Comenzó el traslado de detenidos de Devoto a Marcos Paz: denuncian falta de garantías

El traslado de 326 detenidos de Devoto a Marcos Paz abrió una nueva etapa del operativo penitenciario, mientras el CELS denunció falta de información previa y alertó sobre la continuidad educativa y los derechos de las personas detenidas.
 
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El domingo 11 de octubre comenzó el traslado gradual de las aproximadamente 1.500 personas alojadas en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto hacia el nuevo establecimiento penitenciario de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires.

Según informó el Gobierno porteño, durante la primera jornada fueron trasladados 326 detenidos. El procedimiento se desarrolló mediante un operativo conjunto entre las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad, en el marco de un acuerdo entre la Nación y la administración porteña.

La medida busca avanzar con el cierre definitivo de la cárcel de Devoto, una iniciativa impulsada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que había sido planteada como un compromiso con los vecinos del barrio.

Un operativo coordinado entre Nación y Ciudad

Para organizar el procedimiento se conformó un Comando Unificado con participación de fuerzas de seguridad federales, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Su función es coordinar las distintas etapas del traslado, prevenir posibles incidentes y establecer medidas de seguridad durante los recorridos.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó el inicio del operativo y destacó la participación de las fuerzas federales.

La funcionaria señaló que el traslado se realizará de manera progresiva y planificada, con el objetivo de garantizar la seguridad durante todo el procedimiento.

El nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz cuenta con cuatro unidades de alojamiento y una capacidad prevista para más de 2.200 personas detenidas. Una vez finalizada la mudanza desde Devoto, también se prevé trasladar allí a personas alojadas en comisarías y alcaidías de la Ciudad.

El CELS cuestionó la falta de información previa

El inicio del operativo también generó cuestionamientos por parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que denunció que los traslados se realizaron sin aviso previo a familiares, defensores y organismos de control.

Desde la organización sostuvieron que el procedimiento se llevó adelante de manera intempestiva y señalaron que no se habrían respetado los acuerdos previos destinados a garantizar las condiciones necesarias para la reubicación de las personas detenidas.

Además, advirtieron que los organismos de control no pudieron ingresar para supervisar la situación durante el operativo.

El CELS también planteó que el traslado podría estar relacionado con el futuro uso del predio de Villa Devoto para emprendimientos inmobiliarios. Esta interpretación forma parte de los cuestionamientos expresados por la organización.

La continuidad educativa, entre las principales preocupaciones

Uno de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con los estudiantes universitarios que cursaban sus estudios en el Centro Universitario Devoto (CUD), un espacio educativo que funciona dentro del establecimiento penitenciario.

Según el CELS, los traslados comenzaron por estudiantes universitarios sin que se garantizara previamente la continuidad de sus trayectorias educativas en el nuevo destino.

La organización remarcó que el proceso debe contemplar el derecho a la educación, el acceso a la información y la posibilidad de que las personas detenidas mantengan sus vínculos familiares.

En ese sentido, reclamó que los detenidos, sus allegados y sus equipos legales reciban información precisa sobre las fechas, las modalidades y los destinos de cada traslado.

El desafío de garantizar los derechos durante la mudanza

Mientras el Gobierno nacional y la administración porteña avanzan con el operativo para desocupar la cárcel de Devoto, los cuestionamientos planteados por el CELS ponen el foco en las condiciones en las que se desarrolla el proceso.

La reubicación de las personas detenidas requiere, además de la coordinación de las fuerzas de seguridad, garantizar el respeto de sus derechos, el contacto con sus familias y la continuidad de las actividades educativas.

El desarrollo de las próximas etapas del traslado será clave para conocer cómo se implementarán estas garantías en el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz.