La escalada del escándalo en la Quinta Presidencial de Olivos sumó en las últimas horas nuevos capítulos ante la justicia y en la conversación pública, que terminaron por eyectar de su cargo a María Belén Agudiez. La renuncia de la ahora ex subsecretaria de Planificación General de la Presidencia —y pieza clave en el círculo más cercano de confianza de Karina Milei— se oficializó este lunes mediante el decreto 1055/2026. Fue tras el avance de una investigación penal que ya no solo apunta sobre compras millonarias irregulares, sino también un aceitado mecanismo de posible desvío de compras públicas y retornos en favor de una empresa de catering familiar, actualmente investigado.
La diputada Marcela Pagano formalizó ante la Justicia Federal dos ampliaciones de su denuncia original por malversación. La tramita el juzgado 12, que subroga Julián Ercolini. Si la primera presentación ponía la lupa sobre desvíos globales y un entramado donde convivían proveedores fantasma con facturas por 600 millones de pesos —se llegó a utilizar la identidad de un jubilado de más de 80 años, sin ingresos comprobables ni propiedades a su nombre para facturar al Estado—, los nuevos escritos judiciales aportan soporte documental sobre “la existencia de un esquema de negocios privados montado desde la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, con personal pagado por la Secretaría General de la Presidencia, en torno a un emprendimiento de catering de la familia del intendente de la residencia”. El texto acusa formalmente la comisión del delito de peculado de trabajos o servicios.
Prósperos “Pancitos Caseros”
La hipótesis principal de la denuncia penal radica en un aceitado mecanismo de desvío de insumos y alimentos premium adquiridos para la residencia presidencial, que no se condicen ni en cantidad ni en tipo de productos con el consumo habitual.
Según la presentación judicial, compras como “29 toneladas de carne vacuna y embutidos con enfoque prioritario en cortes premium, para seis meses”, que la Secretaría General de la Presidencia compraba para la quinta y Casa Rosada, no terminaban en la mesa presidencial, sino que abastecían a “Pancitos Caseros”, un emprendimiento privado de catering.
Este negocio era operado por Analía Agudiez (hermana de la funcionaria eyectada) y su pareja, Osvaldo Javier Sosa, quien llamativamente había sido designado por los Milei como intendente de la Quinta de Olivos, también eyectado tras este escándalo. La denuncia detalla que el personal civil de la residencia también era obligado a trabajar para esta firma privada. Pagano aportó pólizas de seguros de accidentes personales emitidas en marzo de 2024, donde empleados de la Casa Rosada y el propio intendente de Olivos figuran formalmente como “personal de catering” de la empresa familiar.
Una ampliación de denuncia cita el listado exacto de alimentos de la licitación: “el pliego prevé la compra de 29.505 kilogramos de carne vacuna, pollo, cerdo, achuras y pescado para seis meses: 20.370 kg para la Casa de Gobierno y 9.135 kg para la Residencia Presidencial de Olivos”. Con un detalle: “el administrador general de Olivos, Javier Osvaldo Sosa, y la Subsecretaria de Planificación General, María Belén Agudiez, eran dos de las siete personas con competencia o capacidad para decidir sobre la compra de estas casi treinta toneladas de carne”. Adjudicadas, finalmente a una firma de la esposa y hermana de dichos funcionarios.
Y otra descripción, tras el detalle del circuito de compras: “la misma dependencia que decide cuánto se pide recibe la mercadería, firma los remitos y tramita las facturas. No hay en los pliegos ningún control de consumo, de existencias ni de destino final: la Comisión de Recepción coteja que lo entregado coincida con lo pedido, no que lo pedido coincida con lo que la Residencia necesita, ni que lo entregado se consuma efectivamente en ella”.
“La hipótesis que se pone a consideración de V.S. es que los alimentos adquiridos con fondos públicos para la Residencia Presidencial de Olivos -o una parte sustancial de ellos- habrían sido derivados a ese emprendimiento privado, que los habría comercializado como propios en eventos y servicios a terceros, generando ganancias extraordinarias a una empresa familiar a costa de la administración fraudulenta del patrimonio del Estado Nacional”, dice la denuncia.
“La gran mayoría de esos alimentos ni siquiera entraba a la Quinta de Olivos, iban directo para el catering privado”, conculye Pagano.
El jubilado de los 600 millones
Como ha ocurrido en otras organizaciones de desvío de fondos –y en particular, de fondos públicos- también aquí se detectó el uso de “prestanombres” en situación de extrema vulnerabilidad social. La documentación oficial de Presidencia presentada en la denuncia refleja contrataciones por montos superiores a los 600 millones de pesos a nombre de un jubilado que reside en un barrio carenciado, no cuenta con vivienda propia ni patrimonio alguno, y habría sido inscripto falsamente como “proveedor” del Estado.
A este esquema de desvíos se le suman otras irregularidades, bajo la lupa judicial:
- La jardinería de Olivos: Adjudicada, al igual que en la Rosada, mediante procedimientos irregulares a Franco Castelli, socio comercial de la familia Agudiez.
- Contrataciones dudosas: Multiplicación de compras directas de carritos de golf marca Melex.
- Aromatiza tu vida: También aparecen sumas millonarias destinadas a aromatizantes ambientales de la marca “Saphirus”, un producto comercializado en el ámbito privado por la propia Belén Agudiez.
Aislado
Hace unos días, la Quinta Presidencial de Olivos se convirtió inexplicablemente en un búnker militarizado, luego del despido de doce trabajadores del personal civil, y la decisión de poner a cargo de la seguridad y administración de la residencia a a Casa Militar. Los despidos coincidieron con las primeras alusiones periodísticas al “Olivos Gate”.
La hipótesis que surge tras esta denuncia es que los despidos generalizados fueron para intentar tapar el despido de Sosa, justamente por este escándalo, y presentarlo como una “purga” general.
“Lo grave de todo esto es que de este modo de le entregó el control total del acceso y permanencia en Olivos a Casa Militar. Eso implica un control exacerbado de quién entra, adónde va, cuánto tiempo permanece en la residencia. Implica un control exacerbado de Milei. Es muy peligroso aislar a un presidente de esta manera, hacerlo tan dependiente por completo de los ojos de su hermana”, analiza Pagano.
Desde el domingo por la noche, cuando le exigieron su renuncia inmediata a Belén Agudiez en medio de lo que fuentes cercanas describen como una furibunda pelea entre hermanos, las redes de “Pancitos Caseros” -en las que figuraba como contacto comercial el celular de la exfuncionaria- están borradas por completo. Claro que quedan los registros que la justicia está investigando.