conservadora.

En este sentido, el relevamiento de Naciones Unidas sostiene que el costo de la violencia contra las mujeres representó entre el 0,8% y el 2,1% del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo con los dos escenarios de cálculo propuestos.

“En América Latina y el Caribe, la evidencia demuestra que los costos asociados a la violencia contra las mujeres superan, en muchos casos, los niveles de inversión pública en áreas estratégicas como la educación o la asistencia social”, postuló en su documento.

En términos monetarios, ONU Mujeres estima que el costo de no abordar estratégicamente la violencia contra las mujeres en la Argentina osciló entre $1,48 billones y $3,96 billones en 2023, a valores de diciembre de ese año, según el escenario de cálculo utilizado.

No se trata de una cifra que el Estado haya destinado a políticas de género, sino de una estimación de los recursos y la actividad económica afectados por las consecuencias de la violencia. Pero, ¿cómo cuantificaron el fenómeno y con qué se corresponden esos valores?

Para elaborar la estimación, los investigadores consideraron tres componentes: los costos jurídico-administrativos, los gastos sanitarios y las jornadas laborales perdidas. El primero 

incluye, entre otros aspectos, intervenciones policiales, asesoramiento legal y procesos judiciales; el segundo, contempla prestaciones médicas y psicológicas; y el tercero, incorpora las ausencias laborales y el tiempo que las mujeres deben destinar a recibir atención o realizar trámites.

En tanto, la metodología contempla distintos escenarios. El mínimo estima los costos asociados al uso efectivo de determinados servicios institucionales; el máximo considera qué ocurriría si todas las mujeres sobrevivientes accedieran a las prestaciones previstas.

Por esto aclararon que el rango no tiene que interpretarse como una cifra exacta ni como una proyección automática de lo que el país gastará en el futuro, sino como una aproximación a la magnitud económica del problema.

Además, los propios autores advierten que la estimación es conservadora. Es decir, que dejaron fuera del cálculo, entre otros factores, los costos intangibles del sufrimiento emocional, algunas consecuencias de largo plazo sobre la productividad y los efectos que la violencia puede tener sobre las trayectorias educativas y laborales de los hijos, y otros factores. Tampoco se incorporan todos los gastos privados ni la totalidad de los recursos destinados a prevención. El impacto, por lo tanto, no se agota en las cifras presentadas.