Hábeas corpus por los detenidos en Devoto

El conflicto por el traslado de los presos del Penal de Devoto a Marcos Paz sumó nuevos frentes judiciales en el tercer día de la mudanza. Con el reclamo en marcha por los estudiantes d

el centro universitario que ya fueron trasladados de forma intempestiva, este martes se sumó un nuevo hábeas corpus presentado por los familiares de los detenidos que no fueron notificados del traslado y aseguran que ni siquiera saben dónde están actualmente sus familiares. También la querella del juicio por la Masacre del Pabellón Séptimo presentó una acción judicial reclamando que se impida la posible enajenación futura del predio hasta que se investiguen los rastros de delitos de lesa humanidad perpetrados allí en el marco de la construcción de un espacio de memoria.

El show del traslado continuó este martes. A los móviles televisivos asentados en la puerta del Complejo Penitenciario Federal (CPF) de Devoto desde temprano en la mañana se le sumaron nuevos reels de Instagram del Ministerio de Seguridad con mucho personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) pertrechado, de botas, cascos y chalecos antibalas, y los presos subiendo a los micros de traslado esposados, con la cabeza gacha: “Avanzamos de manera progresiva con planificación, coordinación y estrictas medidas de seguridad, hacia la desocupación definitiva de Devoto”, celebró el Ministerio de Alejandra Monteoliva sobre la mudanza de los primeros 609 detenidos.

Un panorama de “ley y orden” que en nada se parece a lo que vienen advirtiendo los familiares de las personas privadas de su libertad, que este martes formalizaron su denuncia en la Justicia a través de un hábeas corpus colectivo, correctivo y preventivo que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 62. La acción fue presentada por la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (Acifad), que en un comunicado alertó sobre “la falta de información a las familias, las dificultades para mantener el contacto con sus seres queridos, la suspensión de visitas y la incertidumbre sobre el acceso a la alimentación y la medicación”.

En el texto de la acción presentada, al que accedió este diario, se aportan mayores precisiones sobre lo que vienen viviendo los familiares en los últimos días con un punto especialmente crítico: “Las familias no tienen certeza sobre dónde están sus seres queridos, no saben si fueron trasladados ni a qué lugar”, advierte la presentación sobre la falta de información que atraviesa al proceso de mudanza.

“Los traslados comenzaron de manera intempestiva el domingo 11 de octubre. Ese día y el lunes 12 se suspendieron las visitas en el CPF CABA sin información previa suficiente a las familias”, continúa el texto, que agrega que nadie pudo ver todavía a los detenidos, “no saben si comen, si reciben la medicación que necesitan ni si pudieron continuar sus tratamientos, tampoco tienen información sobre el destino de las pertenencias de las personas trasladadas ni sobre el procedimiento para recuperar los elementos depositados en el pañol”.

La acción judicial reclama, así, una serie de medidas urgentes a tomar de acuerdo a la situación de cada detenido, es decir si ya fueron trasladados, si todavía están en Devoto o si están próximos a ser mudados. La primera, y por lo demás básica, es que el SPF “informe a cada familia, en el plazo de 24 horas y por un canal efectivo, el establecimiento y la unidad en que se encuentra su familiar”, así como “garantizar que cada persona trasladada pueda comunicarse telefónicamente con su familia dentro de las 24 horas de su llegada”.

A su vez, se exige que se reestablezcan las visitas suspendidas durante el primer día de la mudanza sin fecha definida para su retorno, algo que deja a las familias en una situación de mayor incertidumbre. En Devoto, nadie informó a los familiares cuándo se retomarán las visitas, mientras que en el nuevo CPF de Marcos Paz “no existe información clara sobre cuándo se restablecerán, ni sobre los días, horarios, modalidades y elementos autorizados para ingresar”.

Al comunicarse telefónicamente con el SPF, la Acifad recibió como respuesta que “no hay personas cargadas en el sistema y que no habrá visitas hasta que finalicen los traslados y se complete esa carga”. “Si el operativo se extiende durante semanas, esa respuesta equivale a una suspensión indefinida de las visitas”, alerta la presentación.

Es que nadie sabe bien cuánto durará la mudanza. A las apuradas, el Gobierno comenzó el domingo los traslados de grupos de 300 detenidos cuando, en primera instancia, había informado que lo haría en grupos de cien y priorizando que los presos estudiantes del centro universitario pudieran finalizar su ciclo lectivo, algo que no se cumplió, como informó Página/12. Por ese conflicto ya hay un hábeas corpus presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que no tiene novedades de resolución judicial.

Los plazos con los que continuará la mudanza no están nada claros: sí se informó que un grupo de presos seguirá en Devoto a la espera de la visita del Papa León XIV, que por ahora tiene previsto para el 11 de noviembre su arribo a una cárcel que hasta este domingo estaba sobrepoblada y en condiciones de hacinamiento, pero que ahora, tras la mudanza a las apuradas, estará de otro modo.

Los traslados se completarían luego de que el Papa regrese a Roma, con el objetivo de cerrar definitivamente la histórica prisión porteña antes de fin de año. Cuando eso se concrete, se abrirá otro frente de conflicto sobre el destino del predio, que el Gobierno seguramente intentará vender para la construcción de edificios como viene ocurriendo con una interminable lista de inmuebles y tierras públicas enajenadas a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

A esa intención se le opuso este martes otra acción judicial presentada por las abogadas Claudia Cesaroni y Natalia D’alessandro en representación de la querella de los familiares en el juicio de la Masacre del Pabellón Séptimo, juzgada a fines del año pasado. En la presentación, la querella solicita una “medida de no innovar” para que “se impida que se tome cualquier decisión que implique enajenar el terreno y las instalaciones de la ex Cárcel de Devoto, preservándose el espacio, hasta tanto se finalicen las investigaciones relativas a los delitos de lesa humanidad allí sucedidos”. Sobre esto último, solicitaron que se ordene al Gobierno nacional y al porteño que informen “el modo en que cumplirán con la obligación de preservar la cárcel de Devoto como un espacio de memoria”.

En la Legislatura porteña ya hay presentados proyectos de ley vecinales que buscan que el predio sea destinado a un parque público en su totalidad, resguardando el espacio del Pabellón Séptimo. Es el caso de la iniciativa que a mediados del año pasado presentó el grupo “Devoto Unido“, que busca desafectar la actual catalogación del espacio como “Urbanización Futura” para transformarla en “Urbanización Parque” “con destino a la creación del ‘Parque Devoto‘, nuevo espacio verde de uso público, acceso libre y gratuito“.