El Gobierno reglamentó su nuevo Régimen Penal Juvenil y ya puede encarcelar a chicos de 14 años
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Con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Gobierno reglamentó la reforma del Régimen Penal Juvenil, que cumple con el largo deseo de la derecha de reducir a 14 años la edad de imputabilidad. “Se terminó la excusa de la edad para delinquir”, celebró la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.
La reglamentación se concretó a través del Decreto 875/2026 que designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Justicia, crea el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, el Comité Interministerial, una Mesa Federal y un Registro de Reicidencia. Los organismos creados deberán implementar las distintas penalidades habilitadas por el régimen que van desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico, pasando por la prohibición de salir del país o la prestación de servicios comunitarios.
El decreto indica que el Ministerio de Justicia velará por llevar adelante la puesta en marcha de la “articulación interinstitucional con los sistemas de salud, educativos, de seguridad y de protección de los derechos de niños, niñas, y adolescentes, y con los programas sociales, culturales y laborales existentes”.
Muy lejos de eso, el discurso oficial embanderado por la ministra Bullrich en un breve posteo publicado durante el fin de semana mostró el objetivo de propaganda punitivista: “Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás. Entró en vigencia el Régimen Penal Juvenil”, escribió. En febrero, cuando el Senado aprobó la reforma, la oposición le recordó a la ministra que la Argentina la tasa de menores de edad que participan en delitos dolosos es ínfima.
Qué dice el decreto
El decreto de reglementación designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación para que sea el encargado de celebrar convenios de colaboración y cooperación con las jurisdicciones locales, universidades, organismos públicos estatales y no estatales, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades públicas o privadas.
En ese sentido, creó el Comité Interministerial en el que participarán de forma conjunta las carteras de Seguridad, Salud y Capital Humano para coordinar, elaborar lineamientos y coordinar tareas respecto del abordaje en cuanto a las medidas socioeducativas, la salud y el abordaje del consumo problemáticos.
También se creó la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil como espacio de articulación entre el orden nacional y las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires, que deberán adherir e implementar el régimen. Además de representantes de cada provincia, la mesa estará integrada por representantes de la Corte Suprema, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.
Durante el debate legislativo, la oposición advirtió el escaso presupuesto que el Poder Ejecutivo designó para la implementación del régimen, que contemplaba la creación de nuevos cárceles para menores de edad. “En la Argentina tenemos 56 lugares de encierro para atender a los niños y niñas que han delinquido. Seis provincias no tienen absolutamente nada. ¿Quién las va a apoyar? ¿Las va a apoyar la Nación? ¿Les va a derivar los fondos, o todo va a caer de nuevo en las provincias?”, había señalado la senadora Alicia Kirchner.
El decreto también crea el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. La figura de supervisor es el personal público que estará a cargo del seguimiento, la asistencia y el control del adolescente imputado. Deberá contar con conocimientos y formación académica en alguna de las siguientes especialidades: educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social.
Por otra parte, se crea el Registro Nacional de Reincidencia para el desarrollo de intervenciones basadas en evidencia con el objetivo de reducir la reincidencia delictual.