Presupuesto 2027: superávit, ajuste y negociación con las provincias

El Gobierno Nacional debe presentar el Presupuesto 2027 que tendrá como ejes principales el superávit fiscal, la baja de la inflación y el crecimiento económico. El Poder Ejecutivo enviará este martes 15 de septiembre al Congreso el proyecto de Ley de Leyes. La iniciativa llegará a la Cámara de Diputados con el superávit fiscal como principal bandera y con una serie de proyecciones económicas que buscarán presentar como consolidado el rumbo iniciado por la actual gestión. 

¿Qué dicen los números?

A pesar de las cifras que el Ejecutivo ponga sobre la mesa, hay datos que preocupan. Hubo un ajuste del gasto público que ya lleva tres años y para el cual, 2026 fue el periodo de mayor contracción. Según un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el gasto primario devengado de la Administración Pública Nacional cayó un 32,1% en términos reales entre enero y agosto de 2026, respecto al mismo período de 2023, previo a la asunción de Milei. La Administración Pública Nacional representa aproximadamente el 85% del gasto primario del Sector Público Nacional.

El dato permite poner en perspectiva el equilibrio de las cuentas públicas, el principal objetivo que el Gobierno reivindica como éxito de su gestión. El problema es que el superávit no aparece aislado de las decisiones sobre el gasto, sino que es el resultado de una política de fuerte contracción de las partidas estatales.

El Presupuesto 2027 será elaborado sobre la continuidad del denominado “ancla fiscal” del Gobierno. Según cifras difundidas por el Ministerio de Economía, en julio, el Sector Público Nacional registró un superávit financiero de $244.897 millones y un resultado primario positivo de $2,96 billones. A su vez, en los primeros siete meses del año acumuló un superávit financiero cercano al 0,1% del PBI y un superávit primario de alrededor del 0,9%. 

El resultado es presentado por la Casa Rosada como una muestra de que su programa económico funciona. El Presupuesto 2026, aprobado por el Congreso a fines del año pasado, estableció como condición que la Administración Nacional cerrara el ejercicio con resultado financiero equilibrado o superavitario. Además, habían predicho una inflación del 10%, pero para llegar a ese número tendría que haber habido un IPC mensual de menos de un 1%.

Sin embargo, el análisis del IARAF permite observar la otra cara de ese resultado. El instituto calcula que la caída del gasto primario de la Administración Pública Nacional equivale a una reducción de alrededor de 14 puntos porcentuales del PBI entre 2023 y 2026. La mayor parte de la contracción se produjo durante el actual Gobierno y estuvo particularmente vinculada a las transferencias a provincias y a la obra pública. Así, el debate que comenzará en el Congreso no será solamente sobre cuánto dinero podrá gastar el Ejecutivo durante 2027, sino también sobre qué Estado pretende financiar el Gobierno después de tres años de motosierra.

La obra pública de las provincias en el centro de la discusión

Uno de los principales focos de tensión será la relación con los gobernadores. La Libertad Avanza está negociando con los legisladores que representan a los gobernadores para incorporar obra pública, entre los que se encuentran proyectos viales, acueductos, plantas potabilizadoras y sistemas de saneamiento. 

Esta estrategia tiene una dimensión económica y política. Necesitan conseguir acuerdos parlamentarios para aprobar el proyecto y para las elecciones del año que viene. Se habla de obras públicas en Entre Ríos, Mendoza, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Chubut, Salta y Corrientes. El objetivo es acercar posiciones antes del debate parlamentario y conseguir respaldo para la aprobación de la “ley de leyes”. Según el informe del IARAF, durante el mandato de Milei, las transferencias a provincias y la obra pública estuvieron entre los componentes que contribuyeron a la reducción del gasto nacional. 

Sin embargo, la incorporación de una obra al Presupuesto no garantiza por sí misma su ejecución ni el financiamiento total durante 2027. De acuerdo al detalle difundido sobre las negociaciones, en algunos casos se habilitarían partidas o convenios futuros. La discusión presupuestaria tendrá entonces una doble dimensión: mientras el Gobierno busca sostener el equilibrio fiscal que convirtió en bandera de gestión, también necesita ofrecer recursos a las provincias para construir las mayorías parlamentarias que le permitan aprobar su proyecto.

En paralelo, un relevamiento reciente sobre la ejecución de la obra pública muestra el impacto de la política de ajuste. Entre las obras bajo el área de Infraestructura Económica y Social existen proyectos que directamente no cuentan con crédito vigente, incluyendo viviendas, infraestructura ferroviaria, obras sanitarias y proyectos vinculados al Hospital Garrahan.

Fuente: Nota Al Pie