Tensos cruces entre oficialismo y oposición por el proyecto de Defensa de Soberanía

En plenario, la oposición cargó contra la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que centralizará decisiones de Milei en materia de Defensa y Seguridad Interior. El oficialismo admitió que podrían aceptar modificaciones.
 
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Los cuestionamientos al proyecto de Defensa de Soberanía Nacional propuesto por los libertarios alcanzó un nuevo capítulo de tensión. La iniciativa, que lejos de acotarse a temas de Malvinas, busca securitizar la democracia bajo el argumento vago de la existencia de amenazas, fue defendido por la secretaria legal y técnica de la presidencia, María Ibarzábal Murphy. Brillaron por su ausencia en el plenario de comisiones el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti. El oficialismo se niega a partir el proyecto, y pretende aceptar modificaciones y dictaminar el 14 de octubre. Entre los cambios a incorporar, la funcionaria del Ejecutivo adelantó la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional que propone el proyecto. Desde la oposición alertan que salvo el título I del proyecto, los demás “chocan de frente con la Constitución Nacional”.

La secretaria legal y técnica de la presidencia, catalogada por el presidente Javier Milei como “el cerebro jurídico de su gestión”, se presentó en el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal, y Relaciones Exteriores y Culto para explicar el proyecto. La funcionaria, si bien despejó pocas dudas y dio mínimas certezas sobre el texto, habilitó la posibilidad de hacerle cambios al proyecto. Específicamente, Ibarzábal Murphy abrió la posibilidad de incluir una Comisión Bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad. Ocurre que una de las principales críticas al proyecto que llega desde los bloques aliados y opositores es la gran “concentración de poder” en el Consejo que crea, por lo que piden modificaciones que amplíen la partición del poder Legislativo. Además, “establecer un régimen como el RIGI es parte de la Seguridad Nacional”, señaló Ibarzábal Murphy.

Este medio pudo saber que el texto estará sujeto a varios cambios por más que pretendan darle dictaminen el próximo miércoles 14 de octubre. Desde la propia bancada de la Libertad Avanza (LLA) señalan que se abrirá una “semana de rosca” para buscar un texto que pueda satisfacer a los bloques aliados. Estas negociaciones se darán ya en medio del inicio de las discusiones sobre el presupuesto 2027.

De hecho, la bancada libertaria se reunió con los jefes de los bloques aliados para determinar cómo será el inicio y el cronograma de trabajo en torno al tratamiento de la ley de leyes, que comenzará a debatirse en comisión el próximo martes 13 de octubre. De esta reunión, según pudo saber el medio, participó Carlos Guberman, el secretario de Hacienda de la Nación, quien será el encargado de defender el proyecto, ya que no está previsto que el ministro Luis “Toto” Caputo exponga ante los diputados.

Lo cierto es que la bancada violeta, quiere ordenar la agenda parlamentaria pese a la sesión que la oposición pidió para el 15 de octubre, con el objetivo de voltear el DNU 70/23 y resguardar la Ley y de Tierras.

Ahora, la idea del oficialismo es incluir en la sesión del 21 de octubre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional junto con los dictámenes que lograron las iniciativas de educación financiera -que no resuelve la situación de morosidad de las familias- y el proyecto de Discapacidad -que recoge los pilares de la Emergencia en Discapacidad, tras el giro del gobierno por la visita del Papa León XIV-.

Para poder incluir en esa sesión el proyecto impulsado por Santiago Caputo, el oficialismo deberá nuevamente ceder ante los pedidos de los aliados. María Ibarzábal Murphy, en el plenario de Comisiones, lo dejó claro: “Si es necesario hacer ajustes, se harán”. Respecto a los puntos más polémicos del proyecto, concentrados en los títulos que van del II al VIII, la funcionaria intentó bajarle el tono a la cantidad de modificaciones en las que mete mano la iniciativa. Para la abogada los últimos capítulos del texto solo buscan “dotar al Estado nacional de las herramientas necesarias para protegerse frente a las amenazas”.

Ante esa afirmación, salió a cruzarla el diputado Matias Molle de Unión por la Patria (UXP) que cuestionó la utilización de la palabra “amenaza” por parte del gobierno, que la emplea con el objetivo de argumentar el intento de “securitizar la democracia”.

Desde UxP, también insistieron en separar el proyecto. Lo hicieron los legisladores Nicolas Totta, Santiago Cafiero, Eduardo Valdés y Agustina Propato con la intención de tratar de forma separada los primeros 40 artículos, como ya lo había propuesto el propio jefe de bloque, Germán Martínez, en la pasada reunión. Según pudo saber Página 12, no convalidan con la totalidad de lo expresado en el capítulo I, pero entienden que desde ahí se puede empezar a trabajar en una opción más seria. Desde el bloque Provincias Unidas tienen un posicionamiento similar, y ya trabajan en un despacho propio.

Ibarzabal rechazó la posible división del texto. “Todo tiene que ver con Malvinas”, no solo la primera parte del proyecto. Para la abogada, el Estado “no tiene las herramientas necesarias para defender Malvinas”. Sin embargo, reconoció que gracias a la ley 26.659, siete de once expedientes abiertos contra empresas extranjeras terminaron en sanción.