Formalizan el traslado de los detenidos de Devoto a Marcos Paz

El Gobierno nacional hizo oficial que comenzará el proceso de traslado de los más de 1500 detenidos del Penal de Devoto al nuevo complejo penitenciario construido en Marcos Paz en convenio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Lo hizo al crear un “comando unificado” específico que estará a cargo de la “mudanza gradual y progresiva” de las personas privadas de su libertad, ocho años después de la firma del convenio. Los primeros traslados estaban previstos inicialmente para el primer cuatrimestre de este año, luego se pasaron para septiembre, pero el operativo se demoró y todavía no hay fecha definida para que comiencen. En el medio, la visita del Papa León XIV a la histórica cárcel porteña hoy sobrepoblada y la puja por el futuro de un predio altamente codiciado por el negocio inmobiliario.

La creación del “comando unificado” quedó formalizada este martes con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1018/2026 del Ministerio de Seguridad, que establece que el comando en cuestión tendrán el objetivo de “preservar el orden público y garantizar las condiciones de seguridad durante el traslado de las personas privadas de la libertad desde el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al nuevo Complejo Penitenciario Federal emplazado en el partido de Marcos Paz”.

El nuevo ente, integrado por diversas fuerzas como la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, estará a cargo primero de “elaborar el plan operacional” para diseñar el traslado, con la participación de la Policía porteña y la Policía bonaerense en carácter de “invitados”. Según pudo saber Página/12, las fechas de los traslados todavía no están definidas, pero se prevén operativos escalonados para transportar por grupos a los detenidos con el objetivo de finalizarlo antes de 2027.

Fuentes del sector indicaban a principios de este año que los primeros traslados ocurrirían “en el primer cuatrimestre” de 2026. Más tarde, señalaban extraoficialmente que los primeros pasos de la mudanza se darían durante septiembre. Hasta ahora, nada de eso se concretó. Mientras tanto, los 1502 detenidos del Penal de Devoto siguen todavía alojados en condiciones de hacinamiento.

Así lo confirman los últimos datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que en el más reciente informe sobre la cuestión indicó que esa cifra representa un porcentaje de ocupación del 131 por ciento en función de la capacidad declarada para la histórica prisión de Devoto. A ese lugar irá León XIV la mañana del próximo 11 de noviembre, cuando se reunirá con un grupo de aproximadamente 300 internos.

En paralelo al anuncio del Gobierno nacional, el GCBA emitió un comunicado en el que informó que el jueves de esta semana se dará el traspaso formal del nuevo complejo, al que calificaron como “el más moderno de Argentina”. El penal, construido justo al lado del Complejo Penitenciario Federal N°II, tendrá lugar para alrededor de 2200 plazas. La idea es que la nueva prisión reciba a los 1500 detenidos de Devoto y que el espacio restante se utilice para trasladar a personas privadas de su libertad en las alcaidías y comisarías porteñas, espacios que deberían ser sólo de alojamiento transitorio pero que actualmente cuentan con más de 2200 detenidos. La PPN catalogó a ese dato como “alarmante” al señalar que “comporta el alojamiento de una enorme cantidad de personas detenidas en condiciones inhumanas”

La PPN detalla que “el problema empezó en marzo de 2020 con el inicio de la pandemia y se agravó progresivamente con el aumento del encarcelamiento, de la mano de conflictos interjurisdiccionales entre el Gobierno Nacional y el de la CABA”. “Esto ha conducido a una situación de colapso de las comisarías y alcaidías de la CABA y a una grave vulneración de los derechos de las personas allí alojadas”, continúa.

El traslado de los y las detenidas de Devoto, y de las plazas restantes, viene esperando, además, desde 2018. Ese año, todavía con Mauricio Macri en la presidencia y Horacio Rodríguez Larreta en la jefatura de Gobierno, se firmó el convenio original entre Ciudad y Nación que ponía las bases para la construcción del nuevo complejo en Marcos Paz. El objetivo, se anunció entonces, era que “en 2020 se realice el traslado final”. La construcción, sin embargo, quedó luego estancada por cinco años hasta que el GCBA retomó las obras en enero de 2025.

En la firma del primer convenio ya se anunciaba que en las tierras ubicadas entre las calles Bermúdez, Nogoyá, Desaguadero y Pedro Lozano se construiría una nueva “urbanización” con edificios en el 35 por ciento de la superficie y espacio público en el terreno restante. Pero el proyecto de rezonificación de las tierras, paso previo necesario para cualquier desarrollo en el lugar, nunca llegó a ser enviado a la Legislatura. Como paso intermedio, y a modo preventivo, el oficialismo porteño sí catalogó al lote en el Código Urbanístico como “Urbanización Futura“, una figura que se utiliza para tierras públicas que actualmente tienen otros usos, pero que están destinadas a proyectos urbanos.

La figura, sin embargo, no especifica nada de lo que se pueda llegar a construir en el terreno, para lo que se requiere normativa específica tanto de zonificación como de usos, alturas y capacidades constructivas. Una especie de limbo legal que se agrava si se tiene en cuenta que la propiedad de las tierras es de Nación, que podría decidir directamente ofrecerlas al mejor postor en la lista de ventas de bienes públicos que ya viene llevando adelante, aunque todavía existe la posibilidad de que el terreno sea cedido a Ciudad como parte de la contraprestación por la construcción de la nueva cárcel. Sea cual sea la jurisdicción que termine definiendo el futuro del lugar, primero necesitará que en la Legislatura se apruebe el proyecto que le dé normativa urbanística al espacio.